Así hizo llegar Longueira el “artículo Contesse” al Gobierno de Piñera

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Correos electrónicos, a los que tuvo acceso The Clinic Online, dan cuenta de cómo el exsenador Pablo Longueira hizo llegar en agosto de 2010 al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, el artículo sobre la ley de Royalty que había redactado Patricio Contesse. Y cómo éste lo reenvío, a su vez, a quien era ministro de Minería, Laurence Golborne. Este fue el camino por el que SQM plasmó su visión en la ley de Royalty.

LONGUEIRA 03

El 11 de agosto del año 2010, a las 8.42 horas, el entonces senador Pablo Longueira, envió un correo electrónico desde su casilla personal de hotmail al correo institucional de quien en la época detentaba el cargo de titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Cristian Larroulet. En él, en un archivo adjunto, Longueira replicaba de forma casi textual la redacción del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Royalty que le había enviado, tal como publicó Ciper, cinco días antes, el exgerente general de SQM, Patricio Contesse. Sólo omite las menciones de Contesse a SQM y realiza mínimos cambios de redacción y le pide expresamente que le informe si la propuesta no es aceptada íntegramente.

La cadena de correos, cuyo eslabón faltante era cómo llegó el “artículo Contesse” de Longueira al gobierno de Piñera, partió siendo publicada por la revista Qué Pasa. Posteriormente, The Clinic Online, ahondó en los detalles dando cuenta de la cercanía de Contesse y Longueira. Y durante esta semana Ciper reveló nuevos antecedentes.

Los nuevos mails, a los que tuvo acceso The Clinic Online, da cuenta de que el mismo día que Larroulet recibió la información de Longueira, la reenvió, a las 12.54 horas, a quien era el ministro de Minería, Laurence Golborne. No hizo lo mismo con otro email, del mismo día, a las 9.46 horas, en que Longueira le reenvió una minuta de acuerdo que había recibido del Senador Ricardo Lagos Weber.

Sobre el primer correo, el que contiene el artículo de la polémica, Longueira le escribe a Larroulet que “de acuerdo a lo conversado, te mando texto del Artículo Quinto Transitorio del Royalty (por error se adjuntan 2 copias). Confírmame que recibiste el correo. Mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tú redactes si le introduces cambio para verlo antes que lo mandes. Un abrazo. Pablo”.

En el adjunto, en tanto, se lee: “Cristian, Te mando los comentarios de porque (sic) no sirve el artículo transitorio que tiene redactado el ministerio de minería y te adjunto una sugerencia (artículo quinto transitorio nuevo) de lo que debiera incorporar la ley en ese artículo transitorio”. Hasta ahora se desconocía cómo había llegado el “artículo Contesse” a la ley de Royalty, pero The Clinic Online pudo reconstruir la ruta a través de los email que este medio revisó y corroboró. La investigación da cuenta de que el texto que recibió Larroulet omite que la redacción fue realizada desde la minera no metálica.

En el word adjunto se detalla en qué consiste la propuesta. Se consigna que “las empresas chilenas pertinentes no suscribieron el Convenio a que se refiere el Artículo 5º Transitorio de la Ley actualmente vigente (Nº20.026). Pues la autoridad de entonces no pretendía que esto ocurriera y las condiciones puestas lograban ese efecto en la práctica”. Detalla, parafraseando a Contesse, que “en consecuencia, claramente, el posible ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del nuevo Proyecto de Ley no se aplicará a las empresas chilenas que se busca incorporar con el artículo transitorio que se propone. Así lo señala expresamente dicho posible Artículo cuando, en su penúltimo párrafo, indica que ‘el mismo derecho tendrán las empresas [‘chilenas no receptoras’] con convenios vigentes acogidos al artículo 5º transitorio de la ley Nº 20.026 y borrará, con tal exclusión, todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias (royalty) de las ’empresas mineras chilenas’ con los de las ’empresas mineras extranjeras’”.

Longueria plantea, como le sugirió Contesse, que “la omisión indicada debe ser solucionada y ello solo ocurre con el siguiente texto para un nuevo artículo quinto transitorio”.

A continuación detalla como las “empresas que no siendo receptoras del aporte de inversionistas extranjeros, hubieren iniciado la explotación de un proyecto minero con anterioridad a la entrada en vigencia de la esta Ley y que se encuentren afectas al impuesto específico a la actividad minera del artículo 64 bis de la Ley 20.026, podrán solicitar que se les concedan los derechos contenidos en el artículo 11 ter del Decreto Ley Nº600, de 1974, en las condiciones establecidas en dicho artículo y sujeto, además, a los siguientes requisitos y con los derechos adicionales que se indican”.

Las condiciones propuestas por el entonces senador UDI, que coinciden con lo propuesto por Contesse, y que en su contenido quedaron casi textualmente reflejadas en la Ley de Royalty destacan.

i. Las empresas indicadas deberán presentar la solicitud respectiva al Estado de Chile, representado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dentro del plazo de 180 días corridos a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley y suscribir, posteriormente y con el Estado de Chile, representado por dicho Ministerio, el respectivo contrato de inversión. El Estado de Chile deberá aprobar la solicitud y suscribir el contrato de inversión dentro de 90 días corridos a contar de la fecha de recepción de la solicitud y el contrato producirá todos sus efectos desde la fecha de dicha recepción.

ii. Durante los ejercicios correspondientes a los años calendario 2010 y 2011, el impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera se aplicará en conformidad con las reglas establecidas en los artículos 64 bis y 64 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Ello, independiente de la fecha en que el Estado de Chile y la empresa respectiva suscriban el correspondiente contrato de inversión.

iii. A partir del año calendario 2012, éste inclusive y hasta el término del primer período de régimen de invariabilidad establecido para estas empresas en los contratos señalados y que ocurrirá, tal término, el 31 de Diciembre del año 2017, se aplicará, con una tasa de 5%, este impuesto específico sobre la renta imponible operacional determinada en conformidad con los artículos 64 bis y 64 ter de la Ley sobre impuesto a la Renta según el nuevo texto de dichos artículos establecidos en esta Ley.

iv. A partir de año calendario 2018, éste inclusive y hasta el término de segundo y último período de régimen de invariabilidad establecido para estas empresas en los contratos señalados y que ocurrirá, tal término, el 31 de Diciembre de año 2025, se aplicará el régimen tributario contemplado en los artículos 64 bis y 64 ter de la Ley sobre impuesto a la Renta según el nuevo texto de dichos artículos establecidos en esta Ley.

v. A partir del año calendario 2026, estas empresas sometidas al régimen general de tributación vigente en tal momento.

vi. Lo expuesto en este artículo se aplicará en favor de la empresas indicadas que hayan iniciado la explotación de un proyecto minero con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y que no hayan suscrito, a dicha fecha y respecto de tal proyecto, un contrato de inversión con el Estado de Chile que contemple un régimen de invariabilidad para dicho proyecto”.

Al respecto, el exministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseveró a The Clinic Online, que recibió ese correo de Longueira, donde no se menciona que la propuesta proviene de SQM, y otro el mismo día en que adjuntó una minuta de Ricardo Lagos Weber: “Siempre en los debates legislativos se reciben sugerencias de senadores. En nuestro gobierno, como no teníamos mayoría recibíamos propuestas de distintos partidos políticos y se analizaban de acuerdo a su mérito”, aseveró.

LA LEY DE ROYALTY

Esta semana, tras la publicación de Ciper y la posterior renuncia de Pablo Longueira a su militancia en la UDI, el ex presidente Sebastián Piñera defendió el contenido de la ley de royalty minero aprobada en 2010.

“Tengo la más plena convicción de que fue una muy buena y necesaria ley”, dijo este jueves en una rueda de prensa desde su oficina en la Fundación Avanza Chile. Ahí explicó que fruto de esa ley se recaudaron US$3.200 millones entre los años 2010 y 2013 y defendió la aparición del polémico artículo.

“El Gobierno recibe propuestas y sugerencias de múltiples sectores, pero el que envió la ley al Congreso, fue el Gobierno que yo tuve el honor de presidir. Con respecto a la ley, sus contenidos y sus resultados, yo no solamente asumo mi plena responsabilidad, si no que insisto, fue una muy buena ley, una ley exitosa que fue una parte fundamental del esfuerzo de reconstrucción que hicimos todos los Chilenos”, señaló. Como reconstruye The Clinic Online, el artículo en cuestión sí salió del computador de Longueira.

Por su parte, el ministro de Hacienda del gobierno anterior, Felipe Larraín, señaló en una entrevista a El Mercurio que él no había recibido “ningún mail ni ninguna presión por parte de una empresa”.

“No tuve ninguna comunicación en este tema más allá de la comunicación con el Senado y el senador Longueira. A mí no se me planteó absolutamente nada en esa dirección”, agregó.

LA HISTORIA DE LA LEY

Tras el correo de Contesse al entonces senador Longueira en agosto de 2010, pasaron en total 26 días hasta que el gobierno envió el proyecto de ley sobre Royalty, que llevaba redactado de manera prácticamente idéntica el artículo transitorio enviado por el exgerente general de SQM que permitía a las empresas chilenas acogerse al beneficio tributario de empresas extranjeras.

Fue específicamente el 31 de agosto de 2010 el día en que el Ejecutivo ingresó el proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera a la Cámara de Diputados, un mes después que el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunciara que se repondría el royalty.

En una entrevista publicada por el diario El Mercurio el 28 de julio de 2010, Larroulet explicó que desde Presidencia tenían la convicción de reponer el texto, pero que aún buscaban la fórmula para lograr un consenso con la Concertación y así evitar el traspié que habían tenido en la Ley de financiamiento para la Reconstrucción (Ley 20.455).

“El Gobierno está convencido de que nuestro proyecto es bueno, por dos razones. En primer lugar, estamos en un momento adecuado para pedirles a las empresas del sector una contribución para enfrentar el terremoto. Y dos, desde una mirada de más largo plazo, esta es una iniciativa que va en la dirección correcta, porque establece un mecanismo de cobro asociado con la tasa de retorno hacia las mineras. En consecuencia, éste es un perfeccionamiento que debiera contar con un amplio apoyo”, señaló en esa oportunidad el secretario de Estado.

En esa misma entrevista, Larroulet señaló que la idea original del Gobierno era ingresarlo vía veto presidencial, pero eso implicaba volver a enviarlo a tramitación. “Si bien lo ideal es el veto, sabemos que este instrumento tiene beneficios y costos, por eso estamos sosteniendo conversaciones con todos los partidos para alcanzar un acuerdo”, dijo.

Tras estas declaraciones, pasó poco más de una semana hasta el intercambio de correos entre Longueira y Contesse, primero publicados en primera instancia con la revista Qué Pasa y luego en The Clinic Online. El viernes 6 de agosto a las 00:43, Contesse le responde a Longueira: “Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla” donde venía adjunto el documento llamado “Royalty Minería”.

Una vez ingresado el proyecto de ley al Parlamento, la iniciatiava fue defendida a brazo partido por la administración Piñera para conseguir los 1.000 millones de dólares adicionales que necesitaba para las zonas afectadas por el 27 F.

Durante su discusión, los diputados de la Concertación plantearon sus reparos tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de la Cámara. El Gobierno, por su parte, defendió el proyecto señalando que la extensión de la invariabilidad tributaria que pretendían era simplemente respecto de aquellas empresas que gozaban de este beneficio y sólo porque se requiere lograr un cambio voluntario de su situación tributaria.

“La extensión de la invariabilidad tributaria es el único beneficio atractivo que se vislumbra para producir la aceptación del nuevo régimen por parte de las empresas mineras”, dijo el ex ministro Felipe Larraín.

“Como lo expresamos en la discusión del primer proyecto, que no estamos por la invariabilidad, porque perjudica a Chile, creemos que no corresponde y es una muy mala solución. El Gobierno del Presidente Piñera no asume con rigor la seriedad de lo que se está debatiendo. El proyecto es igual al que se presentó o del que se habló en la Comisión Mixta. Señala que necesita mil millones de dólares para la reconstrucción y propone un régimen tributario con invariabilidad hasta 2025 o más. Una visión estrecha del nuevo trato del cobre que requiere Chile. Obtenemos algo a corto plazo, sacrificando espacios de desarrollo del país y de las regiones”, dijo durante su intervención en sala el entonces diputado Carlos Montes.

Las críticas se repitieron en sala, pero finalmente el proyecto del Gobierno se impuso sin mayores cambios y se aprobó el 15 de septiembre de 2010 en la cámara baja por 57 votos a favor y 54 en contra. El artículo cuarto transitorio, redactado de manera prácticamente textual a como le había enviado Contesse a Longueira un mes antes, no tuvo variaciones.

En el Senado, eso sí, el debate generó una negociación política más dura y finalmente vio la luz cuando se selló un acuerdo político firmado por todos los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado (Evelyn Matthei, José García Ruminot, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Andrés Zaldívar).

En ese documento se acordó rebajar los años extras de invariabilidad tributaria propuestos por el Ejecutivo de 8 a 6 años y se definió una escala porcentual para el régimen general de Impuesto Específico a la Minería (EIM) que fluctúa entre el 5% y el 14% según el margen operacional de las empresas.

El acuerdo, además, incluyó la creación de una comisión para estudiar la modernización del DL 600 y un Fondo de Inversión y Reconversión Regional permanente que recibiría US$100 millones anuales durante los próximos cuatro años (2011-2014), y después según lo que estableciera la Ley de Presupuestos.

En conversación con este medio, algunos senadores que participaron en esa negociación señalan que tanto el Fondo Regional como la modificación de la invariabilidad tributaria fue lo que inclinó la balanza para despachar y aprobar el proyecto de ley.

El 12 de octubre de 2010, mientras se discutía en sala, Longueira alabó el acuerdo al que habían llegado y anunció su voto a favor señalando que se estaba “alcanzando un gran acuerdo para Chile”. Tres días después, el proyecto fue despachado en tercer trámite.