Dávalos, la UDI y el descaro de la élite

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A_UNO_043427-960x623-723x364Aunque el préstamo de $6.500 millones gestionado por Sebastián Dávalos – hijo mayor de Bachelet y que desempeña el rol de “primera dama” al interior del Gobierno – directamente con Andrónico Luksic no es comparable con los casos de corrupción que afectan a la UDI – mientras lo primero es tráfico de influencias, lo segundo se trata de cohecho y fraude –, ambas situaciones son gravísimas y, por involucrar dinero y política, evidentemente tienen aristas comunes. Una de ellas, sin duda la más grave, pues pone en jaque a nuestra democracia, es el origen del descaro con el que actúa la élite a la hora de incurrir en actividades que traspasan los límites de lo éticamente aceptable o, derechamente, de lo legal.


La única solución pasa por una efectiva descolonización empresarial de la política, en la que se marquen claramente los límites y se castigue cualquier tipo de coqueteo entre política y dinero. ¿Será capaz nuestra actual clase dirigente de cortar el “cordón corporativo” si esto implica atentar en contra de los privilegios que le entrega su estatus de clase o será necesaria la intervención de una fuerza política nueva que no cuente con los vicios de las actuales?

Cuando revisamos las reacciones de la UDI y las de Dávalos y Compagnon ante las situaciones que enfrentan, vemos que no existe ni una gota de arrepentimiento: el círculo más cercano al hijo de la presidenta asegura que Dávalos considera que el préstamo “no es tema” y en la UDI insisten en referirse a los delitos investigados como “errores”. Pero lo peor no es esto. Lo peor es el descaro previo con el que se ejecutan las acciones hoy cuestionadas: los parlamentarios de la UDI no tuvieron cuidado alguno en pedir dinero, o gestionar acciones para favorecer a sus financistas, mediante correos electrónicos – es muy improbable que no supieran que estaba quedando registro de sus conversaciones con los mandamases de Penta – y Sebastián Dávalos jamás pensó en mantener en secreto su reunión con el presidente del Banco de Chile. Queda claro que no hubo falta de pulcritud, sino desfachatez. Pero, ¿cómo es posible que actúen de esta forma si existe el riesgo inminente de que alguna situación salga a la luz pública? Simple: el poder los blinda de las consecuencias, facultándolos para actuar de esta forma. Es más, la relación entre política y dinero está naturalizada de tal manera en nuestro sistema político que la élite no ve riesgo en su eventual revelación; después de todo, se han constituido como clase y asumen que la ciudadanía, sin importar cuán descontenta esté con su gestión, la seguirá percibiendo – influenciada por sus medios afines, claro está – como un mal necesario.

El origen del descaro de nuestra élite política, entonces, es la comodidad que otorga el hecho de haberse transformado en una clase social producto de la fusión entre el poder económico y el político. Por eso, los penosos ruegos de la UDI a Penta o los negocios del “primer damo” no se ocultan; no hay motivo para aquello. Mientras ostenten el poder, la continuidad la entregará el dinero, no la aprobación popular o la calidad de la gestión.

El problema para nuestra democracia debiera resultar evidente a estas alturas, pues la situación antes descrita, dada su profundidad, no se soluciona con renuncias, declaraciones patrimoniales atrasadas o mediante alguna disculpa pública forzada. Mientras el empresariado siga viendo en la política una inversión y mientras la clase dirigente continúe actuando de brazo político de sus inversionistas, nuestro sistema devendrá inevitablemente en plutocracia y corrupción. Peor aún, situaciones como éstas, en las que se evidencia tan claramente la desigualdad – no cualquier persona puede obtener un “raspado de olla” de una empresa o una reunión con el presidente de un banco para solicitar un préstamo – sólo aportan a hacerla cada día más insoportable y, como advierte Piketty y otros economistas, esto es una poderosa fuerza desestabilizadora.

Lo anterior indica que la única solución pasa por una efectiva descolonización empresarial de la política, en la que se marquen claramente los límites y se castigue cualquier tipo de coqueteo entre política y dinero. ¿Será capaz nuestra actual clase dirigente de cortar el “cordón corporativo” si esto implica atentar en contra de los privilegios que le entrega su estatus de clase o será necesaria la intervención de una fuerza política nueva que no cuente con los vicios de las actuales?

Álvaro Muñoz Ferrer

VIA:elquintopoder