Piñera y la derecha transforman a Chile en país bananero

Parece que nuestro querido Chile definitivamente se fue a la ‘B’… a jugar en los potreros, política y socialmente, claro, aunque la frase correcta debería ser: “la derecha, Sebastián Piñera y algunas de las ‘instituciones que funcionan’, llevan a Chile al descalabro político”.

Pese a no tener un clima tropical, a nuestro país lo han transformado en una especie de nación bananera en la que los dueños de los medios de producción, de la banca, las finanzas y la prensa, hacen lo que les da la regalada gana, saltándose leyes, reglamentos y moralidad sin siquiera ruborizarse; y lo que es aún más grave, tampoco preocuparse por las consecuencias de su actuar.

Transcurridos algo más de dos meses desde el día que la derecha tomó el control del país, es válido preguntarse en qué parte de este corto recorrido el extremismo impuso sus términos en el bloque oficialista y logró hacerse cargo de la conducción de la nación.

Desde mediados del mes de marzo del 2018, la derecha viene experimentando un dramático cambio en sus relaciones con la sociedad. La soberbia, la bravuconería y las amenazas contra quienes opinan distinto a ella, son actitudes habituales que cualquier persona puede encontrar en las redes sociales y en la calle.

Ello no tendría mayor relevancia si estuviese circunscrito a simples navegantes de la red, o a electores comunes, pero el asunto es más delicado pues son varias las autoridades del actual gobierno que también forman parte de esta extraña arremetida cuyo objetivo no está aún del todo claro.  Se sabe que la soberbia nunca ha sido buena consejera, pero ese pensamiento no forma parte del quehacer rutinario de muchos derechistas, ya que ellos creen que el 54,5% que obtuvo Piñera en la segunda vuelta electoral les autoriza a voltear el país en exclusivo beneficio de sus particulares intereses.

Siempre es sano recordar que en la segunda vuelta electoral, donde Piñera obtuvo ese 54,5% de los sufragios, votó solamente el 48,4% del total del padrón electoral (51% de abstención), lo que permite suponer que el actual Presidente de la República obtuvo, en realidad, sólo el 26% del total posible de sufragios. No es una cifra que faculte tanto engreimiento.

Ni es tampoco un caudal tan voluminoso que graciosamente permita al primer mandatario saltarse las leyes y abrir las puertas del gobierno al nepotismo, o al familisterio interesado, ya que ha llevado a trabajar en funciones públicas  no sólo a su primo Andrés Chadwick, sino también al hijo de este, quien no está trabajando solo en La Moneda, pues su esposa, la periodista Josefa Solar Larraín, también arribó al Palacio de Toesca, primero como coordinadora de redes sociales del cambio de mando, cargo por el que ganó $2.777.778; y luego,  como “Asesora de la Dirección del Área Digital del Gabinete Presidencial”, cargo que le reporta una remuneración de $4.000.000 mensuales.

No se asfixia allí el nepotismo, pues aterrizaron también en cargos públicos algunos familiares del senador Juan Antonio Coloma. El 12 de marzo pasado su hijo Jaime Coloma Álamos ingresó como asesor en el estratégico ministerio del Interior, a la vez que su esposa (obviamente, nuera del senador) Francisca Hoffmann, hermana de la diputada UDI María José Hoffmann,  también tiene un puesto en otro ministerio, la Segegob.

Y para ponerle una guinda a este pastel, Sebastián Piñera, burlándose de leyes y reglamentos que él parece interpretar de acuerdo a sus intereses, designó como embajador de Chile en Argentina a su hermano Pablo Piñera Echenique.

A este respecto, mucha prensa y mucha gente ha salido al paso reclamando airadamente por tales designaciones, en especial la del hermano. Un ejemplo de ello es lo que publica el diario digital ‘Fortín Mapocho’ denunciando que  ese nombramiento es una movida de Piñera para cautelar sus negocios allende los Andes, lo cual fue ratificado por CIPER Chile con un trabajo de investigación periodística que entregó detalles y documentos oficiales del negocio en Argentina, el que le reportó a Sebastián Piñera un millón doscientos mil dólares en tres años, negocio en el cual su hermano Pablo juega un rol fundamental, ya que lo representa en el sillón de los accionistas de esa empresa. Pareciera que esa es la madre del cordero en este intríngulis, pues si la familia trabaja unida, permanece unida, reza el refrán (hay otra versión del mismo refrán que prefiero no transcribir).

El Contralor –Jorge Bermúdez- ha sido convocado a emitir un dictamen  (no un simple pronunciamiento) en este delicado asunto, respecto del cual el presidente Piñera entregó a la prensa un documento en el que indica: “Como es de conocimiento público, algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento  ante la Contraloría General de la República respecto de este nombramiento. En consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento”.

¿Y qué ocurriría si el Contralor, cediendo a las presiones que en este momento deben estar ejerciendo desde la Moneda, termina “aprobando” el nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Argentina? ¿Se acaba entonces la prohibición de contrataciones a familiares en la administración pública? ¿O ello será permitido sólo a esta administración y en cargos de relevancia nacional? Lo bananero se emparenta con lo dictatorial, y nos acercamos a ello.

Pero hay más. Como un chorro de agua helada cayeron sobre los profesionales de la Justicia las opiniones expresadas por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en su reciente cuenta pública, mismas que reiteró posteriormente en una entrevista concedida a una importante radioemisora capitalina, afirmando que “un sistema democrático tiene que actuar para que la ciudadanía esté representada. Mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia”. Léalo de nuevo, si no creyó en lo que ha leído. Lo dijo el Fiscal Nacional con un desparpajo que atraganta la respuesta.

De inmediato, en una entrevista con CNN Chile, el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo aprovechó de referirse a la cuenta pública del fiscal nacional, quien había advertido a los fiscales sobre los personalismos y pidió no afectar otros poderes de la República, lo cual claramente fue interpretado como una sepultura a todos los casos judiciales que involucran a miembros del Parlamento.

Dijo Gajardo: “Lo que ha hecho el fiscal nacional en su cuenta pública es reconocer que eso es así, reconocer que hay dos sistemas de justicia, uno para el ciudadano de a pie y uno especial para personas que, en su palabra, han sido elegidas por votación popular porque eso puede afectar sus quórum, etcétera. Eso es de la máxima gravedad”. Y dio un par de ejemplos. Rescatamos este:

El abogado cuestionó que para Abbott sean más graves las filtraciones de distintas causas que los delitos tributarios y el posible cohecho en la ley del royalty, redactada en SQM, y que llegó textual al correo del ex ministro Pablo Longueira. Gajardo recuerda que cuando le manifiesta la existencia del correo a Abbott le dijo que “había antecedentes de un delito de cohecho”.  La respuesta de Abbott fue que “le parecía que las filtraciones (a la prensa) eran más graves y que esos hechos no eran necesariamente constitutivos de delitos”, y culmina Carlos Gajardo su comentario con esta lapidaria frase: “La primera medida que tomó el fiscal nacional fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mí de la causa SQM”.

En tanto, otro fiscal, Pablo Norambuena Arizábalos, en su cuenta de twitter, señalaba: “Es necesario en la Fiscalía un liderazgo que defienda la igualdad ante la ley y no ceda la autonomía constitucional. En Chile los que ejercen la actividad política no pueden tener un trato privilegiado”.

Queda claro que el Fiscal Nacional, ha demarcado el terreno en que se moverá el Ministerio Público de ahora en adelante. Para la ciudadanía, y para la sociedad civil, no es halagüeño este asunto porque tampoco es respetuoso de la democracia ya que no se asegura igualdad ante la ley. Por el contrario, las palabras de Jorge Abbott desprestigian y aherrojan al Ministerio Público, atándolo a los intereses particulares de algunos privilegiados chilenos: los parlamentarios, ciertos mega empresarios (como Ponce Lerou) y las autoridades políticas en general.

¿Y el mundillo político de las cien cofradías que pululan en el Parlamento y en las tiendas partidistas, qué ha dicho, qué hará?  ¿Callar y aceptar? ¿Formará parte coadyuvante de la arremetida totalitaria que Piñera y sus poderosas redes realizan contra la nación?

Chile vive un momento coyuntural en esta eterna transición hacia nadie sabe dónde, ya que el 26% del electorado  parece haber entregado al actual mandatario un visto bueno a objeto que realice lo que le convenga al mundo empresarial y a los familiares de quienes conforman hoy el gabinete ministerial y comisiones parlamentarias, repartiéndose el país cual se fuera un botín de guerra capturado por corsarios y bucaneros.

 

ESCRITO POR ARTURO ALEJANDRO MUÑOZ