Aguas Andinas, nada en utilidades, pero deja a millones sin agua

Spread the love

La principal sanitaria del país, que anunció el corte de suministro del fin de semana, se ha convertido en un lucrativo negocio para sus dueños. Entre ellos, el grupo Luksic, que posee también el 40% del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, acusado de generar altos niveles de contaminantes en el río Maipo.

Durante el fin de semana se confirmó el corte del servicio de agua potable en 27 comunas de la capital, afectando a 4 millones de usuarios durante tres días. La razón explicada por Aguas Andinas, la empresa responsable, fueron los elevados niveles de turbiedad en las aguas del río Maipo y río Mapocho. En medio del colapso de la ciudad por las lluvias, más de la mitad de la capital estuvo sin servicio de agua.

Si bien tanto la empresa Aguas Andinas como el gobierno han responsabilizado a los diluvios por la contaminación de las aguas, un informe del Colegio Médico da cuenta de los altos niveles de contaminantes en las aguas producto del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Se trata de un documento elaborado por el Director del Departamento de Medio Ambiente del organismo, Andrei Tchernitchin, que arrojó elevados niveles de arsénico, níquel, plomo, molbdeno, hierro y manganeso, entre otros.

“Representa un riesgo para la salud de la gente del Cajón del Maipo, así como para los habitantes de Santiago”, dijo el especialista durante el fin de semana.

Este lunes, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga aseguró que será tarea de la Superintendencia de Servicios Sanitarios la encargada de determinar si el proyecto de AES Gener causó las turbiedades del agua.

Luksic, el denominador común

Alto Maipo es el proyecto hidroeléctrico más grande de su tipo aprobado en Chile. Comprende la construcción de dos centrales de pasada en el Río Maipo, en el sector de San José de Maipo a 40 kilómetros de Santiago. Las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado, principales afluentes del río Maipo, serán entubadas en un túnel subterráneo de más de 70 kilómetros de extensión y ocho metros de diámetro.

El proyecto pertenece de forma compartida a la multinacional eléctrica AES Gener (60%) y al grupo Luksic, que a través de la sociedad Antofagasta Minerals posee el 40% restante desde que le vendió dicho porcentaje en 2013.

Al presentarse el proyecto de Alto Maipo, uno de los principales opositores fue Aguas Andinas, la privatizada empresa que suministra el servicio de agua potable a la Región Metropolitana y que tiene los derechos de agua del río Maipo. Como se puede ver en el reclamo presentado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la sanitaria consideraba que la hidroeléctrica llenaría el río Maipo de sedimentos, amenazando la seguirdad y continuidad del servicio de agua potable de la capital.

Sin embargo, esto cambiaría en 2011, cuando la sanitaria firmó un acuerdo con AES Gener en la que compromete por 40 años la entrega de parte del caudal de agua de la zona para abastecer el proyecto hidroélectrico, en caso de que se presenten altos niveles de turbiedad. Del acuerdo solo se supo en 2013, después de una orden de la Corte de Apelaciones.

Aunque su vínculo con la hidroléctrica es desde 2013, existe desde entonces un denominador común entre ambas empresas: el grupo Luksic. A través de Banco de Chile e Inversiones Arizona, los Luksic son parte importante del control de la sanitaria Aguas Andinas.

El negocio de la sanitaria

El agua es puro dinero para sus controladores. Privatizada en 1999 durante el gobierno de Eduardo Frei, el grupo francés Suez Environment se hizo con el 51% de las acciones a través de su filial Aguas Barcelona (Agbar). En el 49% restante figuran el grupo Luksic y el grupo Bethia (Falabella, Homecenter, Mega). En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el Estado se desprendió del 35% de propiedad que aún mantenía sobre Aguas Andinas.

En 2015, Aguas Andinas registró utilidades superiores a los 129 mil millones de pesos, concentrando cerca del 44% de las utilidades del sector. Un monto considerablemente superior a los 47 mil millones que registraba en 2001. Según un reportaje publicado por Ciper Chile, la sanitaria aprovecha una serie de vacíos en la ley para aumentar sus ganancias en miles de millones a través de una red de empresas filiales y relacionadas que no son reguladas por la superintendencia.

Platas para todos

Aguas Andinas también está involucrada en el escándalo de financiamiento irregular de la política, según ha registrado la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, gracias a dos rectificaciones de gastos sin respaldo contable que hizo la empresa al Servicio de Impuestos Internos.

Entre los que recibieron boletas se encuentran varios personeros que han entrado y salido por la puerta giratoria entre el mundo público y privado, además de políticos de todo el espectro.

Por ejemplo, Juan Eduardo Saldivia, militante DC y ex superintendente de Servicios Sanitarios entre 1996 y 2006, recibió $55 millones entre 2010 y 2015. A él se suman varios camaradas demócrata cristianos: Guillermo Pickering, ex subsecretario de Obras Públicas, recibió 35 millones en 2012; Clemente Pérez, también ex subsecretario DC obtuvo $46 millones; el senador Andrés Zaldívar, quién recibió 150 millones por lo que él justificó como asesorías de “seguimiento legislativo”.

Se suman $430 millones a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei y gestionador del comité de finanzas de la campaña presidencial del 2009 del ex mandatario.

También aparecen $76 millones a Jaime de Aguirre y Mario Conca, ejecutivos de Chilevisión que emitieron boletas falsas por pedido del ex gerente de Bancard Santiago Valdés, propiedad de Sebastián Piñera, el mismo mandatario que autorizó la venta del 35% de las acciones que poseía el Estado en la sanitaria en 2012.

Desde la UDI aparecen pagos de $27 millones a una sociedad de Pablo Longueira y $53 millones a una empresa ligada a Laurence Golborne. Además, la contabilidad de Aguas Andinas registra pago $422 millones a think thanks asociadas a todos los sectores políticos: $117 millones al Instituto Libertad, vinculado a RN; $72 millones a Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, al igual que la Fundación Jaime Guzmán que recibió $52 millones. Chile 21, ligado a Carlos Ominami recibió $34 millones, mientras que Proyectamerica, relacionado a Ricardo Lagos, $66 millones.