Bienes éticos, rol del Estado y nuestra Constitución

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Entre las demandas que más se repiten en las multitudinarias marchas que han convulsionado a nuestro país, están aquellas asociadas a la desigualdad y, con mucha fuerza y repetición, a la desigualdad, reflejadas en parte en la falta de acceso, en condiciones razonables, a bienes y servicios básicos tales como, pensiones, salud, educación, vivienda, transporte y agua. Son temas cuya insatisfacción, ya sea por falta o insuficiente acceso, alto precio y/o baja calidad, se relacionan al mensaje vívido de algunas pancartas: dignidad.

Estos bienes y servicios podríamos llamarlos bienes “éticos”. En la lógica de Michael Sandel[1], son bienes y servicios que entregan algo más importante que valor económico reflejado en la satisfacción o la utilidad asociada a su consumo individual: dignidad e igualdad ante otros. Son bienes que, en alguna medida, tienen valor también si los compartimos o los consumimos con otros. Construimos sociedad, nos encontramos con otros y aprendemos de otros y con otros. Y su provisión compartida (que todos podamos acceder a ellos en forma similar) permite generar puntos de partida, visiones y desafíos comunes.

Además, su provisión efectiva, abierta y compartida, permite tener ciertos mínimos comunes para realizar la vida en condiciones dignas: ser creativo y crear valor en tu trabajo, poder disfrutar una vida sana y tener seguridad ante eventos dramáticos o catastróficos. Proveer estos bienes en forma generalizada y eficiente es muy importante. Pero igual o más importante son estos otros valores que generan su consumo en forma colectiva. Valores que no son económicos: son sociales. Son bienes éticos.

Para todos estos bienes, en casi todas partes del mundo desarrollado el Estado tiene un rol fundamental y preponderante en su diseño, regulación y provisión. Ello porque el objetivo principal de consumir estos bienes y servicios éticos es lograr estos valores superiores: seguridad, buen acceso y tratamiento de salud, una vejez digna a través de una pensión adecuada, vivir en una ciudad integrada y no segregada, y en donde pueda moverme en tiempos razonables hacia y desde mi trabajo.

“Lo que hemos observado en estos mercados es que las empresas, naturalmente, buscan maximizar sus utilidades, minimizando costos. Pero esto, también naturalmente, ha implicado muchas veces ignorar o ir lisa y llanamente en contra del logro de estos objetivos sociales o éticos”.

La eficiencia en la provisión de estos bienes es también fundamental. Son bienes que, como los requiere toda la población, son caros de proveer y, por tanto, una administración eficiente es altamente valorada. Pero la eficiencia no es el principal fin de su producción y provisión. Es un medio. Es importante en cuanto permite una mayor o mejor provisión y, por ende, el logro de estos valores.

Sin embargo, en el caso de Chile, prácticamente la provisión de todos estos bienes fue privatizada en la dictadura, en pos de generar mayor competencia y bajo el supuesto o creencia de que dicha competencia sería la mejor forma de su provisión más eficiente y que generaría mayor calidad.

Así, la provisión de bienes éticos quedó casi exclusivamente en manos del sector privado y de mercados sin la regulación adecuada. En otras palabras, sin alguien que asegurara la efectiva provisión de estos valores no económicos. Craso error. El sistema capitalista de mercado y el sector privado generan, bajo condiciones de competencia (que de hecho poco se cumplen en Chile), información perfecta, etc., valor económico a través de proveer mejores y más baratos bienes y servicios a la población que los puede pagar. Pero no tiene dentro de sus incentivos estos objetivos éticos: generar una mejor salud, calidad de educación, encuentro, integración, generación de confianza y cooperación, etc. Y lo que hemos observado en estos mercados es que las empresas, naturalmente, buscan maximizar sus utilidades, minimizando costos. Pero esto, también naturalmente, ha implicado muchas veces ignorar o ir lisa y llanamente en contra del logro de estos objetivos sociales o éticos.

El lucro en la educación es un ejemplo de ello. La rentabilidad del negocio puede atentar seriamente contra la calidad de la educación provista. Otro ejemplo se da en la salud. Las farmacias, isapres, clínicas y laboratorios no tienen como objetivo central proveer salud, sino ser eficientes y generar rentabilidad. Se deben a sus dueños y no a la sociedad. ¿Esto es correcto? Desde el punto de vista económico de empresas individuales, sí. Son empresas privadas con dueños que invirtieron y arriesgaron capital. Pero no desde la lógica del objetivo social o ético. La enorme opacidad en este mercado hace imposible, en la práctica, comparar los planes de las isapres, y hace MUY difícil saber cuánto tenemos que pagar, ¡aunque tengamos un seguro de salud! La opacidad del mercado de los medicamentos es otra. Los incentivos poco transparentes en las clínicas, y las enormes diferencias de precios de medicamentos entre farmacias, populares y Cenabast y la baja transparencia de las rentabilidades involucradas, son también ejemplos de lo anterior. En la práctica, la preocupación y resultado buscado no está siendo la salud de la población. Esto implica que el Estado, quien es la única entidad que puede velar por estos objetivos sociales y su correcta provisión en una sociedad moderna, tiene un rol que dejó y que debe retomar.

“La rentabilidad del negocio en la educación puede atentar seriamente contra la calidad de la educación provista. Otro ejemplo se da en la salud. Las farmacias, isapres, clínicas y laboratorios no tienen como objetivo central proveer salud, sino ser eficientes y generar rentabilidad. Se deben a sus dueños y no a la sociedad. ¿Esto es correcto?”.

Esto no quiere decir que el Estado necesariamente deba proveer directamente estos bienes. El sector privado puede en muchos casos hacerlo, y muy posiblemente en forma más eficiente que el Estado. Pero dicha eficiencia y la rentabilidad que genere debe estar supeditada a otros objetivos y, asimismo, a estándares de información, desintegración, rentabilidad, transparencia, comportamiento ético, que pocas empresas o mercado vinculados a estos bienes y servicios éticos cumplen a niveles aceptables. La rabia, frustración, sensación masiva de abuso creo que tiene mucho que ver con esto.

Un punto adicional fundamental: estos bienes tienen más valor si los consumimos juntos. Que usemos el mismo transporte, que tengamos un sistema de salud común, educación en la que distintos estamentos pueden convivir y comprenderse y conocerse, una ciudad más integrada, genera cohesión social, comprensión del otro y que cuando algo no funciona nuestro empuje por mejorar el sistema, que me afecta a mí, también beneficiará a todos.

En cambio, lo que hemos construido es un país segregado. Dos verdaderos Chiles, uno al que solo accede menos del 20% de la población, donde todo es privado y cuyos precios sólo los puede pagar ese porcentaje minoritario de la población[2]Y otro Chile y otro sistema, más público, pero nuevamente dominado por empresas privadas y lógica individual a nivel de las personas y las empresas. Esto hace mucho más difícil que quienes estamos en el primer sistema empujemos por mejoras significativas en el segundo sistema, ya que no lo vivimos ni lo compartimos.

Esto es parte del problema a mi juicio, y debe cambiar.

“Lo que hemos construido es un país segregado. Dos verdaderos Chiles, uno al que solo accede menos del 20% de la población, donde todo es privado y cuyos precios sólo los puede pagar ese porcentaje minoritario de la población”.

Este no es un llamado a intervenir todos los mercados, ni a un mayor tamaño del Estado porque sí, ni una crítica al capitalismo. De hecho, quien escribe considera que el capitalismo y una economía de mercado son motores fundamentales de desarrollo y crecimiento, al fomentar innovación, mayor calidad y el empuje de nuevas ideas como ningún otro sistema. Pero no así en la provisión de bienes éticos. Allí el Estado tiene un rol estratégico, social, regulatorio, primordial. Es lo público y sus objetivos los que tienen que estar por sobre los incentivos privados. Y la experiencia que hemos vivido nos muestra que esos incentivos deben limitarse seriamente, pues pueden atentar contra el bien superior que se está buscando.

Cambiar estos mercados no implica cambiar el “modelo”. Los miles de mercados que proveen bienes y servicios no éticos pueden y deben operar con la lógica actual. Pero en las  áreas de la dimensión ética debe haber un cambio radical. Poner el bien común y al Estado como garante estratégico y primordial, requiere modificar la lógica impuesta en la Constitución, por sobre la lógica y bienes privados, en particular para la provisión de estos bienes.

Este es un argumento más, muy central a mi juicio, por el que llegó el momento de cambiar la Constitución que nos rige.

El Presidente Piñera tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder que le dio una nueva institucionalidad al país, de cara a un desarrollo justo y sostenible[3]. Pero para ello es fundamental que comprenda la importancia que tienen ciertos valores y bienes compartidos por todos y la necesidad de cambiar las condiciones estructurales de su provisión y regulación. De verdad espero que no desperdicie esta oportunidad.

REFERENCIAS

[1] Michael Sandel (2012) “Lo que el dinero no puede comprar”.

[2] Para un análisis de esta situación, ver columna de opinión publicada en CIPER en 2011 “¿En qué país vivimos los chilenos?

[3] La importancia de una nueva Constitución para el desarrollo equitativo y sostenible de nuestro país también lo transmitimos un grupo de economistas en esta publicación.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condic