Caso Cascada: Así se perdió la plata de los afiliados a las AFP

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UN DATO CLAVE: SUPERINTENDENCIA NO HIZO ESTUDIO PROPIO SOBRE LOS DAÑOS

Por : Pilar Rodríguez

GentePor primera vez se conoce una cifra preliminar de las pérdidas que sufrieron las AFP en las sociedades que controla Ponce Lerou y que podrían llegar hasta US$ 44 millones. CIPER entrega los informes de las AFP ante la Superintendencia de Pensiones, con el detalle de cómo calcularon los perjuicios para casi ocho millones de afiliados. No hay una sola línea que aluda a su responsabilidad frente a estas inversiones riesgosas. La superintendencia tampoco habla de sanciones o cambios legales y no contempla investigar por su cuenta cuánto perdieron realmente las AFP.

El viernes 10 de octubre la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, partió a Londres para sumarse al “Chile Day, una vitrina que busca atraer nuevos inversionistas al país. Antes de partir dejó bajo reserva el catastro del costo que los ilícitos que se investigan en el llamado “Caso Cascada” causaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y con ello a todos los chilenos que deben cotizar obligatoriamente para su jubilación. Uno de los perjuicios que afecta a más personas y que hasta ahora ha sido minimizado por todos los protagonistas del escándalo bursátil.

Lo que entregó finalmente este lunes 20 la superintendenta Agnic es un rango de pérdidas que estimó entre US$ 31 millones y US$ 44 millones. “Es necesario advertir que se trata de un rango meramente referencial, pues son los Tribunales de Justicia los que deben determinar la cifra efectiva de perjuicios y las indemnizaciones que correspondan”, aclaró Agnic a CIPER.

No solo los montos son referenciales. Llama la atención que el informe dado a conocer este lunes 20 de octubre por Agnic esté basado únicamente en los datos que las propias empresas fiscalizadas reportaron. Según explicaron en la institución, se cotejó que la información fuera correcta, pero la superintendencia no hizo una investigación propia.

Utilizando distintas fórmulas de cálculo, entre cuatro de las administradoras reportaron US$31 millones en perjuicios.Es decir, el piso del rango de la superintendencia está en el total calculado por las empresas, y el techo es un 40% más alto. CIPER preguntó a la superintendencia cómo se fijó el rango, a lo que la respuesta fue que las AFP utilizaron distintas metodologías de cálculos y que sobre la base de sus informes, dicha repartición “consideró los criterios más razonables de sostener desde el punto de vista financiero y legal, a partir de lo cual estimó que las pérdidas ocasionadas a los fondos de pensiones en su conjunto se ubican en un rango entre US$ 31 millones y US$ 44 millones”.

En su informe, AFP Habitat estimó en US$11,5 millones los daños; Provida US$7,7; Capital US$6,5 millones y Cuprum US$5 millones. En conjunto, estas AFP administran los fondos de7.855.685 afiliados. Sólo Planvital informó que no hubo impacto medible para sus fondos en esa etapa, porque no tenían acciones en las sociedades cascada cuando ocurrieron las operaciones cuestionadas por la SVS.

Hasta que se conoció la sanción, el 2 de septiembre pasado, la Superintendencia de Pensiones no había investigado ni pedido información a las AFP sobre sus pérdidas. Entre los actores del caso Cascadas se critica en voz baja lo poco activa que ha sido hasta ahora la superintendencia para actuar en defensa de los afiliados de las AFP. Los dardos apuntan hacia Soledad Bernstein, quien fue nombrada en el primer gobierno de Bachelet y se quedó durante la administración Piñera. En julio de 2012 Bernstein ya había determinado que no había vulneración de las normas, aunque ante una comisión del Senado dijo que la fiscalización era permanente (ver presentación).  En este gobierno la sucedió en el cargo Álvaro Gallegos, quien en julio ya había sido removido y reemplazado por Tamara Agnic.

Por eso sorprendió que apenas la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer la mayor multa de la historia a Ponce Lerou y a quienes lo habrían ayudado a obtener fondos ilegalmente de la compra y venta de acciones de las sociedades Cascadas, Agnic enviara un oficio perentorio a las AFP para que cuantificaran las eventuales pérdidas por haber invertido en esas empresas. Más aún, advirtió a las AFP que la superintendencia podía cursar sanciones si determinaba que habían faltado al deber fiduciario que obliga la Ley nº20.255, de resguardar los fondos de todos los chilenos, lo que provocó mucho ruido en el mercado.

“La Superintendencia de Pensiones analizó cada uno de los fundamentos que el Administrador de Fondos de Cesantía (AFC) y las AFP utilizaron para estimar los eventuales perjuicios causados a los fondos de pensiones y se concluyó que los criterios utilizados resultan válidos para sustentar las acciones legales que han emprendido o que emprendan en el futuro para obtener las indemnizaciones que correspondan”; explicó Agnic a CIPER. Y agregó: “Lo ocurrido en el denominado caso Cascada no guarda relación con la ausencia de medidas orientadas a favorecer buenas prácticas en las sociedades donde están invertidos los recursos de los fondos de pensiones, propias del ámbito de la Superintendencia de Pensiones, sino que más bien corresponde a un uso ilegítimo de estructuras societarias, lo que no obedece a una carencia legal o normativa, sino a abusos indebidos en el mercado de capitales”.

La defensa de Julio Ponce Lerou presentó en los descargos ante la SVS un estudio de la consultora Montblanc que contradice la tesis pérdidas y, al contrario, habla de millonarias ganancias. En el mercado, en cambio, se llegó a hablar de daño por US$ 70 millones, pero las mismas AFP son enfáticas en aclarar que las cifras podría variar, en la medida que se conozcan nuevos antecedentes a partir de las investigaciones de la SVS o bien, en las causas penales y civiles que están en curso. La aclaración –dicen especialistas– sería una estrategia para no fijar “un techo” a la indemnización que demandan en los tribunales civiles.

Paradójicamente, de cara a la opinión pública han hecho un esfuerzo comunicacional por minimizar el impacto que tendrían las pérdidas sobre los fondos previsionales. El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, aseguró que sólo el 0,1% de la cartera de las AFP está invertida en las sociedades cascada. Habitat hizo lo propio y envió una carta a sus afiliados con el siguiente ejemplo: si un afiliado tiene un millón de pesos en sus fondos, la pérdida no superaría los $232 que de todos modos, se vería compensada por la rentabilidad histórica que ha obtenido la AFP.

Lo que dio pie a la acción de la Superintendencia de Pensiones fue el fallo sancionatorio de la SVS, con multas históricas que alcanzan los US$164 millones, para Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta, Leonidas Vial y Alberto Le Blanc y los gerentes de la corredora Larraín Vial (Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz).  Aunque las irregularidades comenzaron a descubrirse hace dos años y los primeros cargos se presentaron hace uno, hasta antes de que se conociera este fallo el ente fiscalizador de las AFP no había jugado un rol relevante.

Más allá de los montos, lo que está en el mar de fondo es la duda sobre el grado de responsabilidad que tienen las propias AFP al invertir en acciones de empresas que revisten un riesgo por su estructura, aunque legalmente tengan autorización para hacerlo pues han sido calificadas de “aefepeables”. Más aún, cuando el controlador tiene un historial de pugnas con otros inversionistas de sus empresas y cuando venían encendiéndose alertas en el mercado hacía un buen tiempo sobre los conflictos de Julio Ponce Lerou con accionistas minoritarios. Entre otras cosas, éstos han reclamado por la falta participación y de información sobre las decisiones. Como graficó en un seminario el director ejecutivo para Iberoamérica del gigante de las inversiones Blackrock, Axel Christensen: “El que con un niño duerme, amanece mojado”.

Hasta ahora, las AFP no han dado ninguna señal de estar revisando sus criterios de inversión o de que estén investigando puertas adentro las responsabilidades que pudieran tener sus ejecutivos en la decisión de invertir en las cascadas de Ponce Lerou.

Otro punto en cuestión es el control real que ejercieron los directores elegidos por las AFP y qué tan efectiva fue la mano fiscalizadora para velar el cumplimiento del deber fiduciario, que obliga a las administradoras a proteger la jubilación de casi 8 millones de chilenos.

VENDEN BARATO, COMPRAN CARO

A mediados de septiembre llegaron hasta el escritorio de la superintendenta de Pensiones los informes de las AFP. Algunas adjuntaron sendos documentos, con informes metodológicos que avalaban los cálculos de pérdidas asociadas a las operaciones que han sido sancionadas por la SVS. Otros, optaron por hacer presentaciones verbales ante la superintendencia, de modo de que no quedaran registradas por escrito sus estrategias, en el entendido de que están jugando sus cartas en los tribunales, para resarcirse de los daños económicos que reclaman frente a Julio Ponce Lerou y los responsables de las sociedades que participaron del engranaje que sancionó la SVS.

El sistema de cascadas que montó Ponce opera básicamente sobre la base de una empresa productiva (Soquimich) y una serie de empresas de papel (sociedades de inversiones) que invierten unas sobre otras. Desde una sociedad “aguas arriba” en la cascada, Julio Ponce Lerou controla Soquimich, mientras otros capitales, como los que administran las AFP, invierten en las sociedades que se descuelgan “aguas abajo” en la cascada.

En lo esencial, la investigación del ente que regula el mercado de valores estableció que entre 2009 y 2011, operó un esquema –con patrones comunes y reiterados en el tiempo– de operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascada (Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A., Nitratos S.A., Pampa Calichera S.A. y Potasios S.A.), con el propósito de generar ganancias para el principal controlador (Julio Ponce Lerou) en desmedro de los accionistas minoritarios y de las mismas sociedades cascada.

La SVS determinó que para operar este esquema, Ponce Lerou se valió de empresas relacionadas que él mismo controlaba, sociedades con las que mantenía vínculos directos (operadas por Roberto Guzmán Lyon) o que sirvieron al propósito central, en calidad de instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc). Las operaciones fueron intermediadas fundamentalmente por Larraín Vial Corredores de Bolsa.

En opinión de la SVS, existen a lo menos cuatro fórmulas diferentes para calcular las pérdidas que provocó este esquema liderado por Ponce Lerou. Las AFP tomaron principalmente una de ellas, que calcula el sobrecosto que habrían asumido las sociedades cascadas en las transacciones bursátiles cuestionadas. Vale decir, la pérdida ocasionada por vender a un precio inferior al que compraban de vuelta, provocando un perjuicio a las AFP como inversionistas minoritarios.

HABITAT: MÁS PÉRDIDAS QUE GANANCIAS

Fue la AFP Habitat la que abrió los fuegos, denunciando en 2012 ante la SVS irregularidades en la transacción de títulos relacionados con Soquimich y sociedades cascadas. Fue la primera y, hasta el momento, la única que ha seguido la vía criminal para perseguir responsabilidades, de la mano de los abogados Álvaro Morales y Luis Inostroza (ex fiscal). En su informe a la Superintendencia de Pensiones, anuncian que pronto van a sumar una demanda civil para reclamar indemnización por los daños “para lo cual se está preparando la información y documentación requerida”(ver informe Habitat).

Para anclar el cálculo de sus pérdidas –estimadas en $5.941.980.776 (aprox. US$11,5 millones– detallan seis operaciones bursátiles de las que recoge el fallo de la SVS, en que habría operado este esquema para generar ganancias a los controladores de Soquimich y sociedades Cascadas, en desmedro de los inversionistas minoritarios, como las AFP. En todos los casos citados, el método de cálculo es el sobrecosto que asumieron las sociedades cascadas al comprar y vender una determinada acción. Luego, en base a la participación accionaria de Habitat en esa sociedad, estiman el impacto directo sobre los fondos previsionales invertidos en estos papeles.

De acuerdo al reporte de Habitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP –que ocupa el segundo lugar del mercado con 2.086.512 de afiliados– asciende a US$4,5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011. Esta operación es relevante, porque de un lado la AFP gana y del otro pierde, aunque el balance final sea negativo.

La cadena de transacciones se inicia cuando la empresa cascada Oro Blanco vende en marzo 163.000.000 de acciones Calichera-A a $726 cada una, en un remate que se adjudica mayoritariamente Inversiones SQ, controlada totalmente por Ponce Lerou. Un porcentaje menor lo adquiere la sociedad de inversiones Norte Grande, que es la matriz de Oro Blanco.

Ocho meses después, en noviembre de 2011, Potasios –filial de Oro Blanco– compra 137.140.080 de las mismas acciones Calichera-A a quien le había vendido en marzo, Inversiones SQ. El precio de la transacción fue de $1.065 por acción, es decir $339 pesos más de lo que había vendido en marzo. Potasios financió la mitad de esa compra con un préstamo que le hizo la misma vendedora, controlada por Ponce Lerou. Habitat concluye que Potasios pudo haber comprado directamente a su controladora Oro Blanco cuando vendió títulos a $726 por acción, y en cambio “terminó pagando un 46,7% de sobreprecio” a una empresa de Ponce Lerou.

Durante ese mismo periodo, el 4 de noviembre de 2011, Potasios compró de las mismas acciones Calichera-A a Norte Grande a un precio de $1.050 por acción, en un remate a través de la corredora Larraín Vial “en un solo lote y con 23 horas de difusión”. Habitat concluye que, al igual que en el caso anterior, Potasios pudo haber comprado esas acciones directamente a su controladora Oro Blanco, cuando vendía a $726. Sin embargo, terminó pagando $1.050 a la sociedad matriz de Oro Blanco, en una vuelta más larga y cara.

Ese mes se genera una tercera operación del mismo tipo: Potasios compra acciones de Calichera-A a la sociedad instrumental Inversiones Transcorp (controlada por Alberto Le Blanc) a $1.060 la acción, cuando pudo comprarla a Oro Blanco, su matriz, a $726 la acción.

Habitat establece que en total hubo un perjuicio para sus fondos, porque Oro Blanco vendió 163 millones de acciones Calichera-A y luego compró esos mismos títulos (194.763.547 acciones) a través de su filial Potasio a un precio muy superior. En total, la pérdida sería de US$114 millones para la sociedad cascada. Como Habitat tenía en ese momento un 5,45% de la propiedad de Oro Blanco, estima el perjuicio en casi US$5,5 millones. Sin embargo, el otro lado de la medalla son las ganancias que obtuvo Habitat a través de su participación en la sociedad Norte Grande, al comprar a Oro Blanco en $726 la acción mientras que le vendió a Potasios en $1.050 la acción. En ese momento, Habitat tenía un 3,82% de Norte Grande, por lo tanto obtuvo una ganancia de US$1,2 millones.

Sumando y restando, la AFP vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción estima que sufrió un perjuicio neto de casi US$4,3 millones de dólares ($2.132.690.227), considerando que las sociedades cascada en estas operaciones  perdieron aproximadamente US$85 millones.

De acuerdo a Habitat, la pérdida por fondo y los cotizantes afectados se distribuyen así:

Fondo A: $438.718.100  (307.119 afiliados)

Fondo B: $644.789.440  (854.347 afiliados)

Fondo C: $918.655.579  (885.669 afiliados)

Fondo D: $127.458.336  (229.558 afiliados)

Fondo E: $3.068.772  (116.052 afiliados)

OPERACIONES FICTICAS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En la arista penal, la querella de Habitat apunta a quienes hayan tenido participación como autores, cómplices o encubridores en la investigación que lleva adelante el fiscal para delitos de alta complejidad, José Morales. Tomando como referencia los mismos casos que expuso ante la Superintendencia de Pensiones, la querella marca una leve diferencia en los montos del perjuicio para los fondos de pensiones, que en este caso suman US$12 millones en vez de US$11,5 millones.

La administradora apunta a probar que las transacciones bursátiles incurrieron en el delito de realización de operaciones ficticias, que se habrían realizado para fines distintos al interés social de las sociedades cascadas. “Si bien ésta fueron realizadas bajo el amparo de la normativa bursátil, no tenían por finalidad realizar las compras y ventas de que ellas dan cuenta, sino que más bien tenían un objeto oculto, artificioso, ilícito en sí mismo, como es la obtención de un beneficio particular en desmedro de las sociedades cascada”, asegura la AFP en la querella.

Hábitat acusa también uso de información privilegiada en el desarrollo de las operaciones bursátiles mencionadas. “Se obró concertadamente en la realización de las mismas, teniendo conocimiento de información que no había sido divulgada al mercado, relativa a las futuras operaciones de compra y venta de valores, y que influyeron directamente en la cotización de las mismas”, se afirma en el documento.

De momento, sólo esta administradora ha presentado acciones penales, sumándose en este camino a Moneda Asset Management, otro accionista minoritario que reclama un perjuicio a sus inversiones.

CAPITAL: SÓLO SE SALVÓ EL FONDO E

Fue en mayo de 2014 que AFP Capital demandó a Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y ejecutivos de la Corredora Larraín Vial, a quienes la SVS ya había formulado cargos. El escrito presentado en los tribunales civiles fue enviado también a la Superintendencia de Pensiones, estimando en US$6,7 millones los perjuicios netos de los fondos previsionales invertidos en las sociedades cascadas(ver respuestade Capital). El texto notifica a la superintentendenta Tamara Agnic de que están estudiando los antecedentes para una eventual acción penal.

En la misma línea de la demanda civil, el informe de Capital a la superintendencia(ver documento adjuntado por Capital) afirma que sólo los fondos que tuvieron participación en las cascadas desde un inicio de las operaciones cuestionadas pueden adjudicarse daños.  Luego, establece dos fórmulas para calcular los daños para los fondos de los afiliados a Capital. El primero es el diferencial entre el precio a que se compraron acciones ofrecidas en el aumento de capital (y donde los minoritarios no concurrieron) y el precio al que efectivamente compraron en una segunda etapa, con el consiguiente perjuicio por el pago de sobreprecio. El segundo criterio es considerar los dividendos que no percibieron por no contar con las acciones en la oportunidad debida.

En base a la revisión de todas las operaciones donde hubo fondos de Capital comprometidos, la presentación concluye que los daños se distribuyen en cuatro de sus cinco fondos previsionales, como sigue:

FONDO A: $1.666.964.558 (306.107 afiliados)

FONDO B: $1.497.263.420 (646.422 afiliados)

FONDO C: $  584.184.034 (777.573 afiliados)

FONDO D: $  133.163.692 (258.505 afiliados)

EL MODUS OPERANDI SEGÚN AFP CAPITAL

La demanda civil de la AFP Capital, que patrocina el abogado Juan Ignacio Correa, es muy similar a la de Habitat, en el sentido de desmenuzar cinco operaciones de compra y venta de acciones en distintos periodos, para ilustrar el impacto en los inversionistas minoritarios y las ganancias para los controladores de las sociedades cascada, con la complicidad de sociedades vinculadas, relacionadas e instrumentales. En el caso de Capital –que se ubica en el tercer lugar del mercado con sus 1.821.062 afiliados– no solo se habla del pago de sobrecostos por estas transacciones, sino que incorpora otras conductas en este modus operandi que podrían dar pie al pago de indemnizaciones de perjuicios.

La primera figura que dibuja Capital es la “pérdida de oportunidades de negocio” para los accionistas de las AFP. Reclaman que en 2008, 2010 y 2011 los directorios de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron aumentos de capital, que las sociedades cascada no pudieron suscribir en la etapa de opción preferente. Luego se pusieron a disposición del mercado las acciones remanentes de ese aumento de capital y tampoco concurrieron al remate u operación directa, dejando la pista libre para que compraran acciones otras sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales, beneficiando nuevamente a Julio Ponce Lerou y los ejecutivos sancionados por la SVS. Según la defensa de Capital, la transacción ocurrió en un remate en condiciones que “no contaron con la publicidad alineada al objetivo de maximizar la captación de mayores recursos” imponiendo barreras de entrada a la participación de mayor número de inversionistas.

Luego, sociedades que habían comprado ponían las acciones de vuelta en el mercado y las mismas dos empresas cascada compraban de vuelta a un precio muy superior, lo que en opinión de Capital, impidió una oportunidad de negocio que habría beneficiado a las AFP como accionistas minoritarios. Gran parte de estas operaciones de recompra eran financiadas por las sociedades de inversión que controlaba Ponce Lerou (Inversiones SQ e Inversiones SQYA).

Como segundo modo de operar de este esquema liderado por Ponce Lerou, el escrito de la AFP menciona “el sobreendeudamiento y venta de activos accionarios” en perjuicio de los intereses de las sociedades cascada. Capital sostiene que las forzaban a endeudarse o generaban aumentos de capital “sin consideración a un proyecto de inversión conocido o real o simplemente no concurriendo una legítima razón de negocios”, replicando el argumento que contiene el fallo sancionatorio de la SVS. De ese modo, con la presión del sobreendeudamiento se justificaba que se  desprendieran de su propio capital accionario, oportunidad que aprovechaban las sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales para comprar. Pero como estas sociedades cascada no podían perder el control sobre Soquimich, que es el activo que finalmente sustenta toda esta cadena, recompraban al cabo de un tiempo las mismas acciones a un precio superior. El argumento de Capital es que se consolidaba “la extracción sistemática de la liquidez y el detrimento económico ilícito de las sociedades de inversiones cascada, en beneficio de su controlador principal, Julio Ponce Lerou”.

Una tercera conducta irregular que menciona en su demanda la AFP Capital es la “generación de utilidades ficticias”. El mecanismo que cita la venta de acciones a una sociedad cascada relacionada o bien a un tercero, en una transacción que nunca pretendió desprenderse realmente de los títulos, sino generar una recompra a un precio superior. El objetivo: subir el precio del activo de modo de generar utilidades contables que servirían luego para repartir dividendos. Ilustra con ejemplos donde se registran operaciones de venta y recompra en forma casi simultánea, a un precio superior.

CUPRUM, A LA ESPERA

El catastro de la Superintendencia de Pensiones contempla cuatro AFP perjudicadas por la trama que habría encabezado Ponce Lerou –según la SVS– para dañar a las sociedades cascadas, donde tienen invertidos sus fondos estas administradoras. Entre ellas está Cuprum, quinta en el mercado según número de afiliados, con 636.461 cotizantes.

En un escueto documento, la administradora reporta a lo menos US$5 millones en pérdidas (ver informe Cuprum), tomando como base el cálculo que contiene el fallo sancionatorio de la SVS y que estima un daño total de US$300 millones para todas las sociedades cascada. No adjunta documentos explicativos ni desglosn los criterios que tuvieron a la vista para llegar a esa cifra. Solo menciona que “existen otros métodos de cálculo que esta administradora considerará en su mérito en el momento en que se interpongan las acciones del caso”. Es probable que esta AFP haya expuesto verbalmente ante la superintendencia su metodología para estimar los daños, como parte de su estrategia.

Hasta el momento no ha presentado ningún tipo de acción legal, pero según adelanta en el escrito, podría pedir indemnización por perjuicios y está analizando acciones criminales “que pudieran servir como instrumento de apoyo y recolección de mayores antecedentes para una fundada interposición de la demanda civil”.

PROVIDA: “PUEDEN AUMENTAR LOS PERJUICIOS”

Entre las AFP que respondieron la solicitud de informar a la Superintendencia de Pensiones, Provida siguió un modelo diferente para presentar los perjuicios que estima en sus inversiones. Los antecedentes de esta administradora de fondos de pensiones cobran particular relevancia dado que es por lejos la AFP que maneja el mayor número de afiliados: 3.311.650 personas. Sin entregar mayores detalles –los habría entregado verbalmente– agrupa las pérdidas según los tres ciclos que estableció la SVS en su investigación, para separar los momentos en que habría operado el esquema para perjudicar a las sociedades cascada en beneficio de Julio Ponce Lerou y las empresas relacionadas, vinculadas e instrumentales. No analiza operaciones al detalle.

Con insistencia, Provida aclara que la metodología de cálculo es la misma que utilizó la SVS para estimar los perjuicios y que “los montos indemnizables solo pueden ser determinados judicialmente”. Provida presentó una demanda civil, a través de los abogados Enrique Alcalde Rodríguez y Germán Subercaseaux, y en esa oportunidad no especificó montos de perjuicios. En cambio, sí lo hace en su respuesta al oficio de la Superintendencia de Pensiones

En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954 UF  ($4.530.456.282 ó US$7,7 millones).Durante el primer ciclo (2009) reporta un perjuicio avaluado en 43.476 UF ($1.053.553.908 ó US$ 1.8 millones); para el segundo ciclo (2010) estima el monto en 143.478 UF ($3.476.902.674 ó US$5,9 millones) y en el tercer ciclo (2011) Provida determinó que no hubo perjuicio, porque no había inversiones comprometidas en ese momento en las sociedades cascadas (ver informe Provida).

En el documento que hizo llegar a la Superintendencia de Pensiones desglosa estos montos según el impacto que tuvo en cada fondo que administra:

FONDO A: $944.771.971 (430.826 afiliados)

FONDO B: $1.319.947.277 (1.184.283 afiliados)

FONDO C: $1.938.640 (1.549.483 afiliados)

FONDO D: $323.147.055 (482.130 afiliados)

PLANVITAL: INFORME RESERVADO DE MORANDÉ

La AFP Planvital es la única de las cinco administradoras requeridas por la superintendencia que no reportó perjuicios económicos para las inversiones de sus fondos. El informe que remitió a la autoridad señala que sus fondos compraron acciones de Norte Grande en agosto de 2011 y de Oro Blanco entre enero y marzo de 2012 “por lo que no tuvieron exposición a las transacciones entre las sociedades cascadas, vinculadas, relacionadas e instrumentales” del esquema develado por la SVS (ver informe Planvital).

Planvital es la más pequeña de las AFP, con 388.774 cotizantes. Para respaldar la conclusión de su informe, cita un estudio encargado al economista y ex ministro Felipe Morandé, con fecha septiembre 2014. El único hecho que podría salpicar a los fondos de Planvital –y que es mencionado en el informe– es un dictamen que emitió la SVS en mayo de 2012 y que obligó a rehacer los estados financieros de Oro Blanco del año anterior. En ese momento sí tenía acciones comprometidas. Lo que objetó entonces la superintendencia fue que se consignaron en los balances como utilidades contables las utilidades obtenidas por la transacción de acciones entre empresas relacionadas, no mediando un tercero, como exigía la SVS. Al respecto, Planvital afirma que “aquel hecho no habría afectado la trayectoria del precio de la acción”, por lo que los fondos administrados por Planvital tampoco habrían sufrido el daño económico de otros inversionistas.

Aunque la superintendencia no liberó el informe de Morandé, CIPER tuvo acceso a ese documento, donde se detalla la metodología utilizada. Primero, analizó todas las compras diarias que hicieron los fondos de Planvital en acciones de Oro Blanco y Norte Grande. Luego, hizo lo mismo con las ventas de títulos de ambas sociedades. Finalmente, estimó el periodo en que los fondos de pensiones estuvieron expuestos –entre fecha de compra y de venta– y su monto de exposición en cada acción.El segundo paso fue determinar si podía medirse el perjuicio económico con los datos existentes.

La conclusión, tras analizar el detalle de las transacciones con las acciones de Oro Blanco y Norte Grande, es que “no se puede comprobar que haya existido pérdidas económicas”. El informe de Morandé consigna que Planvital vendió todas las acciones que mantenía de Oro Blanco en agosto de 2014, esto es un mes antes de que se conocieran las sanciones de la SVS. En el caso de Norte Grande, la AFP se deshizo de los títulos en abril de 2013, cinco meses antes de que la SVS formulara cargos en este caso.

FONDO DE CESANTÍA

La Asociación de Fondos de Cesantía Solidario (AFC) reportó una participación marginal de su cartera en las sociedades cascada, con un saldo positivo para sus fondos. En el primer caso, informa que tuvo acciones de Pampa Calichera-A, entre el 10 de diciembre de 2009 y el 12 de diciembre de 2010. El precio de compra fue de $856 la acción y el de venta, $870, por lo que no se registraron pérdidas para estos fondos (ver informe AFC).

Para el caso de Oro Blanco, compraron acciones en enero de 2012 y las mantienen hasta hoy. Aun cuando consignan que el precio de la acción ha bajado, mientras no se liquiden no se materializa pérdida alguna.

FUENTE: CIPER