Las fichas médicas que podrían terminar con los “jubilazos” de las FF.AA

El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.

Martín Espinoza C

   
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La realidad fue denunciada a mediados del año pasado por un reportaje de Informe Especial. En él se indagaba la situación de siete ex funcionarios de la institución que, en ese momento y hace décadas, recibían pensiones millonarias que superaban, por lejos, el promedio de lo que recibe un chileno común e, incluso, el tope que supone la ley para una pensión.

El bache legal decía relación con que las pensiones que recibían no eran de carácter regular, sino que eran definidas según la figura de “pensiones de invalidez de segunda clase”. La invalidez de segunda clase permite aumentar hasta un 20 por ciento de la remuneración y favorece al jubilado por el resto de su vida. Es aquella concedida a consecuencia de una enfermedad invalidante de carácter permanente y corresponde a aquella que además de imposibilitar la continuidad en el servicio, deja al individuo en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas.

Los casos que salieron a la luz, y que probablemente están lejos de ser los únicos, involucran a personas que cumplieron una variada gama de labores dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Augusto Pinochet Hiriart es uno de ellos.  Recibe, desde 1979, una pensión de 900.000 mil pesos. Jaime Torres, ex agente de la CNI condenado por la muerte de un químico de la DINA, recibe una pensión de $1.647.687 pesos. Emilio Neira, ex CNI condenado en Punta Peuco por la muerte de dos frentistas en el marco de la Operación Albania, recibe $2.605.979 pesos. Patricio Ferrer, ex CNI condenado por su participación en el asesinato de 14 personas en la Caravana de la Muerte, recibe una pensión de inutilidad que supera los $2 millones. Patricio Franjola, ex auditor general de la FACh, recibe la pensión más alta de todas, casi llegando a los $7 millones de pesos.  Patricio Ríos, ex comandante en jefe de la FACh retirado en 2002 recibe, desde ese año, una pensión que rasguña los $4 millones. Rubén Fiedler, ex oficial de ejército e integrante de la CNI que cumpliera condena por cinco años y un día, recibe $1.340.000.Todos estos casos corresponden a pensiones de invalidez y, también, a personas que actualmente viven en condiciones físicas y mentales que distan de esa condición.

Las pensiones, una vez otorgadas, no se revisan nunca más por los médicos y, por si fuera poco, pueden solicitarse hasta 10 años después del retiro por antigüedad.

Ante los cuestionamientos levantados por las injustificadas cifras entregadas a ciertos ex funcionarios en forma de pensiones, y que provienen de los bolsillos fiscales, el abogado de derechos humanos Roberto Ávila decidió presentar, dos días después de emitido el material audiovisual (25 de julio 2017), una querella criminal en contra de los mencionados, como este medio pudo verificar en el portal de causas en el Poder Judicial.

Una vez admitida la querella por el Tribunal del 7°Juzgado de Garantía, la jueza Marcia Figueroa  dictaminó remitir  la investigación al Ministerio Público que, a través de la Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, María  Boccanegra, solicitó la revisión de las fichas clínicas de siete de los acusados por el reportaje de Televisión Nacional con el objetivo de revisar sus condiciones de salud y, así, evaluar la continuidad de la entrega de las ostentosas jubilaciones: “Vengo en solicitar que de manera especial y extraordinaria, el tribunal autorice la obtención de los antecedentes clínicos que se indican respecto de Augusto Osvaldo Pinochet, Emilio Enrique Neira, Patricio Gerardo Ferrer, Jaime Fernando Torres, Rubén Agustín Fiedler y Patricia Rivera, los cuales se encuentran en el Hospital Militar de Santiago”.

Con los  antecedentes, se da inicio a la investigación por el  “delito de Fraude de Subvenciones previsto y sancionado en el artículo 470 n° 8 del Código Penal, despachándose Orden de investigar a Brigada investigadora de delitos Funcionarios y diversos requerimientos de información a Subsecretaría para las FF.AA, Gendarmería de Chile, Ejército de Chile, Fuerza Aérea de Chile, y Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.

Este 27 de febrero, la jueza Carolina Mella Toledo,  del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, declaró a través de un comunicado que “Se autoriza la entrega de las fichas clínicas de los imputados, antecedentes y exámenes médicos que digan relación con la tramitación de las pensiones de invalidez de que son beneficiarios”. La acción contempla a seis de los siete incluidos en la querella.

En manos de la Fiscalía está determinar la formalización de la causa. Mientras tanto, la investigación prosigue su curso de manera desformalizada, por lo que aún no se baraja la solicitud de medidas cautelares para los acusados. Por esa misma razón también, la investigación aún no maneja plazos definidos. La ley de presupuesto de 2016 destinó para pensiones de Capredena y Dipreca cerca de $2.300.000 millones de dólares. La tarea ahora es determinar qué porcentaje de esa cifra corresponde a pensiones justificadas y cuáles, como se evidenció en el reportaje de TVN, generan un perjuicio fiscal que no corresponde.