Acuerdo entre Corfo y SQM: El Tercer Tropezón con la Misma Piedra

Spread the love

por Francisco Herreros.

Sin aprender un ardite de las tristes experiencias el salitre y el cobre, Chile dió un paso decisivo para ceder al capital privado el control, la administración y el disfrute del tercero de sus recursos estratégicos para el desarrollo: el litio.


Eso es lo que en la práctica sucede con el acuerdo protocolizado el 17 de enero, entre Corfo y SQM, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que no sólo impide recuperar lo desfalcado por SQM durante la administración de Julio Ponce Lerou, sino que triplica la cuota de extracción de litio del Salar de Atacama, sin estudio de impacto ambiental que lo respalde.

Cabe recordar que la disputa contractual se inició en 2014, por manifiestos incumplimientos de contrato, impuestos no pagados y faltas “graves” y “gravísimas” al cumplimiento aedioambiental y derechos de agua.

Peor aún, el acuerdo implica la renuncia explícita del Estado de Chile a desarrollar una Política Nacional del Litio, como la que anunció la Presidenta Bachelet en diciembre de 2016, que implicaba, en primer término, la inconcesibilidad de los yacimientos de litio, y la creación de una Empresa Nacional del Litio, encargada de su producción y comercialización.

Así como el de 16 de julio de 1971, fecha de la nacionalización del cobre, es conmemorada como el día de nuestra segunda independencia, el 17 de enero de 1918 entrará en la historia como el día de la infamante renuncia de Chile a una palanca de desarrollo que en corto tiempo adquirirá tanta importancia como el cobre, a cambio de poco más que unos denarios de plata, y la ovación de la derecha y el gran empresariado.

Aunque el nombre de Eduardo Bitrán, Vicepreside ejecutivo de Corfo, encabezará la lista de la infamia, también figurarán en ella los integrantes del Consejo Directivo de Corfo, empezando por el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi.

Acuerdo espurio

Tras más de cuatro años de iniciado un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, CAM, los representantes de Corfo y SQM llegaron  a un acuerdo que pone fin a la disputa por discrepancias en los contratos de arrendamiento y proyectos relacionados a la explotación de mineral de litio desde el Salar de Atacama.

En la reunión, realizada el 17 de enero, participaron el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran; y el árbitro Héctor Humeres, además de asesores de las partes.

“Pudimos llegar a esta fecha con todo resuelto y delante del árbitro y la notaria pudimos establecer un acuerdo a este largo litigio e cuatro años”, se jactó Bitrán.

Entre los acuerdos está la salida de Julio Ponce, el máximo accionista de la empresa, y el término del pacto de actuación conjunta con Kowa.

A cambio, el acuerdo faculta el aumento de la cuota de extracción de litio hasta 349.553 toneladas de litio metálico al año hasta 2030, lo cual triplica la cantidad pactada en el acuerdo original , de 180 mil toneladas anuales.

Una de las justificaciones enarboladas por Bitrán consiste en que para llegar a esa cuota de extracción, SQM tiene que hacer inversiones por cerca de US$ 1.000 millones.

El acuerdo incluye la opción de explotación del salar de Maricunga, donde Codelco tiene pertenencias. En virtud de él, Corfo podrá requerir a SQM la evaluación de un proyecto de explotación en sociedad con Codelco. O sea, los privatizadores no dan una puntada sin hilo.

Para mayores garantías, el contrato establece que si SQM pierde la explotación del salar al final del contrato, en 2030, se deberán compensar las inversiones que haga SQM para alcanzar su punto máximo de extracción.

El fin de la disputa tiene un precio para SQM: tendrá que pagar por única vez la suma de US$ 17,5 millones, más intereses. Eso es lo que el Estado recuperará del saqueo de Ponce Lerou.

A eso se reduce el precio que deberá pagar SQM por su maquinaria de corromper políticos.

A la salida del encuentro, Bitrán desgranó el acostumbrado rosario de justificaciones. Entre ellas, que el acuerdo significará “recursos adicionales para el Estado, la región y la comunidad por US$ 8300 millones entre 2018 y 2030”.

Además, que SQM deberá cumplir con nuevos requisitos, entre ellos, “el cambio de la estructura del gobierno corporativo, que otorgará garantías permanentes de pleno cumplimiento de lo acordado y desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE”.

Además se pretende subir canon de arrendamiento para igualarlo con el contrato de Albermale.

Otros aspectos mencionados por Bitrán son “el respeto a los derechos y protecciones para Corfo como propietario del Salar de Atacama; el más alto estándar de vigilancia de cumplimiento de contratos y normas ambientales; aportar recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales; aportes significativos a investigación y desarrollo; opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile destinados a agregar valor al litio y no se modifica la fecha del  contrato vigente hasta el  año 2030”.

El señor Bitrán podrá decir lo que quiera; total, hablar es gratis. Pero lo que no dice, y nunca reconocerá, es que el aspecto de fondo del acuerdo entre Corfo y SQM implica una opción política que no sólo atropella la Política Nacional del Litio anunciada por la Presidenta, sino que se adoptó sin conocimiento ni participación de los chilenos, los verdaderos propietarios del Salar de Atacama, y en general, de todos los recursos mineros, como prescribe la mismísima Constitución actual.

La opción política adoptada por Bitrán con el aval del Consejo Directivo de Corfo, el cual integran los ministro de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Agricultura, implica la renuncia del Estado de Chile a una política pública y autónoma de desarrollo del litio, y fundamentalmente, la preservación del orden económico neoliberal, donde la inversión, producción, administración y comercialización de los recursos estratégicos de un Estado o Nación, se le entregan al sector privado, el que acapara la integridad de los beneficios, descontados los impuestos.

El peor negocio para Chile

El señor Bitrán podrá decir lo que quiera, pero no logrará convencer a nadie medianamente informado, que privatizar recursos estratégicos del Estado es mejor negocio que el desarrollo de los mismos por parte del propio Estado.

La prueba de ello está en la descabellada segunda privatización del cobre, perpetrada a medias por la dictadura y la Concertación.

En los casi veinte años comprendidos entre 1996 y 2015, el sector de la Gran Minería del cobre, en su mayor parte de origen transnacional, produjo 67.651,9 millones de Toneladas Métricas de cobre, y tributó US$ 40.441,2 millones.

En el mismo período, Codelco produjo 33.589,2 millones de TM, y entregó excedentes por US$ 59.157,9 millones.

En otras palabras, con el 67.6% de la producción, el sector de la Gran Minería del cobre aportó el 40,6% de la tributación.

A la inversa, con el 33,5% de la producción, Codelco, aun con sus lastres de la Ley Reservada del Cobre, y los altos costos asociados a las bajas leyes de sus yacimientos,  participó del 59,16% de la tributación.

Esa diferencia neta de US$ 18.716,7 millones, equivalentes al 18,8% de la tributación total, ha ido a engrosar directamente la remuneración del capital, en una razón inversamente proporcional  al detrimento de las necesidades del  desarrollo del país, y la calidad de vida de sus habitantes.

Esa es exactamente la política que avaló el señor Bitrán con la firma del acuerdo entre Corfo y SQM, el pasado 17 de enero, día de triste memoria.