El tira y afloja de Punta Peuco

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punta-peuco—Activistas exigen el cierre del penal, en el gobierno aún no se ponen de acuerdo si lo harán o no; duro escenario para la nueva subsecretaria de DD.HH.

Daniela Pizarro Amaya/El Siglo

——–Hace un par de meses comenzó la ofensiva de la derecha en contra de los derechos humanos, específicamente, a favor de la liberación de los criminales apresados en el penal Punta Peuco, campaña que en primera instancia contó con presentaciones de distintos proyectos de ley que apuntaban a la edad y a las enfermedades de los reclusos, como motivos de liberación, junto con ello los llamados al “perdón” y a la “compasión” del sacerdote jesuita Fernando Montes y con la intensa agenda que desplegaron parlamentarios derechistas que incluyó reuniones con la Presidenta y ministros para persistir con la impunidad.

Actos que contaron con la complicidad de la Tercera Sala de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, esta última acogió el recurso de protección que abre la puerta para que quede en libertad vigilada el ex brigadier de Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, además otorgó el beneficio de excarcelación al ex coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt, uno de los responsables del “Caso Degollados”.

En tanto, la Tercera Sala de la Corte Suprema en junio le entregó la libertad a José Fuentes Castro, otro de los responsables de las sangrientas muertes de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Y al coronel en retiro Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, quien participó el 12 de septiembre de 1973 en la intervención de la empresa textil “Sumar” del denominado “Cordón Vicuña Mackenna”.

Frente a ello, persiste el llamado de organizaciones y activistas de derechos humanos por terminar con los beneficios para criminales de lesa humanidad y con el cierre de la cárcel de Punta Peuco, por ellos desde hace varios meses todos los viernes familiares, agrupaciones, artistas y distintos gremios marchan en el bandejón central de la Alameda al frente del Palacio de La Moneda, para exigir el cierre del penal.

Tras la conmemoración de los 43 años del golpe de Estado, a las voces ciudadana, se sumó la de la senadora socialista, hija del Presidente Salvador Allende y precandidata a la presidencia, Isabel Allende, quien en medio del acto que homenajeaba a su padre, indicó que “alguna vez espero que este gobierno, mi gobierno, va a cerrar Punta Peuco, espero que cumpliremos con eso” y agregó que “yo espero que una vez que esté preparado Colina se cierre Punta Peuco”.

El pedido se escuchó en La Moneda, donde salió al paso el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien aseguró que el cierre “no está en este minuto la posibilidad de hacerlo”, además añadió que “los presos que están ahí no tienen ventajas respecto de otros penales”, y justificó que “mientras la situación financiera sea la que es, va a haber que esperar”.

Dichos que fueron refutados por el ministro del Interior, Mario Fernández, quien sostuvo que “decisiones de ese tipo, en primer lugar, corresponden al Ministerio de Justicia. Y en segundo lugar, en materias de ese tipo hay dos consideraciones que hacer. Una consideración de tipo político y una consideración de tipo infraestructural o de recursos. Ahora, en tercer lugar, me preguntan cuándo. Dependerá de estos aspectos que acabo de señalar y mal puedo señalar una fecha para eso”.

Y destacó que “no hay nada que descartar”.

Sin embargo, el titular del Interior, cuando se reunió con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en junio, prometió tenerles una respuesta con respecto a este tema en agosto, respuesta que no llegó, según comentó a El Siglo la presidenta de ese colectivo, Lorena Pizarro.

Señaló que “nos reunimos con el ministro del Interior el 1 de julio, nos prometió respuesta para el 1 de agosto y hasta el día de hoy no hay respuesta de aquello”.

Asimismo, cuando Carmen Gloria Quintana -víctima de la dictadura, que fue quemada viva por uniformados, junto a Rodrigo Rojas Denegri, quien falleció tras ese ataque- se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet, en dicha instancia hubo un compromiso por parte de la mandataria en cerrar el recinto carcelario en este gobierno.

Hace una semana la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) llevó una carta al Palacio de Gobierno, dirigida a la jefa de Estado, donde le solicitaron cumplir con “el compromiso de cerrar el penal de Punta Peuco, una clara condición de privilegio, comparada con el resto de las cárceles del país, siendo además una de las tantas caras de la impunidad que resultan inaceptable”.

Se pronuncian desde la Cartera del Interior, con dudas e imprecisiones, acto seguido, le dejan la decisión al Ministerio de Justicia, finalmente la única que debe y que puede tomar la decisión es la Presidenta de la República.

La impunidad que persiste

La presidenta del Espacio de Memorias Londres 38, Erika Hennings, en entrevista con El Siglo, señaló que si bien es importante que se cierre Punta Peuco, planteó que también es relevante terminar con los beneficios para los reos.

Manifestó que “nosotros nos preguntamos si se cierra Punta Peuco qué va a pasar con los proyectos parlamentarios que están tratando de impulsar los beneficios, o sea, estando en Punta Peuco o en Colina, eso seguirá andando y eso es una preocupación mayor”.

“Eso es un tema más de fondo que ayuda a la impunidad, no obstante sabemos que Punta Peuco es una cárcel que cuenta con condiciones de regalía, diferentes a las de la población penal común y eso nos parece una injusticia”, recalcó la activista.

El primer proyecto parlamentario que busca terminar antes de tiempo con los castigos para los violadores de derechos humanos, fue presentado en el Senado el 8 de junio por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Eugenio Tuma (PPD) y Lily Pérez (ex RN). La iniciativa permitiría la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas. El proyecto no establece límite de edad, ni tiempo mínimo de condena cumplida.

Las otras dos mociones fueron presentadas por los senadores Francisco Chahuán (RN), Iván Moreira (UDI) y Baldo Prokurica (RN), y apuntarían a establecer modificaciones a los articularlos 86 y 87 del Código Penal. Estas enmiendas permitirían consagrar el cumplimiento alternativo de las condenas cumplidas por los adultos mayores y de personas que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal.

Por ello, Lorena Pizarro recalcó que “hoy el Senado se atreve a buscar rasgos de humanidad en quienes no lo tienen. Es muy grave que en Chile se pretenda trasladar la demanda de justicia que tiene esta organización y trasladarla a una lógica de venganza. Lo que pedimos es verdad y justicia a aquellos que están condenados, hoy exigimos que vayan a una cárcel común”.

El diputado comunista Daniel Núñez indicó que “hoy en chile se están aplicando una serie de beneficios que va a implicar que muchos de estos violadores a los derechos humanos salgan libres, quienes en todos estos años nunca han dicho la verdad, nunca han asumido su responsabilidad. Por lo tanto, la exigencia de que no tengan ningún beneficio carcelario, que cumplan la pena efectiva, la exigencia de que realmente en país tengamos justicia plena y verdad sigue estando plenamente vigente”.

El aporte del Ejército

En Chile se ha logrado enjuiciar solo a algunos de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones, en su mayoría ex miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de las dificultades que las instituciones castrenses han impuesto con los pactos de silencio, colaborando poco y nada, más bien tapando una verdad que sale a gritos.

El cuestionamiento a ese comportamiento llevó al Comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, anunciar un informe que demostraría los transparente y colaborador que ha sido el Ejército en estas materias, dicho informe que detallaría una a una las verdades confesadas sería expuesto en diciembre del 2015, pero hasta la fecha no hay ni un solo documento.

En ese contexto, en entrevista con El Siglo, la presidente de la AFDD, subrayó: “yo le diría al general (Humberto) Oviedo que más bien realice acciones concretas que demuestran que ellos van a colaborar con las investigaciones judiciales, como primero punto, que envíe una carta pública para toda la plana mayor del Ejército de Chile exigiéndoles que entreguen toda la información que tienen”.

“Le diría que abran los archivos que están en la Dicomcar (Dirección de Comunicaciones de Carabineros), para que de una vez se conozca la verdad de lo que ocurrió y el nombre de los responsables. Le diría que cambie el nombre de la biblioteca de la Escuela Militar que se llama Augusto Pinochet y le pongan general Carlos Prats y que señalen que los golpistas son una deshonra para el Ejército de Chile”, dijo Pizarro.

Y añadió que “ahí recién vamos a poder hablar de un Ejército y de unas Fuerzas Armadas en general que están empezando a colaborar”.

La apuesta de Lorena Fries

Abogada de la Universidad de Chile y Master en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Hasta el 1 de julio de 2016, y durante 6 años, estuvo al frente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): Lorena Fries asumirá como la primera subsecretaria de Derechos Humanos.

Tras el anuncio Fries dijo que “es un gran desafío, me siento muy honrada por el nombramiento y la confianza que ha depositado en mí la Presidenta”. Añadió que “según lo que entiendo, el 2 de enero se echa a andar (la Subsecretaría de Derechos Humanos) y, por lo tanto, este periodo se trata de hacer el plan de trabajo”.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, comentó que “sabemos de la noticia de que Lorena Fries será la nueva Subsecretaria de Derechos Humanos y esperamos que haya una buena gestión, una preocupación por estas materias sobre todo cuando estamos viendo que quieren dejar libres a quienes degollaron a compatriotas nuestros o a criminales terribles como Miguel Krassnoff”.

Desde la UDI criticaron el nombramiento. Juan Antonio Coloma, diputado del partido de derecha, atacó diciendo que “es lamentable (lo de Fries) porque ha sido una persona que durante su época de directora del INDH, se dedicó más a ser una activista política que alguien encargado de velar por el tema de los derechos humanos”.

Gustavo Hasbún, declaró que “ella fue una defensora de los derechos de los violentistas y nunca tuvo una actitud parcial con el tema de los derechos humanos. Siempre atacó a Carabineros, incluso ejerciendo acciones legales en contra de quienes tienen la misión de resguardar la seguridad”.

Según el diputado socialista, Juan Luis Castro, la postura gremialista, demuestra “una vez más, como lo han mostrado siempre, total negativa para defender derechos humanos en Chile”.

“Lorena Fries hizo una excelente gestión mientras se desempeñó como Directora del INDH, denunciando y resguardando los derechos de las personas, incluso bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Es por ello que tengo la impresión de que eso es precisamente lo que le duele a la derecha”, agregó el jefe de la bancada socialista.

En tanto, Erika Hennings, recalcó que “ojalá esta nueva entidad y Lorena Fries, en esepcial, pueda avanzar junto al Ministerio de Justicia, en las legislaciones que terminen con la serie de beneficios que los criminales de lesa humanidad persisten en conseguir y se puedan cumplir las condenas en su totalidad”.