Armas y municiones: El otro descontrol en Carabineros que detectó Contraloría

El organismo estableció que L.5, el departamento a cargo de fiscalizar internamente el uso de armas y municiones, fue la unidad de la Dilocar que recibió el menor presupuesto entre 2014 y 2016. Y cuando en 2017 pensaba hacer una revisión general del armamento, una “contingencia institucional” se los impidió. Los fiscalizadores descubrieron cajas apiladas con 2 mil chalecos antibalas inutilizables, diferencias entre el inventario y la existencia física de unas 150 mil municiones y graves desórdenes en las bodegas de armas de las unidades policiales revisadas.

En mayo de 2017 el armero de Carabineros Claudio Anríquez dio con un grave hallazgo en las bodegas de la Escuela de Formación Policial (Esfocar). Del lugar habían desaparecido, al menos, 23 revólveres, tres esposas, dos chalecos antibalas y una subametralladora UZI. Inmediatamente, la Dirección Nacional de Logística (Dilocar) de la policía uniformada realizó una segunda revisión, entre el 30 de ese mes y el 1 de junio, y corroboró lo informado previamente por Anríquez. Nadie sabía muy bien qué había pasado con el armamento, pero en manos de Carabineros ya no estaba. Sin embargo, por esos mismos días y tras un allanamiento en La Pintana, apareció la UZI en manos de un narcotraficante. Pero del resto, no se supo más.

La historia de esta pérdida de armas derivó en un sumario interno, y dos investigaciones penales: una a cargo de la Fiscalía Militar y otra a manos del Ministerio Público. Las tres indagatorias aún se mantienen abiertas, pero hay una cuarta que desarrolló reservadamente la Contraloría General de la República (CGR) sobre todo el proceso de control de armas y municiones de Carabineros en la Región Metropolitana, incluido el robo en Esfocar. Ahí se detectaron, entre otras, graves falencias en los procesos de custodia y revisión del armamento, ausencia de documentación que permita actualizar inventarios, falta de protocolos y parámetros para la asignación de armas y municiones al personal, pérdida de armamento en una segunda unidad, cajas apiladas con dos mil chalecos antibalas inutilizables, pues no resisten el impacto de un proyectil y 59 procesos de compra sin ejecutar desde 2016, comprometiendo millonarios recursos de la institución (revisa acá el informe de la CGR).

La auditoría de Contraloría estuvo enfocada especialmente en los procedimientos del año 2016 del Departamento L.5, dependiente de la Dilocar, y a cargo, en ese entonces, del comandante Alejandro Casanova. Dicho departamento reconoció ante la CGR las deficiencias, pero las justificó señalando que de toda la Dilocar, es la unidad que menos recursos presupuestarios le fueron asignados entre 2014 y 2016. Es más, agregó que en su planificación 2017 consideraba la ejecución de una auditoría en abril, pero que no pudo realizarla dada la “contingencia institucional”. Radio Bío Bío solicitó una entrevista a Carabineros para preguntar si dicha contingencia tuvo relación con el millonario fraude que se detectó al interior de la institución. También sobre las medidas implementadas para subsanar lo evidenciado por la CGR en L.5. Pero la autoridad policial accedió sólo a enviar un comunicado de carácter general, en el que se menciona la implementación de un software y de medidas que permitan solucionar los hallazgos de Contraloría (revisa acá la respuesta completa de Carabineros).

Municiones sin control

El uso de las municiones fue incluido en la revisión de la Contraloría y aparecieron serias omisiones y faltas de control. Por ejemplo, se determinó que las autorizaciones para las prácticas de tiro “son de carácter general” y no se dictan por cada actividad, lo que es contrario a la normativa y podría incidir en la pérdida de pertrechos.

“La ausencia de una visación por evento restringe la supervigilancia sobre la utilización de municiones”, criticó la auditoría.

El departamento L.5 respondió que ofició a la Dirección de Logística para que reiterara la remisión oportuna de las actas donde consta la información, pero la CGR mantuvo el reparo ya que Carabineros no aportó antecedentes que den cuenta de un cambio en el corto plazo.

Los problemas que traen aparejada la falta de fiscalización interna también salieron a la luz en el Departamento de Armamento y Municiones. La mencionada dependencia debió realizar en 2016 inspecciones técnicas a nivel nacional para controlar y evaluar las dependencias y funcionamiento de las salas de armas. Pero aquello nunca se llevó a cabo.

La policía uniformada, reconociendo la falta, señaló que recién a fines de 2017 un funcionario -previa inducción- se haría cargo de la materia, evidenciando así problemas de falta personal que se repiten durante todo el examen que hace Contraloría al Departamento L.5.

Los desordenes en el bodegaje, conteo y entrega de municiones a los funcionarios es grave. Pero la desaparición de armas lo es aún más. Entre el 14 y 15 de junio de 2017 los fiscalizadores de la Contraloría visitaron la Esfocar. Es decir, a pocos días que fuera descubierto el robo de, al menos, dos mil chalecos antibalas, tres esposas, 23 revólveres y una subametralladora UZI. Allí verificaron que no existían registros que permitieran anotar “las variaciones concernientes a las armas y municiones”, un problema extendido en toda la cadena de control de armas en la Región Metropolitana.

La subametralladora UZI, encontrada el 31 de junio de 2017 en un allanamiento en La Pintana.
La subametralladora UZI, encontrada el 31 de junio de 2017 en un allanamiento en La Pintana.

“Lo anterior fue particularmente relevante en la inspección realizada (…) donde la comisión administrativa de armamento que estaba asumiendo en funciones y que sustituyó a la vigente al momento de constatarse el faltante de inventario (…) se estaba interiorizando de la ubicación de los bienes”, dice el informe. Además, agregó un detalle: un arma había sido asignada de manera informal al suboficial Jorge Silva, de la Escuela de Conductores, “sin que quedase consignado en el acta pertinente”.

La visita a otra dependencia de Carabineros -que aparece tarjada en el informe de la CGR- arrojó la existencia de 339.397 municiones. El recuento del organismo de control detectó sólo 273.400, es decir, una diferencia de 65.997. En otra unidad, la información disponible daba cuenta de 306.361 balas. Luego de reverificar se acreditó que faltaban 119.051.

Nuevamente, la institución aseguró que arreglaría el problema a través de la implementación de un sistema informático. Pero esa respuesta no fue suficiente para Contraloría, pues mientras dicho sistema no cuente con procedimientos y protocolos anexos, no podrá cumplir con la labor de llevar un orden actualizado de las salas de armas de Carabineros.

Armas particulares para uso oficial

En cada unidad policial de Chile existe una sala de armas o pañol. Cuando un funcionario sale a la calle con una pistola, revolver, ametralladora, escopeta y sus correspondientes municiones, debe quedar registrado en un acta. Esa documentación se envía a L.5 y recién allí se ingresan los datos en un sistema informático para que exista una medición clara del uso de especies, realizando así el ajuste en el inventario lo que da lugar posteriormente a criterios de compras. Eso, al menos, en teoría, porque la Contraloría evidenció que algunas dependencias demoran más de treinta días en transferir las actas, provocando así desfases que posibilitan pérdidas o incluso robos de pertrechos.

En sus descargos administrativos, la policía respondió que para solucionar definitivamente la situación en 2018, fue contratado un ingeniero con formación en sistemas logísticos. Junto al profesional, también la institución está migrando a una plataforma informática más moderna, conocida como ERP-SAP, donde cada unidad podrá ingresar en línea el uso de armas y gasto de municiones para acotar los plazos en la entrega de información.

Sin embargo, la CGR estimó que el mero cambio del software no solucionará los problemas, porque la nueva tecnología -para ser efectiva- “debe estar dotada de instrucciones, normativas y procedimientos que aseguren que la información sea íntegra y actualizada”. Como los cambios prometidos solo verán la luz a futuro, la entidad de control resolvió mantener las observaciones.

Otro hecho establecido en la auditoría, es que Carabineros no cuenta con un registro pormenorizado del uso de armas particulares de los uniformados en procedimientos policiales. “El Departamento de Armamentos y Municiones no asigna una numeración correlativa única ni mantiene un archivo independiente de los informes técnicos que emite producto de la revisión efectuada a las armas particulares, con la finalidad de determinar si su uso es apto en las labores del servicio”, dice el informe.

La situación empeora, según los fiscalizadores, ya que Carabineros no puede identificar el tipo de armas mencionado, pues carece de una normativa interna “que exija al propietario y a su jefe directo informar al departamento (L.5)”.

Citando la Directiva de Tenencia, Cuidado y Conservación de Armas de Fuego, dictada en 1989, Carabineros reconoció que la situación es de vieja data y haciendo una reseña del contexto político de esos años, explicó que la institución ordenó que todos los oficiales portaran revólver o pistola de forma permanente. Como el armamento no alcanzaba para todos, muchos de los uniformados optaron por adquirir un arma propia, produciéndose la situación objetada.

Ahora bien, a partir del cuestionamiento que hizo el organismo, la autoridad policial resolvió que “las condiciones actuales tanto a nivel institucional como social, no justifican las prerrogativas indicadas, por lo que requerirá que la facultad sea suprimida”.

Pero Contraloría estimó, de todas formas, que al ser evidenciada la falta de control, se vulneraron los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia que los organismos del Estado deben observar sobre sus actividades. Por ello mantuvo su cuestionamiento.

Los 2 mil chalecos

Entre 2014 a 2016 se detectó que el L.5 no ejecutó 59 procesos de compras, relativos a las adquisiciones de armas, municiones y elementos de protección por más de 1.790 millones de pesos y en un ítem separado de 13 millones 219 mil dólares.

El asunto es grave según la Contraloría, ya que la práctica ralentiza la gestión y afecta “la satisfacción de la necesidad que dio origen a la compra” y el consecuente “riesgo asociado de no contar con la disponibilidad adecuada de material policial”.

El organismo fiscalizador apuntó que la dilación de estos procedimientos por parte de Carabineros tiene consecuencias negativas en su contabilidad fiscal. “El aplazamiento en la ejecución de las adquisiciones implica una eventual acumulación de fondos y/o empozamiento de los mismos, ya que estos no están siendo invertidos oportunamente en su objetivo original y tampoco pueden destinarse a sustentar otro requerimiento, toda vez que ellos fueron autorizados para fines específicos”, señala la auditoría.

Pero no solo números y desordenados contables halló la CGR en su fiscalización. En las dependencias del L.5 advirtió la existencia de 2 mil chalecos antibalas, y dos fundas de reposición, los que no estaban ingresados en el inventario. En el informe se explica que el 7 de abril de 2016, la Dirección de Logística firmó un contrato con la empresa CLK SPA para adquirir dichos elementos de protección por un valor de 770 mil dólares.

El 7 de noviembre del mismo año, la firma hizo entrega de los elementos, los que fueron sometidos a un examen de seguridad y calidad, que a juicio de Carabineros no superaron. Por esta razón fueron devueltos a la firma que de inmediato los cambió por otros. La nueva partida fue recibida el 16 de diciembre de ese mismo 2016.

Nuevamente, el Departamento de Armamento y Municiones realizó una prueba balística y tampoco resistieron, siendo objetados 10 días después.

El proveedor, dice el informe, fue notificado nuevamente y debido a los problemas reiterados, la Dilocar puso término anticipado al contrato el 10 de febrero de 2017. La firma, aseguró Carabineros en sus descargos ante la CGR, no estuvo de acuerdo con la determinación y desde hace un año no retira los productos desde las bodegas institucionales.

Respecto a la misma adquisición, la Contraloría indicó que tampoco la institución informó a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la anulación de la compra. El trámite se realiza porque al dejar de estar rotulados como pertrechos de uso militar y policial comprados por el Estado, adquieren la condición de privados y por lo tanto deben tributar como cualquier producto.

Carabineros aseguró en su respuesta que hizo lo debido para que la empresa pagara los gravámenes, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta de la DNA. Pese a lo anterior, la entidad de control mantuvo las observaciones.