Fiscalia francesa abre investigación contra Apple y Epson

A todos les ha pasado: baterías que duran menos tiempo del que promete el empaque; medias veladas de mujer que se dañan en la primera postura; bombillos que se funden antes de que se cumpla la vida útil prometida o impresoras cuya tinta se agota demasiado pronto.

Tradicionalmente, esos problemas obedecían a fallas de calidad o falta de información, pero desde hace algún tiempo corresponden a algo más cuestionable: la obsolescencia programada. Es tan discutible, que en Francia desde 2015 constituye un delito tipificado como el conjunto de técnicas por medio de las cuales una empresa o agente del mercado reduce deliberadamente la duración de un producto para aumentar su tasa de reemplazo. En otras palabras, para obligar a los consumidores a reponerlos con mayor frecuencia.

Los consumidores recibieron la buena noticia de que ya desde el 28 de diciembre de 2017 la Fiscalía francesa abrió una investigación penal contra la multinacional japonesa Epson y el 5 de enero otra contra la estadounidense Apple, con lo cual por primera vez se persigue a nivel mundial el delito de obsolescencia programada. Este en Francia tiene pena de cárcel hasta por dos años y una multa que puede llegar al 5 por ciento de los ingresos obtenidos en un año.

Detrás de las primeras denuncias está Halte à L’Obsolescence Programmée, (HOP), una asociación francesa de consumidores creada en 2015 –después de la aprobación de la ley contra esta práctica–, que presentó las pruebas y formuló las denuncias ante la Fiscalía.

Samuel Sauvage, presidente de HOP, asegura que la idea surgió de un grupo de profesionales jóvenes que trabajaban para el gobierno local de París en la formulación de políticas públicas, y vieron la necesidad de promover cambios en la economía y el medioambiente. “Nuestra idea era luchar contra las técnicas que buscan acortar la vida de los productos y proponer soluciones”, le dijo Sauvage a SEMANA.

Para este economista, la asociación tiene claro que no bastan las políticas públicas para proteger los derechos del consumidor, el medioambiente y evitar que se amontonen residuos de basura tecnológica. Por eso es necesario contar con el poder ciudadano para cambiar las prácticas de consumo y presionar al gobierno y a las empresas para que respeten y acojan una nueva forma de consumir. En dos años y medio ya HOP cuenta con más de 30.000 ciudadanos que comparten su causa.

Un largo camino

La decisión de instaurar las demandas contra Epson y Apple no salió del azar, explica Sauvage. Desde hace dos años los líderes de HOP comenzaron a indagar entre sus asociados por los productos que registraban daños frecuentes o cuya reparación resultaba tan costosa que era mejor comprar un producto nuevo.

La exagerada frecuencia en la recarga de cartuchos de tinta para las impresoras Epson motivó las primeras denuncias. Tras analizar miles de quejas y confrontarlas con expertos, elaboraron un informe en el que demostraban que algunos cartuchos dejaban de funcionar y bloqueaban la impresora, a pesar de que tenían todavía entre 20 por ciento y 40 por ciento de tinta. “Para nosotros esto era una estafa, un despilfarro económico y vimos elementos muy concretos para llevar esta denuncia ante la Justicia”, dice Sauvage.

Las denuncias contra Apple surgieron luego de que HOP recibió más de 6.000 quejas de consumidores porque sus equipos comenzaban a fallar o se volvían más lentos justo antes de que la compañía lanzara un nuevo teléfono. Cuenta Sauvage que obtuvieron la ‘prueba reina’ cuando un emprendedor canadiense desarrolló la aplicación Geekbench que mide el rendimiento de los dispositivos Apple.

Luego de hacer miles de pruebas, encontraron que antes del lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone, los modelos antiguos que habían descargado una actualización de iOS se volvían entre un 15 y un 50 por ciento más lentos. Con un voluminoso dosier, el 20 de diciembre demandaron a Apple por generar una alteración muy fuerte en el funcionamiento del teléfono. El material dio pie a las autoridades francesas para abrir la investigación en enero.

El presidente de HOP asegura que en diciembre Apple reconoció públicamente haber ralentizado el funcionamiento de algunos modelos, pero no por obsolescencia programada sino para preservar las baterías y ofrecieron cambiarlas a precios más bajos. Este fue un insumo adicional para HOP en su demanda contra Apple, pues según Sauvage prueba la práctica de la compañía de alterar el funcionamiento del teléfono.

Pero la asociación de consumidores franceses ha puesto la lupa en muchos otros productos. A través de su red de asociados HOP indaga por uno clave en la vida de las mujeres que trabajan en oficinas: las medias veladas, cuya vida útil a veces resulta muy corta frente al valor que se paga. También los bombillos, las baterías y algunos electrodomésticos aparecen en los expedientes de esta asociación de consumidores. Para Sauvage, si bien las empresas tienen que ser rentables, deben respetar a los consumidores y garantizar que los productos son fiables y duraderos.

Aunque las investigaciones de la Justicia francesa pueden tardar alrededor de un año, los directivos de HOP ya sienten como una victoria el que, por primera vez, se haya iniciado una investigación penal por obsolescencia programada. Ahora muchas empresas tendrán que pensarlo dos veces antes de aplicarla en el futuro.

Colombia toma medidas

Afinales de diciembre, cuando se conocieron las denuncias en Francia contra Apple, la Superintendencia de Industria y Comercio inició de oficio una indagación preliminar y pidió informes a los cuatro distribuidores de la marca en Colombia, aseguró Fidel Puentes, superintendente delegado para la Protección del Consumidor. Aunque en el país no existe el delito–como en Francia–, el Estatuto del Consumidor de 2011 ofrece amplia protección a los consumidores colombianos.A nivel mundial, Apple emitió un comunicado para reconocer que las baterías tienen un problema de envejecimiento químico y, por esta razón, las repondrá en algunos modelos. Según el superintendente delegado, esta semana las compañías iShop, Mc Center, Mac Life y Apple Colombia SAS enviaron información para asegurar que, de acuerdo con los lineamientos de la compañía en Estados Unidos, responderán a los consumidores al reponer las baterías con garantía o sin ella, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Para los modelos de iPhone 6 en adelante, los consumidores podrán comprar baterías por un valor aproximado de 100.000 pesos, frente a 290.000 pesos que cuestan normalmente.La entidad también analizará si hay lugar para investigar una posible violación de los derechos de los consumidores, mala calidad de productos, falta de idoneidad de los mismos o indebida información suministrada.Frente a otros productos que generan frecuentes quejas de los clientes –como medias veladas, bombillos o baterías–, el superintendente delegado señaló que en algunos casos se trata de problemas de calidad o de mala información, frente a los cuales el consumidor puede ejercer sus derechos. Para Puentes, resulta clave que al comprar el consumidor tenga la información de cuánto le va a durar el producto, una hora, un día o una semana. “Y si eso no se cumple, la empresa debe responderle”.

A cambiar la forma de consumir

Samuel Sauvage, presidente de HOP, habló con SEMANA sobre el futuro de las investigaciones por obsolescencia programada en Francia.

SEMANA: ¿Cuándo se conocerá el resultado de las investigaciones contra Epson y Apple?

Samuel Sauvage: Esta investigación puede durar un año porque hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia hay una denuncia y una investigación sobre el delito de obsolescencia programada.

SEMANA: ¿Qué dicen las empresas investigadas?

S.S.: No tenemos contacto directo con ellos. Pero en el caso de Apple han dicho que los nuevos programas son más potentes, que las actualizaciones necesitan más fuerza y, en consecuencia, los teléfonos se vuelven más lentos para preservar las baterías. Nosotros pensamos que esa explicación no es válida, por tres razones: uno, competidores como Samsung no tienen ese problema aunque sus baterías estén hechas de los mismos materiales; dos, si para Apple fuera importante alargar la vida de las baterías, quizás en lugar de pegarlas al teléfono podrían permitir que se sacaran para cambiarlas más fácilmente; y tercero, porque tenemos testimonios de personas que han cambiado las baterías a sus viejos teléfonos y todavía no funcionan bien.

SEMANA: ¿Creen que estas demandas podrían tener impacto mundial?

S.S.: La verdad es que por ahora Francia es el único país que tiene una ley que penaliza la obsolescencia programada. En Estados Unidos hemos visto que hay más de 40 denuncias, pero allí los consumidores alegan estafa, entonces piden una indemnización, pero se trata de casos individuales, no de una causa que represente a todos los consumidores.

SEMANA: ¿Qué esperan con estas denuncias?

S.S.: Que las empresas cambien de modelo, aunque eso es un poco idealista. Así que es probable que haya más denuncias.