Roba el grande y roba el chico; roba el paco y el milico

En caída libre. Así va deslizándose -cuesta abajo- el otrora histórico prestigio internacional de la policía uniformada chilena. Cada día, con mayor fuerza, la comunidad nacional pierde confianza en Carabineros, institución que es considerada parte activa de la “cultura del robo”, esa misma que parlamentarios y autoridades políticas han oxigenado y nutrido durante años con particular empeño y directa participación.

“Ladrones, coimeros, corruptos, borrachos, abusadores y violentos. Así son los gloriosos carabineros de Chile”, escribió en su cuenta la conocida tuitera @colomba_roja, obteniendo inmediato apoyo de otros cibernautas que agregaban ‘virtudes’ a la nómina de colomba, como “bolseros, ignorantes, cobardes (frente a la delincuencia), prepotentes, ‘barsúos’ (sic), clasistas, xenófobos, homofóbicos”, etc.

Más allá de esos epítetos y opiniones subjetivas, lo concreto es que el reciente montaje policial en la ‘Operación Huracán’, acusado por el Jefe de Alta Complejidad en la zona de la Araucanía, Luis Arroyo,  no sólo es vergonzoso, sino peligroso. ¿Cuántas operaciones o maniobras de este tipo ha realizado Carabineros con el visto bueno de la Dirección de Inteligencia y/o del Ministerio del Interior? ¿Cuántas otras hay en curso?

¿Alguien considera que es un exceso, un desatino, pensar que tamaña cuestión pueda ocurrir en la realidad, en ‘nuestra’ realidad? Respecto de este punto, imposible es no recordar lo acontecido durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera, cuando su ministro del interior -Rodrigo Hinzpeter- se asoció con el inefable fiscal Alejandro Peña y comenzó a señalar con dedo acusador a cuanto chileno -que ambos consideraban “sospechoso”- cruzaba frente a ellos. Entre esas víctimas un ciudadano pakistaní cayó en las manos de aquel parcito que lo responsabilizó de un atentado explosivo. Los tribunales determinaron la inocencia del acusado, pero no hubo una secuela de ello, ya que la Justicia declinó avanzar en la investigación del montaje. Mal que mal, esa investigación podría haber determinado responsabilidades penales del ministro del interior, de un importante fiscal y, tal vez, del mismísimo presidente de la república.

En el asunto que convoca a esta nota, durante mucho tiempo la autoridad policial argumentó que los robos y desmanes cometidos por sus funcionarios eran “casos aislados”, y que la institución seguía siendo sólida, honesta y defensora de la ley. Lo mismo aseguraban las variopintas cofradías políticas y la prensa oficial.

El periodista e investigador Patricio Mery fue quizás uno de los primeros profesionales de la prensa en sacar a la luz pública algunos graves ilícitos cometidos por determinadas autoridades superiores de la policía uniformada. El establishment se le vino encima, fue llevado a tribunales y pasó momentos tan amargos que finalmente decidió viajar a Ecuador y radicarse en el país del Guayas., donde trabaja en lo suyo y con pleno éxito.

La sumatoria de delitos y corruptelas en las que han estado involucrados funcionarios de esa institución policial, terminaron dándole plenamente la razón a Mery. El generalato de Carabineros de Chile ya no es capaz de seguir ocultando y justificando  el doloso quehacer de muchos de sus subordinados. Ya no son simples “casos aislados”, pues tiende a constituirse en la generalidad.

En sectores académicos, así como en pasillos periodísticos, circula un pensamiento que cobra cuerpo a fuerza de realidad cotidiana. Carabineros se transformó en una institución que no obedece al poder político, una institución que se manda sola y actúa en consecuencia. La prensa ha sido testigo del trato desdeñoso que algunos suboficiales de la policía uniformada dan a parlamentarios en ocasiones de enfrentamientos violentos con manifestantes que marchan reclamando el cumplimiento de ciertos acuerdos. “Anda a exigir tus derechos humanos a otra parte”, le espetó un cabo de carabineros de la sección Fuerzas Especiales a la diputada Camila Vallejo. Eso fue suave, considerando que a otros parlamentarios les han provocado heridas y contusiones mediante lumazos a destajo.

Pero, más allá del comportamiento desquiciado y violento de los muchachos de verde ante las manifestaciones de trabajadores y estudiantes, es necesario destacar la delictual labor realizada por una parte de la oficialidad del cuerpo de Carabineros. El “Pacogate” (cuyo monto del fraude alcanza los 26 mil millones de pesos) es una vergüenza nacional que supera cualquier intento, blandengue o duro, de defensa corporativa. La protección cruzada entre el generalato policial y La Moneda es innegable. Dos generales son responsables de la inacción ante el robo en descampado cometido por muchos oficiales… y esos dos generales no han sido llamados a retiro por la actual presidenta de la república. Extraña y sospechosamente, ambos, alguna vez, fueron edecanes de la primera mandataria. Una mano lava a la otra, y ambas lavan la cara. ¿Esa es la máxima en el establishment?

Carabineros no es la única institución ‘uniformada’ que resulta ser absorbida por la corrupción, ya que el Ejército también es partícipe en estos procedimientos delictuales. Para el conocimiento público el ‘Milicogate’ se adelantó al ‘Pacogate’. Según registra Wikipedia Milicogate es un caso de corrupción, desviación de fondos de la Ley Reservada del Cobre  y fraude en Chile, dado a conocer por el diario The Clinic en 2015, en una serie de reportajes firmados por el periodista Mauricio Weibel Barahona. ​ Entre los militares involucrados se encuentran el ex Comandante en jefe del Ejército de Chile Juan Miguel Fuente-Alba y los generales en retiro Héctor Ureta y Antonio Cordero.

Informaba The Clinic en agosto del 2015: “Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones (de pesos) en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”.

Fueron millones de dólares los que desparecieron de los fondos de la ley reservada del cobre mediante operaciones fraudulentas, pero finalmente la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el año 2016, dictaminó que el caso siguiera siendo procesado en la justicia militar, con lo cual prácticamente se le echa tierra por toneladas y la sociedad chilena queda fuera de todo conocimiento e información veraz  al respecto,

Roba el grande, roba el chico; roba el paco y el milico. Eso suena cual verso desencantado en muchos sectores de la sociedad chilena que ya se ha acostumbrado a observar cómo campea la corrupción y el delito en el país.

Si los montos delinquidos por el Milicogate y el Pacogate llaman la atención, duele imaginar cuál es el guarismo en dólares, pesos o euros, embolsicados por muchos parlamentarios que reciben ’aportes’ de mega empresas por legislaciones que las favorecen, aún en detrimento evidente de la gente y del país en general. Los casos conocidos como MOPGATE, Penta, Soquimich, Corpesca, etc., avalan lo dicho.

Y esos mismos parlamentarios son quienes aprueban leyes en beneficio de otros delincuentes de alto vuelo, incluyendo las sospechosamente blandengues legislaciones contra la delincuencia común, esa del portonazo, el cogoteo, el lanzazo y la invasión violenta a domicilios, con lo cual se tira por la borda el derecho y defensa de la intimidad familiar. ¿Defensa corporativa entre socios de la misma empresa?

Obvio… una mano lava a la otra, y ambas lavan la cara. Casi me olvido de la máxima aquella que representa a nuestro poder legislativo y a nuestras instituciones uniformadas.