Al que engaña en Chile con datos falsos no le pasa nada

En los países desarrollados la mentira es inaceptable en los ámbitos de la política, de los negocios y, digámoslo con claridad, en todos los espacios públicos y privados. Por el contrario, en nuestro país tercermundista esa lacra se considera una choreza y en muchos sectores hasta se promueve como sinónimo de suma habilidad para hacer buenos negocios y para conseguir propósitos que favorecen a quienes la utilizan.

Y cuando se detectan las pillerías sus autores, con caras de inocentes y blancas palomas, arguyen que se trata de “errores” cometidos por ellos sin percatarse de sus consecuencias, enfatizando con caras de santurrones que ellos siempre actúan de buena fe en su iniciativas.

La administración del Estado, incluyendo al Poder Judicial y al Ministerio Público, en muchas ocasiones despliega el mismo timorato comportamiento posiblemente para no incomodar a aquellos privilegiados que se sitúan en el 1% de la población y por ello existe tanta impunidad. Recordemos lo que sucedió con el millonario desfalco al Banco de Talca, en plena dictadura cívico-militar, episodio en que su despabilado autor, con la oportuna asistencia de una ministra de Justicia, salió libre de polvo y paja pues los magistrados de la Corte Suprema de entonces, prefiriendo la mantención de sus altos cargos, optaron por mirar para el lado emitiendo una sentencia absolutoria.

Ahora bien, la Fundación Defendamos la Ciudad, puntudo ente de la sociedad civil que promueve el respeto de la ley en los mercados de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, Transporte  y Telecomunicaciones, conoce muy bien lo que ha sucedido con un proyecto de construcción de dos edificios en altura que contempla una inversión del orden de los US$100 millones de la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, ejecutándose en un amplio terreno originado por la fusión de otros 7 más pequeños localizados en el sector de Américo Vespucio Sur, Renato Sánchez y Asturias, calles que forman parte de la Zona denominada El Golf de la comuna de Las Condes.

Para asegurase de que no tuviera trabas burocráticas la tramitación de los permisos en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, el titular del negocio contrató como arquitecto revisor independiente a un profesional que ya había ejercido ese cargo municipal y así fue como la actual funcionaria que debía verificar que los antecedentes fueran los correctos, con la ayuda del anterior, aprobó el permiso Nº 31 del 21/03/16 y enseguida le dio curso a la modificación Nº 621 del 14/11/16 del mismo, con una serie de anomalías, algunas de las cuales reseñamos.

En razón a que el proyecto, por estar situado a un costado del Monumento Histórico Casa de Asturias, debía contar con la autorización del Consejo de Monumentos Naciones (CMN) para iniciar la excavación del terreno, visación no solicitada por la inmobiliaria, motivo por el cual fue necesario que el Estadio Jurídico Dalgalarrando y Compañía exigiera el cumplimiento de la ley. Como consecuencia de ello, dicho CMN, vía oficios, le hizo notar al municipio y a la inmobiliaria en orden a que se paralizarán las faenas, lo que fue desobedecido por ambos destinatarios.

Como hecho grotesco, por lo irregular, señalamos que el Certificado de Informaciones Previas (CIP), entregado por la DOM al titular del proyecto, es de fecha posterior a la del Informe Favorable del revisor independiente y por lo tanto también postrero a la fecha en que la inmobiliaria ingresó su solicitud de permiso, con lo cual se dio la paradoja de que la revisión y la resolución del acto administrativo se produjo sin ese vital documento municipal que muestra las normas urbanísticas vigentes.

Pero lo más indecoroso es lo acontecido con la superficie del terreno, pues si éste tenía 7.500 m2 o más, el proyecto podía contemplar una mayor cantidad de m2 construidos y como no se alcanzaba ese guarismo, se cometió el “error” aceptado en los hechos por el incompetente arquitecto revisor independiente, de aumentar en pocos metros la superficie del terreno y así milagrosamente se llegó a los 7.505 m2, la que posibilitaba la rentabilidad económica esperada. Pero,  según cálculos elaborados por profesionales contratados por los vecinos y su Estudio Jurídico, la superficie era de tan solo 7.412 m2.

Oportunamente y por escrito, en un recurso de ilegalidad, los vecinos acusadores le hicieron notar esta vulgar pillería al alcalde Joaquín Lavín y como éste no les contestó, ese recurso llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago. En paralelo y como era evidente la trampa, el alcalde se vio constreñido a enviar los antecedentes al IDIEM de la UCH para que sus especialistas hicieran un estudio topográfico del terreno. En paralelo, la DOM trasladó la documentación al Seremi de Vivienda y Urbanismo solicitándole su opinión, ello mientras tanto la Contraloría General de la República estaba examinando la denuncia respectiva formulada por Defendamos la Ciudad.

Ni la Corte de Apelaciones de Santiago ni la Contraloría General de la República se han pronunciado sobre esta materia, pero sí lo hizo el IDIEM de la UCH. Este servicio universitario expresó formalmente la verdad, la que todos los incumbentes sabían de antemano, estudio que el alcalde dio a conocer en un reciente Concejo Municipal. El terreno tiene una superficie efectiva de 7.371 m2.

Ante tal revelación el alcalde, obligado por ese informe técnico que es vinculante para el municipio, ordenó la paralización de obras del proyecto, pero no le dijo a la funcionaria municipal -DOM- que había mal otorgado el permiso, que lo invalidara en los términos fijados en la Ley Nº19.880 del Procedimiento Administrativo. Por la prensa ha dicho que esperará conocer el fallo judicial, lo que no tiene mayor sentido práctico, ya que, al no tener el terreno la superficie amañada por la inmobiliaria le corresponde a la DOM dejar sin efecto el caprichoso permiso.

Si viviéramos en un país serio, esta falsificación de datos tendría duras consecuencias para los actores privados y agentes públicos intervinientes, pero en Chilito, país de la impunidad a todo evento, se argumentará que se trata solamente de una sensible equivocación no endosable a nadie.