Derechos humanos y democracia en Estados Unidos.

No puede hablar de derechos humanos y democracia un país cuyo sistema electoral es corrupto por naturaleza y tiene un gobierno de millonarios, destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos, los pobres, las minorías y los inmigrantes. Un país en el que, en las campañas electorales y los procesos políticos, no hay límites éticos, se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el racismo, la xenofobia y la mentira. En el que el dinero y los intereses corporativos son los que definen quién será electo.

En Estados Unidos, se niega el derecho al voto a centenares de miles de estadounidenses por ser pobres. En nueve Estados, no pueden votar quienes tengan facturas legales o multas judiciales por abonar. En Alabama, más de 100.000 personas con deudas fueron eliminadas de las listas de votantes en 2017.

Los medios de información son coto de élites corporativas. Un grupo extremadamente pequeño de corporaciones controla los contenidos que el público consume, mientras se anula o convierte en marginal cualquier versión u opinión discrepante.

Es una vergüenza que en el país más rico del mundo cerca de 40 millones de personas vivan en situación de pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5.3 millones en condiciones de pobreza absoluta. La vida de los “sin hogar” es miserable. En el 2016, 553 742 personas pasaban las noches a la intemperie en Estados Unidos.

El diseño y aplicación de políticas ha sido secuestrado por los llamados “intereses especiales”, es decir, el dinero corporativo. La falta de garantías de educación, salud y seguridad social, las restricciones a la sindicalización y la discriminación terrible de género son prácticas cotidianas.

Las mujeres estadounidenses son claramente discriminadas laboralmente y siguen recibiendo salarios inferiores a los de los hombres por la realización de iguales trabajos. La pobreza, salud y problemas de seguridad de los niños son preocupantes. Las personas con discapacidades sufren abusos violentos. El acoso sexual y las violaciones generalizadas motivan múltiples denuncias y protestas. Los asesinatos de personas LGTBI se incrementaron durante el 2017, en un marco de discriminación continuada contra ese colectivo en la legislación estatal y federal.

En Estados Unidos, la riqueza media de las familias blancas es siete veces superior a la riqueza media de las familias negras. Más de uno de cada cuatro hogares negros tenía un patrimonio neto de cero o negativo. La tasa de desempleo de los negros es casi el doble que la de los blancos.
El gobierno de los Estados Unidos debería responder por las 987 personas que murieron durante 2017 a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley empleando armas de fuego. Según esos datos, las personas afroamericanas, que constituyen un 13% de la población, representaron casi el 23% de las víctimas.

Existe una discriminación racial sistemática en la aplicación de la ley y en los órganos judiciales. Los infractores varones negros fueron condenados, como promedio, a penas un 19,1% más largas, que aquellos blancos infractores que se encontraban en situaciones similares.

Los crímenes de odio por motivos de raza alcanzaron un récord en los últimos años y sólo en el 2016, fue informado un total de 6.121 delitos de odio ocurridos en Estados Unidos.

Los delitos violentos han ido en aumento. El gobierno de ese país, al servicio del lobby de las armas, no ejerce un control efectivo sobre estas, lo que causó un continuo incremento de homicidios, incluso de adolescentes.

Estados Unidos debería poner fin a la separación de familias migrantes, y a la reclusión de centenares de niños, incluso en jaulas, separándolos de sus padres.

Mientras Estados Unidos le da la espalda a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, Cuba mantiene un elevado nivel de actividad y cooperación, lo que le ha granjeado el respeto en los órganos pertinentes de la Organización y entre los Estados miembros.

Estados Unidos, que fue el promotor y sostén de las sangrientas dictaduras militares en nuestra región, con la complicidad de la OEA, ha declarado la vigencia y aplicabilidad de la Doctrina Monroe como instrumento de política exterior, en total desprecio de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz.