Cuenta Pública de Piñera: Autorretrato de un Canalla

Cháchara interminable, plagada de lugares comunes; anuncios irrelevantes y reafirmación conservadora. Ese es el resumen de la primera cuenta pública del segundo mandato de Sebastián Piñera.


Piñera se tomó el micrófono por exactamente dos horas y 17 minutos; mucho para lo poco que dejó al análisis de lo que pretende hacer en su segunda administración.

En forma coherente con su mendacidad irreductible, habló de unidad y amistad cívica, pero aprovechó la primera tribuna del país para criticar de manera artera, descontextualizada y oportunista la gestión de su antecesora, la Presidenta Michelle Bachelet.

Esbozó el país que desea construir en los próximos cuatro años, con énfasis en el orden, la seguridad económica y la equidad social, sin molestarse en esclarecer la ruta para lograrlo, como no sea contrastarlo con el segado diagnóstico del Chile que recibió.

Las referencias al anterior gobierno ocuparon la primera parte de su intervención, lo cual constituye un marcado desacierto político,  toda vez que el debate de iniciativas legislativas se ha visto entrampado por la minoría que el Gobierno mantiene en ambas cámaras. Por cierto, ello no le impidió apelar a “grandes acuerdos para lograr el desarrollo y derrtotar la pobreza”.

Pertinaz en su visión maniquea, dividió la historia reciente del país en dos períodos en blanco y negro: “el peligro de los intentos refundacionales y la lógica de la retroexcavadora”, en obvia referencia al gobierno anterior, y “el valor del progreso y el desarrollo, que deben sustentar nuestras demandas y aspiraciones”, en referencia no menos obvia a lo que su gobierno representaría.

Entre la mentira y la post verdad

Tramposo como es, no desperdició la ocasión de refregar el lugar común del crecimiento:

“Después de una larga fase de gran dinamismo, en que Chile crecía más rápido que América Latina y el mundo, reducía con fuerza la pobreza y se transformaba en una sociedad de clase media, este progreso se vio interrumpido porque descuidamos el valor de los acuerdos y del crecimiento económico. Ello, junto al impulso de reformas como la Tributaria y Laboral, generó incertidumbre, debilitó los equilibrios macroeconómicos, frenó la innovación y el emprendimiento y redujo nuestra capacidad de crecer, crear empleos y mejorar los salarios. Además, la inversión y la productividad no dejaron de caer, la responsabilidad fiscal se debilitó y la deuda pública se duplicó”.

Como corolario de lo anterior, prosiguió con majadería:

“El resultado fue que, durante los últimos cuatro años, nuestro país creció apenas un 1,7% en promedio anual. Es decir, solo la mitad del crecimiento del mundo y menos de un tercio del 5,3% que alcanzamos en promedio durante nuestro primer mandato”.

Naturalmente, Piñera omite el precio del cobre, el fiel de la balanza, el alfa y omega del modelo neoliberal, y que a pesar de que tuvo un precio del cobre inferior al de su primer gobierno, en forma directamente proporcional a las cifras de crecimiento que mencionó, el gobierno de Michelle Bachelet superó a la primera administración de Piñera en varios reglones de la actividad económica:  inversión, obras públicas, eficiencia en el uso de los recursos, gasto social y redistribución del ingreso, entre otros.

Uno de los principales fracasos de su primer gobierno fue en seguridad pública y combate a la delincuencia, cuyos indicadores se dispararon a pesar de que la proclamó como una de sus prioridades. Por el contrario, durante ese gobierno se verificaron morrocotudos delitos de cuello y corbata, que después serían conocidos como casos Penta, SQM y Corpresca, entre otros. Acaso su único éxito en esta materia haya consistido en ocultar la adquisición de un paquete accionario de la empresa pesquera peruana Exalmar, mientras transcurría el litigio en la Corte de La Haya, que finalmente perdió Chile.

Pero ello no le impidió la siguiente impostura:

“También tuvimos retrocesos que se manifestaron en el aumento de la delincuencia, el temor y el narcotráfico. Tampoco se actuó con decisión y urgencia al conocerse las graves irregularidades en Carabineros”.

Lo mismo puede decirse del siguiente rosario:

“La salud de calidad se deterioró, con listas de espera que llegaron a totalizar cerca de dos millones de compatriotas; la calidad de la educación se estancó y la situación migratoria, simplemente, se salió de control”.

Cuando perpetra barbaridades como esas, Piñera engaña al país.

Por ejemplo, no le dice a los chilenos, quienes tampoco están muy enterados en virtud de la tiranía mediática, que el 17 de agosto de 2012, la Contraloría General de la República Contraloría emitió un informe que reveló que el fin de listas AUGE anunciado por el ministro de Salud del primer gobierno de Piñera, Jaime Mañalich, fue una maniobra comunicacional. De una auditoría practicada en seis hospitales, la Contraloría determinó que el 44,5% de ellas se resolvieron de manera administrativa:

“Se observó que de las 3.273 garantías vencidas a esa fecha, 1.455 fueron exceptuadas, equivalente al 44,45% del total de las vencidas, es decir, dando cumplimiento a las garantías GES de forma administrativa, lo que implica que los pacientes beneficiarios no recibieron las atenciones de salud garantizadas por la ley N° 19.966”.

Cabe recordar que el 23 de noviembre de 2011 unos eufóricos Piñera y Mañalich, anunciaron con pitos, confetti y serpentinas -literal-:

“Tenemos la inmensa alegría de poder decirles a los 17 millones de chilenos que les estamos cumpliendo con un compromiso, con seis mesas de anticipación”.

Luego, simula ignorar, si es que no se hace el leso -y en todo caso miente-, que el origen de las reformas a la educación del gobierno de Bachelet fueron las gigantescas manifestaciones del movimiento estudiantil de 2011 y 2012, durante su primer gobierno, en protesta contra el fracaso del modelo de educación de mercado que defiende Piñera, y que varios de sus avances significativos fueron torpedeados por el espurio Tribunal Constitucional, invocado como última trinchera por su sector político.

Cuando Piñera asocia la inmigración latinoamericana de los últimos años con una situación fuera de control, incurre en flagrantes ignorancias sobre el problema, y formula una latente amenaza.

Entre las primeras, que el flujo migratorio en referencia se ha atenido estrictamente a la legalidad vigente; que el enfoque idóneo para tratar el global y secular tema migratorio es el de derechos humanos, y que su referencia es racista, por cuanto ni él ni su sector político manifiestan oposición alguna cuanto se trata de inmigración europea, y en todo caso de raza blanca, salvo casos puntuales de inmigración políticamente correcta; esto es, opositores de diversos pelajes a gobiernos progresistas y de izquierda.

Cuando Piñera dice respecto de la inmigración, que “la casa está en orden”, lo que hace es mandar un sibilino mensaje de que el problema será abordado con arreglo a criterios de restricción, discriminación y represión.

De hecho, un anticipo de su política migratoria lo entregó el pasado 10 de abril, ocasión en que anunció varias medidas administrativas para abordar “las urgencias” en materia migratoria, pasando por encima de la Ley de Extranjería.

El decreto de Piñera apuntó a la regularización a través de la visación consular, es decir, las  visas para permanecer de forma legal en Chile se entregarán en los países de origen y elimina la posibilidad de solicitar visa temporal por motivos laborales en Chile.  Asimismo, inició el “proceso de regularización migratoria extraordinario”, que busca registrar a todos los migrantes en situación irregular en el país, y decidir caso a caso la entrega de documentación. Los que entraren al país a partir del cierre de este proceso y lo hagan por pasos inhabilitados o aquellos a quienes les caduque su visa y queden en situación irregular, serán deportados.

Un  Presidente que se permite tal tergiversación de los hechos, el ataque artero sin posibilidad de respuesta y el abuso de la institucionalidad de la república para pasar de contrabando una ideología conservadora, intolerante, elitista, soberbia y presuntuosa, no merece respeto.

Entre la irrelevancia y el autoritarismo

No muy distinto es el balance de los anuncios de Piñera.

En ellos coexisten en deprejuiciada promiscuidad, aquellos obvios, que se caen de maduros o proyectos ya en desarrollo; obras públicas necesarias con independencia del gobierno de turno; medidas asistenciales, para calafatear el fracaso del modelo, y tanteos de cuño autoritario, para ver cómo viene la mano, con silencios y omisiones en materias donde no tiene mayorías en el Congreso, o sopesa la impopularidad que atraerían, o desafían la actual ortodoxia económica, o recaen en la denominada agenda valórica progresista.

Entre los anuncios del primer caso, el término del CAE y las “reformas” a las Isapres y la previsión.

El anuncio del fin del CAE es innecesario y redundante. Basta que su sector político concurra con sus votos para aprobar el proyecto que presentó la Presidenta Bachelet el 5 de marzo pasado, que establece el reemplazo del CAE por el Crédito Estatal de Educación Superior, disponible para universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, con pago conforme a las rentas y con exclusión de la banca. Nada hay en el anuncio de Piñera que difiera de, o mejore a, dicho proyecto.

A esta altura de la cuadra, omitir referencias, cualquiera sean, a las Isapres y las AFP, constituiría una imperdonable crimen de marketing político.

Sobre las primeras Piñera se limitó a presagiar un vago avance, sin mencionar medida alguna, “hacia un sistema más solidario que permita avanzar hacia el fin de las prexistencias y discriminaciones en el acceso y costos de la salud, que afectan hoy a las mujeres y adulto mayores”; temas que, por lo demás, se vienen reiterando desde la privatización de la salud, sin que hasta ahora se haya registrado un solo cambio.

El único anuncio concreto apunta a un irrelevante Portal de Transparencia, que permitiría comparar planes y precios de las diferentes isapres; acaso con alguna utilidad en mercados competitivos, pero de ninguna manera en un sistema oligopólico, donde cinco grupos económicos controlan el 99,2% del “mercado”, y obtienen ganancias obscenas, de un 35% promedio, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica, superior a la de las Compañías de Seguros Generales (7,4%), las Compañías de Seguros de Vida (11,7%) y los Bancos (17,5%).

Ningún anuncio para controlar ese escándalo hubo en el discurso de Piñera.
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En cambio, fue pródigo en referencias a reformas al sistema público: “reforma al Sistema de Atención Primaria”, “modernización de Fonasa”, “nuevo seguro social de salud”, y “sistema de Compensación por Riesgos Sanitarios”.

El tiempo dirá qué hay detrás de esos globos sondas.

Plantear que Piñera anunció una reforma a la previsión, como hace el sistema mediático, es, por decir lo menos, una exageración.

Se limitó al lugar común de aseverar que propenderá a “lograr, de forma progresiva, que todos los chilenos tengan una jubilación digna”.

Si bien no entró al detalle, Piñera anticipó que le endosará la carga al gasto público y al bolsillo de los pensionados. En efecto, señaló que los ejes estarán en el fortalecimiento del Pilar Solidario, el establecimiento de un aporte especial a las pensiones de los más vulnerables, mujeres, mayores de edad y clase media, y la creación de incentivos para la postergación voluntaria de la edad de retiro.

Los dueños de las AFP tienen por delante cuatro años de tranquilidad, salvo que la indignación pública termine por reventar.

Entre los anuncios intrascendentes, que dejan inalteradas las bases del modelo, estuvieron el Consejo Fiscal, que no se molestó en informar para qué sirve, y la Oficina de Competitividad, Inversión y Productividad, perfectamente inútil, dadas las características monopólicas y oligopólicas del actual modelo.

En el segundo grupo pergeñado inicialmente, se cuenta el anuncio sobre la expansión del Metro, asociada al reemplazo del Transantiago, aunque también hubiera calificado fácilmente entre los de cajón.

No solo por razones de crecimiento, si no también de eficiencia, está empírica y suficientemente demostrado que la mejor inversión pública en trasporte es un sistema de ferrocarril subterráneo, porque dinamiza la inversión; es intensivo en trabajo; supera en conectividad a cualquier sistema de superficie, es rápido y relativamente económico: valoriza el territorio y estimula la actividad económica de las localidades y barrios donde llega.

Ergo, anuncios como este no necesitan grandielocuentes estadistas. Al contrario, el hecho de que un connotado militante del pragmatismo neoliberal reconozca que “el sistema establecerá al Metro como el eje estructurante del transporte público”, no es un avance menor, ni un tema de debate de escaso interés.

En el tercer caso, cabe mencionar los anuncios para mejorar insostenible situación de los menores excluidos por el modelo neoliberal, y caen las discutibles redes del SENAME.

Lo que avance Piñera en este ámbito; en rigor, cualquier gobierno, debe ser valorado, sin perjuicio de apostar sobre seguro que no apuntará a la solución elemental, estructural y definitiva; a saber, impuestos progresivos para financiar el gasto social.

En evidente guiño al conservadurismo extremo, anunció medidas de cuño autoritario, en nombre de “la convivencia entre los chilenos” y el “combate a las incivilidades”. En algunos, casos se trata de nuevas normas de control sobre el uso del espacio público; en otros, se endurecen las restricciones ya existentes .

Entre las “incivilidades” que el gobierno de Piñera combatirá “con mayor rigor, eficacia y penas más severas”, están el consumo de alcohol y drogas; las pinturas, graffitis o rayados no autorizados en inmuebles y bienes, públicos o privados, “especialmente los con valor patrimonial”; los ruidos “molestos”; vertido de basura en lugares no habilitados; daño o destrucción de mobiliario urbano e instalaciones en plazas y parques; el uso “indebido” de fuegos artificiales, comercio ambulante y venta clandestina de alcohol”.

Fácil es advertir que se trata de disposiciones que recaerán sobre sectores populares excluídos del sistema contra nada, toda vez que operar contra los efectos sin solucionar las causas, sólo conseguirá agudizar la conflictividad social, con resultados exactamente opuestos a los que se pretende lograr.

Entre la omisión y el silencio

En el discurso de Piñera, más importante que los anuncios fueron las omisiones y silencios.

Desde el punto de vista de los intereses del gran empresariado, la principal desaparecida en acción fue la  contrarreforma tributaria; lo que atribuyó a “las dificultades fiscales heredadas y la envergadura y urgencia de las reformas sociales y proyectos estructurales por hacer”.

Cabe señalar que, luego de la reforma tributaria de Bachelet, el impuesto de primera categoría a las empresas quedó con un tope de 27% para aquellos contribuyentes acogidos a lo dispuesto en la letra B) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; es decir, que tributen sobre el sistema de “renta atribuida”; o sea, renta líquida imponible; rentas  atribuidas a la empresa en su carácter de propietario, socio, comunero o accionista de otras empresas, y rentas afectas al Impuesto Global Complementario y/o Impuesto Adicional; poco más de un punto y medio porcentual por debajo de la media de los países de la OCDE (28,7%), a los que la elite chilena le gusta compararse.

Sumando los tres puntos adicionales de la reforma tributaria de 2014, la carga tributaria de Chile llega a 21,3% del PIB, 4 puntos porcentuales bajo la media de los países de la OCDE (25,5%), y muy lejos de la de aquellos países que han optado por la inversión social (Dinamarca 49%; Islandia 35%; Suecia 33%; Nueva Zelanda y Finlandia, 32%); en otras palabras, una de las más bajas del mundo.

Por contra, con un IVA de 19%, Chile tiene una de las cargas impositivas indirectas, esto es, impuestos a bienes y servicios, más elevadas del mundo, los que representan, poco poco más, poco menos, elrededor del 50% de la recaudación tributaria total.

En consecuencia, luego del calcular que no se puede bajar el ingreso fiscal, ni seguir rebajando el ingreso de las personas con un aumento de la tributación al consumo, anunció:

“He decidido mantener constante la tasa de impuesto corporativo a las empresas”.

Como moneda de cambio, aludió a una “modernización” del sistema tributario, “que no solo corregirá deficiencias de la Reforma anterior”, sino que significará un “gran avance hacia un Sistema Tributario más simple, equitativo y moderno, que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y el emprendimiento”, y ofrecerá mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, “reduciendo la inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que el sistema actual significa para muchos contribuyentes, y especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Habrá que seguir con atención la letra chica de los proyectos que despache en esa dirección, con miras a calmar la furia de los empresarios; que como cabía suponer, casi se atragantaron con los argumentos usuales, tales como una supuesta pérdida de competitividad de las empresas y el desincentivo a la inversión.

Tampoco hubo mención alguna a la descentralización, a pesar del prominente lugar que ocupó en su programa.

Habida cuenta la marea feminista que atraviesa al país, fue un error político de bulto la ausencia de todo anuncio en materia de equidad de género, y de terminar con la educación sexista. Peor aún, se permitió una de sus conocidas metidas de pata, cuando le dijo a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández: “tan linda que se ve y tan dura que es“, a lo que ésta respondió:

“Eso me lo dice porque soy mujer; ¿por qué no le dice lo mismo al presidente del Senado?. Pone en tela de juicio su propia agenda de género que presentó la semana pasada. Quedamos con la duda, ¿le creemos o no le creemos? porque esto claramente tiene que ver con el mismo tema”.

En el mismo rango del error político se sitúan las omisiones en materia de pueblos originarios, donde se dedicó a repetir los anuncios de su primer gobierno, salvo una vaga referencia al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, medida de nula aplicación práctica si no va acompañada de la autodeterminación; a la intención de “promover su cultura, cosmovisión, lenguaje y tradiciones”; a la regularización de títulos de propiedad, lo cual profundiza la política de “chilenización” y domesticación del pueblo mapuche, y a la coadministración en áreas de desarrollo indígena.

Si bien anunció un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, una nueva institucionalidad ambiental, e iniciativas para enfrentar el cambio climático, en su cuenta pública no hubo ninguna referencia que no pasara de la declamación de esas generalidades. Tampoco hubo referencias al tema de la propiedad del agua ni a las graves amenazas contaminantes que enfrentan los mares de Chile”

Probablemente las mayores elipsis en el discurso de Piñera estuvieron en el ámbito de los temas valóricos.

Mencionó en 28 ocasiones la palabra “familia”, pero el único anuncio concreto fue el cambio de nombre del Ministerio de Desarrollo Social a Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, enfoque que excluye mujeres solas que crían a sus hijos, parejas del mismo sexo y adopción homoparental.

Asismismo, dejó fuera de la Ley de Identidad de Género a los menores de 14 años, en circunstancias de que los niños y niñas transgénero son los más vulnerables.

Aparte de eso, ni una sola mención a los derechos de la comunidad LGBTI.

En el balance, un discurso tedioso y autoreferente, que anuncia más de lo mismo, preñado clichés y acusaciones canallescas.

Un autorretato de su autor.