SII 01

El martes, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delitos tributarios en contra de 30 personas que habrían facilitado facturas y boletas por servicios no prestados que encubrieron aportes a campañas políticas.

En el mismo documento que respalda la decisión de ir, por ejemplo, tras la asesora de Fulvio Rossi, Mariela Molina, o el hijo del diputado Roberto León, el SII incluyó justificaciones para el “perdonazo” a una serie de contribuyentes por criterios como “la baja cantidad de documentos emitidos”, su “exiguo monto” o la prescripción. En un caso en particular, el SII simplemente aceptó que los trabajos habían sido realizados, pese a que los antecedentes recabados por el mismo organismo dan cuenta de que ello no es así.

Es lo que ocurrió con Sur Consultores, que en el año 2013 facturó un total de $ 20 por un supuesto “estudio de seguimiento del Convenio 169 de la OIT y conflictos socio ambientales con pueblos originarios”, el organismo fiscal, no entregó razón alguna. Más aún, marginó a la compañía pese a que en la querella se consigna que está empresa está involucrada en delitos tributarios con SQM.

“Las facturas dan cuenta de servicios que son ajenos a la actividad comercial que desarrolla la sociedad receptora de los documentos tributarios, circunstancia a partir de la cual resulta posible concluir que los representantes legales de la Sociedad Química y Minera de Chile cometieron el delito previsto y sancionado en el artículo 97, Número 4, Inciso Primero del Código Tributario”, consigna el documento que precisa que además SQM rectificó el gasto.

La situación es a lo menos extraña. El miércoles 29 de abril del año 2015, Pauline de Vidts, vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de Soquimich, declaró ante la fiscal Carmen Gloria Segura, que no tenía constancia respecto de los informes de Sur.

Vids aseveró que “la temática de estas facturas es de mi área, sin embargo yo no conozco la empresa ni contraté este servicio (…) Patricio Contesse nunca me dijo que había contratado este servicio ni me mostró el informe, y no puedo tener una opinión del precio (…) Nunca he contratado estos servicios, ya que no he estimado necesario externalizarlos, ya que tenemos capacidad interna para desarrollar estos temas en la gerencia de sustentabilidad”.

Según consta en el expediente, la gestión en la época entre Sur Consultores y SQM la realizó el actual presidente de la Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña, quien en 2013 era consejero de la organización y que siempre ha estado ligado a la Nueva Mayoría.

Pese a todos los antecedentes, el SII decidió que Sur Consultores debía ser excluida de la querella.

La misma suerte corrió Kybalion Consultores Limitada. Esta firma entre los meses de marzo y mayo de 2012 emitió dos facturas a SQM por un monto total de 22 millones. Esta sociedad, está ligada al ex embajador de Chile en Paraguay, el PPD Alejandro Bahamondes. Según la acción legal, la responsabilidad penal se encuentra extinguida de conformidad a lo establecido en el artículo 94 del Código Penal cuando recibieron los antecedentes en el SII. Pero también se reconoce que el contribuyente no logró acreditar satisfactoriamente “la efectiva prestación de los servicios
circunstancia a partir de la cual resulta posible concluir la perpetración del delito 97 N°4 inciso primero del Código Tributario.

Cuando Bahamondes presentó su renuncia debido a la investigación explicó que: “He guardado riguroso y respetuoso silencio, teniendo claro que jurídicamente no se condicen con la verdad”. En el momento en que lo dijo, su hijo seguía trabajando para SQM.

En la ocasión argumentó también que su decisión obedecía a “la ola de rumores y trascendidos” relacionados con la investigación de financiamiento irregular de la política por parte de Soquimich y que buscaba “velar por la tranquilidad de mi familia tan injustamente tratada, e igualmente por mi salud que se ha visto afectada por todo lo sucedido”.

Sin embargo, tal como lo publicó The Clinic Online, la relación del exembajador PPD con SQM no se limitó sólo a los montos que se conocen. El vínculo de Bahamondes con Contesse era estrecho al punto que le entregaba información estratégica de negocios a la que tuvo acceso como diplomático.

En uno de ellos, donde decía “Saludos desde Asunción”, desde su casilla privada de Kybalion, le decía: “Retomo nuestra última conversación, utilizando mi correo personal no oficial, para expresarte que en reuniones sostenidas con entidades empresariales, una de ellas me ha señalado, ante mi pregunta de cómo estaban en las tecnologías utilizadas en la producción de granos (soya, arroz, maíz, etc) sea en fertilizantes y sistemas de riego, en atención a que Chile posee ventajas que le permiten competir en este mercado; se me señaló que en cuanto a riego tiene un alto para la producción y si nuestro país está en condiciones de competir, sería un nicho interesante. A esto, agrego yo que el Gobierno del Presidente Cartes destinará recursos para mejorar los sistemas de riego”.

En la querella del SII tampoco figuran los hijos del senador y expresidente de la DC, Jorge Pizarro. Los hermanos Pizarro Cristi aparecieron por primera vez en el caso en la lista de contribuyentes que emitieron facturas falsas a través de su empresa Ventus Consultores S.A. a Soquimich en la denuncia que presentó el año pasado el propio SII.

Ventus facturó 45 millones de peso y en su momento Sebastián Pizarro explicó al SII que se había reunido con el exgerente general Patricio Contesse, a quien le ofreció asesorías comunicacionales que comprendían dos aspectos: Análisis de coyuntura económica y análisis político. Pizarro añadió que Contesse se mostró interesado. Y que había llegado a la empresa por recomendación de Marcelo Rozas, otro de los involucrados en el caso junto a su esposa Michelle Reymond. Pizarro explicó que las asesorías de Ventus habían sido verbales.

BAJOS MONTOS Y PRESCRIPCIÓN

En todos los casos mencionados en la querella, tanto los que fueron considerados meritorios de querella como los que fueron descartados, se corroboró la existencia de delitos tributarios.

En algunas situaciones se consideró que los montos eran muy bajos para emprender acciones legales. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el exsecretario Rodolfo Baier, quien emitió una boleta a favor de la minera por $6,5 millones, destinados a la campaña de su colega en el PRSD, Alejandro Sule.

En agosto de 2015, al ser consultado por El Mercurio, Baier dijo que fue “demasiado crédulo”.

Otro favorecido con esta categoría es Carlos Descalzi Contreras, que también giró boletas a favor de Sule por $ 10 millones y la empresa Asesorías y Cobranzas Integradas Limitada, que emitió una boleta por $5 millones en junio de 2013, es decir en plena campaña presidencial, cuyo detalle señalaba: “asesoría en revisión juicios civiles”.

En la página 68 de la querella interpuesta el martes, el SII agregó también a otras seis sociedades que no serán perseguidas penalmente, debido a que les favorece la prescripción de los delitos.

Quizás la más importante de todas es Renta, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada de propiedad de Pedro Yaconi, quien actuó como recaudador de platas para la campaña de Eduardo Frei en 2009, tal como lo reveló el operador Giorgio Martelli a la fiscalía.

La firma emitió una boleta por 30 millones que estuvieron en están en el ojo de la fiscalía, ya que fueron rectificados por SQM, es decir, reconocieron ante el SII que no tenía cómo justificar los supuestos servicios.

Básicamente el SII argumenta -invocando el Código Penal- que los hechos referidos a la anterior sociedad ya estaban prescritos cuando la fiscalía se los envió en 2015.

Lo mismo estima el SII sucede con Asesorías e Inversiones Lima Limitada, perteneciente a la lobbista Cristina Bitar, quien emitió facturas por $185 millones a la minera no metálica.

Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, sigue la misma senda de la prescripción con una factura de $ 58 millones girada también a SQM por “servicios de asesoría estratégica”.