Control de identidad preventivo: ¿Detención por sospecha?

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Carta de Mauricio Duce

02 septiembre 2015Estimado Diputado:

800px-cedula_identidad_chileDurante los últimos meses ha venido promoviendo intensamente en el Parlamento y en diversos medios de comunicación la dictación de un nuevo artículo 85 bis al Código Procesal Penal (CPP) en el que se plantea la incorporación de una facultad policial llamada “control de identidad preventivo”. A grandes rasgos, esta norma facultaría a los policías para solicitar la identificación de cualquier persona que ellos estimen conveniente, sin ningún requisito o exigencia, sino sólo fundados en el propósito de “cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes”. Sin ser completamente clara sobre el punto, la norma permitiría hacer un registro de vestimentas, equipajes y vehículos de las personas cuya identificación es requerida y podría dar lugar a que ellas, en caso de no contar con documentos públicos de identificación disponibles en el momento, sean llevadas y retenidas en recintos policiales hasta por un máximo de ocho horas para efectos de procurar su identificación. En todo caso, procedería este último procedimiento tratándose de personas que se nieguen a acreditar su identidad.

El problema es que los argumentos esgrimidos para justificar esta facultad carecen del más mínimo sustento (empírico, teórico y de derecho comparado) lo que hacen que se trate de una reforma no sólo innecesaria, sino también inconveniente. En efecto, ella no solucionará ningún problema de los que supuestamente la justifican y, en cambio, generará enormes riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de cientos de miles de nuestros ciudadanos y, además, dificultará el necesario proceso de profesionalización y mejora del trabajo policial en nuestro país que debemos enfrentar para avanzar en el objetivo de prevenir y disminuir la delincuencia en forma más eficaz. En pocas palabras, se trata de una medida muy mal fundada, que no se hace cargo de los problemas reales.

Por ejemplo, se argumenta que en la actualidad las policías no disponen de facultades legales preventivas o, al menos, que estas son mínimas. Esto se complementa indicando que, en la práctica, las facultades serían aún más restringidas como consecuencia de un conjunto de problemas interpretativos que aquellas generan en sede judicial. En esta dirección, se sugiere que las policías tienen atadas sus manos frente a la persistente declaración de ilegalidades que harían los jueces de garantía de las detenciones por flagrancia originadas a partir de los controles de identidad.

Todos estos argumentos son incorrectos. La legislación nacional hoy día entrega enormes facultades preventivas a las policías por vía del control de identidad previsto en el artículo 85 del CPP. Este permite a las policías solicitar identificación no sólo en hipótesis en donde existan indicios de que una persona haya cometido, intentado o se disponga a cometer delitos, sino también toda vez que se estime que ellas puedan tener información útil para la indagación de un delito, lo que abre enormemente el ámbito de procedencia del control. Por si fuera poco, a ello se agrega la posibilidad de ejercer este control respecto de toda persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. A ello se suma el que en junio de este año se haya regulado un control de identidad preventivo en la Ley 19.327 (“de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional”) que permite solicitar identificación a cualquier persona una hora antes y hasta tres horas después en el recinto deportivo o sus inmediaciones.

Más allá del debate lingüístico que podemos tener sobre el alcance de estas cláusulas, las cifras del trabajo de Carabineros de Chile muestran que, en la práctica, el uso de esta facultad no es para nada restrictiva. El promedio anual de controles de identidad efectuados entre los años 2011 a 2014 supera los 2 millones. Las cifras disponibles de Carabineros también demuestran que los controles que son objeto de revisión judicial son una proporción mínima (en el mejor de los casos no supera el 5% de su total, pero se trata de una cifra aproximativa por la falta de precisión en los datos) y que de esos controles sólo en un 1,4% se trata de detenciones declaradas ilegales (con lo que menos del 0,1% de los controles generan ilegalidades). En definitiva, el análisis de los datos da cuenta de que el control de identidad previsto en el actual artículo 85 del CPP es utilizado ampliamente por Carabineros sin control intenso de parte de los tribunales. También nos muestra que, cuando se ejerce dicho control, los jueces muy mayoritariamente validan su legalidad. Finalmente, a ello hay que agregar que la jurisprudencia de tribunales superiores da cuenta de que se ha interpretado esta facultad de una manera bastante favorable a su uso por parte de los cuerpos policiales.

Lo invito con esta carta a tener un debate serio (entre otras cosas, que cuente con buenos fundamentos empíricos y no se base sólo en intuiciones o percepciones) que nos permita identificar en dónde están las carencias en nuestro sistema para prevenir y perseguir eficazmente a la delincuencia en nuestro país y cómo ellas podrían resolverse con normas que equilibren adecuadamente los valores en juego. Pretender resolver estas carencias por vía de establecer una norma al CPP tan deficitaria y con tan poco fundamento como la de control de identidad preventivo no es la vía adecuada.