Alvaro Corbalán: Autorretrato de un Cobarde

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Corbalán fue trasladado el 20 de noviembre del 2015 desde el Penal Punta Peuco hasta la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, luego de que se encontrara nuevamente un celular y un chip en su celda. Dada la reiteración de la falta, la Dirección de Gendarmería, con apoyo explícito del Ministerio de Justicia, le aplicó esa medida disciplinaria, estrictamente atenida a reglamento, como dispone el artículo 28 del Decreto 518, del Ministerio de Justicia y Gendarmería:

«Artículo 28.- Por Resolución fundada del Director Nacional, quien podrá delegar esta facultad en los Directores Regionales, serán ingresados o trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto.

Estas medidas podrán adoptarse en razón de la reincidencia, tipo de delito, de reiteradas infracciones al régimen normal de los establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros antecedentes de carácter técnico que las hagan necesarias».

En eso consistió el presunto «trato inhumano cruel y degradante» invocado por Corbalán. En relación a los tratos inhumanos, crueles y degradantes por los cuales está condenado a dos sentencias de cadena perpetua, esa admonición constituye un agravio gratuito a la memoria de sus víctimas, un insulto a la inteligencia de los chilenos, el ejemplo de un canalla y el autoretrato de un cobarde.

Raúl Meza, abogado de Corbalán anunció acciones legales contra funcionarios penitenciarios por haberlo derivado a las CAS:

«Iniciaremos acciones penales y civiles en contra de los funcionarios de Gendarmería y del Ministerio de Justicia por los tratos inhumanos, crueles y degradantes que se le dieron durante su permanecía en la CAS»,

Es cierto que la pasó mal, y también lo es que atravesó por crisis de pánico y depresión, pero eso no se puede imputar como violación de derechos humanos, ni como falla del sistema penitenciario, sino interpretar como incapacidad de adaptarse al régimen carcelario debido al temor.  Y eso no es para nada un reproche peyorativo hacia quién, por contra, desplegó implacable crueldad y determinación, en sus tiempos de señor de la muerte y dueño de la noche.

Es simplemente, una relación de hechos indesmentibles.

Cuando llegó a la CAS, fue recibido por una rechifla generalizada e insultos, que él escuchaba desde su celda, porque, como su abogado aseguró, «no se atreve a salir al patio».

Entonces, no bien llegó a la CAS, la estrategia de la defensa de Corbalán consistió en victimizarse, acusar violación de sus derechos humanos y exigir el retorno a Punta Peuco.

Un escrito del abogado Enrique Ibarra, señala:

“Durante los tres días que lleva recluido ha recibido gritos, insultos y amenazas de muerte de manera permanente, incluso durante la noche, perturbándole su descanso (….) Su custodio debió intervenir ante un sujeto que llegó hasta la reja de su calabozo amenazándolo de muerte».

Dentro de esa estrategia, fue táctica frecuente solicitar traslado al Hospital Militar, en virtud de una nutrida serie de afecciones enfermedades crónicas, tales como hernias lumbares, diabetes, hipertensión, pérdida de visión de un ojo y cáncer.

A esta estrategia le vino de perillas el cabezazo que le propinó el jóven anarquista Joaquín García, el 9 de marzo de 2016, imágenes que circularon profusamente en redes sociales.

El entonces abogado de Corbalán, Enrique Ibarra, interpuso una petición ante el Juez Mario Carroza en la causa, donde está procesado por tres homicidios calificados ocurridos en septiembre de 1983.

En el documento, invoca las enfermedades citadas y alega:

“Transgrediendo este diagnóstico fue recluido en una cárcel de castigo de máxima seguridad, en una celda incomunicado; tiene que ducharse con agua helada, lo que ha afectado sus lesiones lumbares; y por su dolor lumbar ha solicitado un segundo colchón para poder soportar una cama de cemento de hormigón armado, lo que poco mitiga su dolencia».

Ante este escenario de victimización, es útil analizar el prontuario de Alvaro Julio Federico Corbalán Castilla, que en ese tiempo operaba con la chapa de Alvaro Valenzuela, a la luz de la estrategia de impunidad desplegado en varios frentes, que se evidencia por estos días.

El 16 de noviembre de 2.000 Corbalán Castilla fue notificado de su condena a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, ejecutado el 11 de julio de 1983, en Valparaíso, en una operación de falsa bandera orientada a enmascarar el asesinato de Tucapel Jiménez, perpetrado en febrero de 1982, en el que Corbalán está condenado como encubridor.

28 de agosto de 2007, la Segunda Sala de la Corte Suprema elevó la pena de 15 años y un día a 20 años de presidio a Alvaro Corbalán por su participación en el asesinato de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Juan Henríquez, Wilson Henríquez, Julio Guerra, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Hernán Rivera, Ricardo Silva, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy, integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, más conocido como Operación Albania, o matanza de Corpus Christie, el 15 y 16 de junio de 1987.

El 24 de julio de 2014, el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó nuevos procesamientos contra Alvaro Corbalán y otros 16 ex agentes de la CNI, en la investigación por los homicidios de Luciano Aedo Arias (Hualpencillo, Talcahuano); Nelson Herrera Riveros y Mario Lagos Rodríguez (La Vega Monumental de Concepción); Mario Mujica Barros (Los Ángeles); Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala (sector Estancilla, Valdivia), y Juan Boncompte Andreu (calle Rubén Darío, Valdivia), militantes del MIR, ocurridos entre el 23 y 24 de agosto de 1984, hechos conocidos como «Operación Alfa Carbón».

El 2 de septiembre de 2014 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencias de tres años y una día contra Corbalán y otros tres agentes de la CNI, por las torturas infligidas al actual diputado Sergio Aguiló, en diciembre de 1981.

El 8 de septiembre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a Corbalán y a otros cinco agentes de la CNI a siete años y un día, por los homicidios de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo Núñez, Juan Manuel Varas Silva y Ana Delgado Tapia, cometidos el 2 y 3 de julio de 1984, en la rotonda Departamental de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

El 10 de febrero de 2015, la Corte Suprema confirmó la sentencia de ocho años de presidio, por la desaparición del militante del MIR, Sergio Ruiz Lazo, a contar del día 21 de diciembre de 1984.

Sus restos no han aparecido hasta hoy. Es imposible que Corbalán, condenado por autoría intelectual de ese secuestro, no sepa qué pasó con el cadáver.

Y se limpia la boca con tratos inhumanos, crueles y degradantes, el muy canalla. Peor aún, no ha demostrado ninguna señal de arrepentimiento. El 16 de junio de 2016 respondió así a una entrevista del periódico electrónico El Dínamo:

«- ¿Considera injusto que algunos militares procesados por delitos de lesa humanidad como los que enfrentó usted, no hayan podido acceder a beneficios carcelarios?

Su pregunta tiene una afirmación que no es real, error muy reiterado en los medios de comunicación social. No hay ningún uniformado condenado por delitos de lesa humanidad. Esa ley promulgada el año 2009, deja expresa constancia que no puede tener efectos retroactivos. Sí, es efectivo, que a los condenados por DD.HH., no se les permite acceder a beneficios, pero ya la Corte Suprema ha tomado medidas por cuando quien cumple los requisitos, no es legal que no se le otorguen».

Como hablar es gratis, no desperdició la oportunidad de exponer su proverbial arrogancia:

«– ¿Ha sentido miedo?

Un militar que tenga miedo, no puede ser militar. Y yo soy militar y soy un soldado probado en los hechos. Le aclaro que tampoco le tengo miedo al frío, pero en invierno me pongo abrigo».

Pero cuando tuvo delante de sus narices a Joaquín García, consideró más prudente hacer mutis por el foro. Es más, el 16 de marzo pasado le mandó esta obsequiosa misiva:

«El pasado miércoles, después de haberle dado cortésmente las buenas tardes, de manera abrupta, sorpresiva y cobarde, Ud. me respondió con un cabezazo en el rostro. Lamento su reacción ya que Ud. es un joven de poco más de 20 años y debe saber que su traicionera agresión fue a una persona de 3a edad, de 65 años, que perdí la visión total de mi ojo izquierdo y buena parte del derecho que es mi ojo único.

Quienes fueron mis adversarios, tienen la misma edad mía y están en las mismas condiciones de salud como las que yo padezco. Es lamentable que la generación a la que pertenece, mantenga odios y rencores que los chilenos deberíamos superar, privilegiando un necesario reencuentro en beneficio de nuestro país.

He dado instrucciones a mis abogados para que no se hagan parte en el Ministerio Público, en la querella por agresión con que Gendarmería le denunció, para no provocarle mayores problemas y condenas judiciales que los que ya enfrenta.

Ojalá que la próxima vez que se encuentre conmigo, responda mi cortesía o guarde silencio, pero en ningún caso con la equivocada reacción que atribuyo a su juventud e interpretación poco flexible del pasado».

Retomando el prontuario, el 30 de abril de 2015, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó acusación contra Corbalán y otros 26 ex agentes de la CNI, por su responsabilidad en los homicidios calificados de los militantes del MIR Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, consumados en septiembre de 1983, en calle Janequeo, comuna de Quinta Normal.

El 12 de junio de 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a Corbalán y Hugo Salas Wenzel, a 15 años de presidio, y a otros 32 ex agentes de la CNI, a diversas penas, por su participación en el secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados en septiembre de 1987, de quienes nada se sabe hasta hoy.

Corbalán no puede afirmar seriamente que no sabe cuál fue su destino. Pero eso no le impide hablar del «necesario reencuentro» entre los chilenos, impedido por «odios y rencores» generados por  una «interpretación poco flexible del pasado».

El 11 de junio de 2015, Corbalán y otros cuatro ex agentes de la CNI son procesados por la Ministra Marianela Cifuentes, por su responsabilidad el homicidio calificado de Gilberto Victoriano Veloso, ejecutado el 1 de julio de 1985.

El 25 de junio de 2015, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a Corbalán y a otros dos agentes del Comando Conjunto, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme, perpetrado en una fecha indeterminada entre 1975 y 1976, de quién nada se sabe hasta hoy.

El 22 de septiembre de 2015,  la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la sentencia a Alvaro Corbalán y otros dos ex agentes de la CNI, de siete a 10 años y un día, por su responsabilidad en el homicidio calificado de Leandro Arratia Reyes, perpetrado el 18 de enero de 1981, en la Región Metropolitana.

El 2 de marzo de 2016, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso a Alvaro Corbalán y a otros cinco ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el homicidio calificado de Juan Díaz Cliff, perpetrado el 18 de abril de 1986, en la comuna de la Recoleta.

El 17 de junio de 2016 el ministro Mario Carroza, dictó acusación contra Corbalán y otrso 20 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, acaecidos el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuente Ovejuna 1330, comuna de Las Condes,

Este valiente soldado, con semejantes antecedentes, invoca violación de sus derechos humanos, por un castigo disciplinario aplicado ante faltas reiteradas.

Como fuere, el hecho es que sin perjuicio del reemplazo del abogado Enrique Ibarra por Raúl Menza, la defensa de Corbalán persistió sistemáticamente en la tesis de la violación de sus derechos humanos, e interpuso un recurso de protección que clamaba por regresar a la acogedora matriz de Punta Peuco.

El pasado 24 de noviembre, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso, declaró arbitraria la decisión de mantener a Corbalán Castilla en la unidad de Alta Seguridad, y ordenó al director metropolitano de Gendarmería el reingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco,.

Así, el 1° de enero recién pasado, en medio de la modorra generalizada, en un operativo de tres carros celulares y un nutrido dispositivo de seguridad -y en total sigilo-, el ex jefe operativo de la CNI dejó el calabozo N° 14 del 4° piso 2 de la Cárcel de Alta Seguridad,  donde estuvo recluido por más de trece meses, para ser regresado nuevamente hasta el inmensamente más benigno régimen penitenciario de Punta Peuco.

Como si lo anterior no fuera suficiente, resulta que el señor Corbalán, encontró incómodo su nuevo alojamiento. Según explicó su abogado, Raúl Meza, pedirán que se le restituya su antigua celda, pues fue derivado a un nuevo espacio:

«Nos reuniremos con el nuevo alcaide de Punta Peuco, Jorge Martin, para solicitarle que mi cliente vuelva a su antigua celda, en la cual ha permanecido los últimos 25 años de condena y la cual está acondicionada de acuerdo a las diversas patologías que le afectan. A su llegada al penal fue destinado a un módulo de primerizos, cercano a las canchas y sin ninguna comodidad para internos afectados por enfermedades crónicas. Además, todos sus artículos personales, televisor, guitarra, libros y otros siguen en su antigua celda».

El otrora jefe de lo más temible del sicariato de la dictadura disfruta hoy de una módica victoria. Una victoria a lo Pirro, en todo caso, por cuanto esta patética pantomima no contribuye, precisamente, a la causa de sus compañeros de armas, en medio de la polémica abierta por los visibles avances de una vasta estrategia de impunidad a a favor de los criminales de la dictadura.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, puso el foco donde corresponde:

«Pedir el cambio a Punta Peuco da cuenta de que esa no es una cárcel cualquiera, como han dicho algunos. Hay un trato especial. Eso es reírse de la tragedia y del dolor de los familiares, quienes no estamos recibiendo buenas señales de la justicia por los crímenes cometidos».