“Enfrentamos la más grande intervención estatal en la economía y la democracia, desde la dictadura. Y lo hacemos sin datos, sin entender las decisiones que se toman”

Spread the love

La directora del Observatorio Fiscal desmenuza las amenazas y las oportunidades que tenemos, cuando nuestro pasado es el 18/O, el presente es el Covid-19 y el futuro probable, una fuerte recesión. Cree ver a las grandes fortunas con disposición a hacer cambios estructurales, pero piensa que los gerentes pueden ser un escollo, pues sus intereses están alineados con ganancias de corto plazo. Sugiere que el Estado condicione la entrega de recursos a las empresas que lo necesiten, a cambio de que abandonar los paraísos tributarios. Y estima que debemos pensar en serio en  alguna variante del Ingreso Básico Universal porque muchos de los empleos que hoy desaparecen serán reemplazados por algoritmos. Ve un Estado más presente, en múltiples áreas, lo que puede ser bueno; su temor es que se haga costumbre lo que hemos visto en la crisis sanitaria: un manejo poco claro de la información que no da certeza de que las restricciones a la libertad tienen una razón médica y no esconden motivos políticos.

Jeannette von Wolfersdorff, directora del Observatorio Fiscal, piensa que la pandemia dejó suspendido el estallido social de octubre y le dio una oportunidad a la elite político-económica de generar cambios estructurales que ofrezcan un mejor país. Le preocupa, sin embargo, que algunos sectores ven al COVID-19 de un modo distinto: como la oportunidad de dejar para el próximo gobierno todo lo que les incomoda, partiendo por el plebiscito. Si esa mirada se impone, piensa Wolfersdorff, corremos el riesgo de un estallido peor que el 18/O.

Pero el uso político del coronavirus tiene una segunda arista más preocupante. La amenaza sanitaria ha permitido que el Estado intervenga en nuestra vida como nunca antes, desde la dictadura: suspensión de clases, cierres de comercio, prohibición de reuniones públicas. ¿Cómo saber si esas decisiones están justificadas? “El gobierno tiene la responsabilidad de mostrar que sus decisiones sanitarias, que afectan las libertades, se basan en evidencia”, dice. Establecer ese principio es central no solo para esta circunstancia. La crisis económica que viene requerirá un Estado más fuerte, que intervenga más. La democracia correrá un gran riesgo si no le exigimos desde ya que informe al detalle las razones de las decisiones que toma.

-Partamos por la crisis que viene ¿Cuáles son los datos que más preocupan?

-En primer lugar, la estimación del déficit. Según el informe de la Dirección de Presupuestos, el gasto para este año será de $54 billones y nuestros ingresos, $38 billones. Esto es, $16 billones de déficit, lo que implica 8% del PIB de este año. Esto es gigante: equivale al gasto anual de los ministerios de Salud, Interior, Vivienda y del Poder Judicial, en su conjunto. De cada 10 pesos que gastamos, tres no están financiados y por lo tanto habrá que vender activos o endeudarse. Es una cifra muy alta, que hace urgente que el Ministerio de Hacienda revise el gasto público y reasigne, tal como lo han anunciado.

Veo una disposición distinta en la elite; al menos una conciencia en el sentido de que, sino cedemos poder, el estallido social se va a producir por la mayor pobreza. Y ese estallido, en el marco de una crisis económica, puede ser aún peor que el que tuvimos en 2019.

-La economista Andrea Repetto dijo que el gobierno tenía que gastar más en la protección de los trabajadores y que si había que endeudarse, pues había que hacerlo. ¿Qué piensas?

-Creo que, con los actuales números, no es tan sencillo endeudarse. Y hay que pensar en las próximas generaciones, porque endeudarse teniendo un 30% del gasto no cubierto es hipotecar su futuro. Entonces, antes de hacer eso, revisemos el gasto. Me parece que cuando las prioridades del país son tan distintas a un año atrás, reasignar un 10% del gasto es razonable. Por ahora, lo que está estudiando el gobierno no se acerca a eso: se habló solo de US$ 2.500 millones en reasignaciones.

-¿Reasignar es eliminar gasto?

-Es eliminar gastos y programas mal evaluados para aumentar el gasto en áreas prioritarias. Significa priorizar el gasto de forma distinta.

Como Observatorio hemos identificado que la mitad del gasto público se destina a programas fundamentales; pero la otra mitad, no se sabe. Para mí es escandaloso que la mitad del gasto público no sea captado por programas. En esta opacidad se esconden muchas injusticias.

-¿Las personas que se manifestaron en octubre y que querían más gasto público tendrán que asumir que eso no va a ser posible, que incluso el Estado deberá gastar menos?

-No se trata de menos Estado, sino –tal como lo muestra el presupuesto expansivo- también de “más Estado”. Pero eso no tiene mucho sentido sin un “mejor Estado”. El estallido social tuvo dos orígenes: una economía muy concentrada, con demasiado riesgo y abuso de poder; y, por otro lado, un Estado que crece pero no entrega beneficios a la ciudadanía, porque una parte de los recursos los absorbe el Estado mismo. El punto es que hay que ver bien qué hace el Estado: qué funciona y qué no. Como Observatorio hemos identificado que la mitad del gasto público se destina a programas gubernamentales; pero la otra mitad, no se sabe. Para mí eso es escandaloso. En esta opacidad se esconden muchas injusticias.

Eres experta en gasto público. ¿Cuánto del déficit que tenemos es posible de cubrir eliminando este gasto injusto?

-Es difícil dar un número, porque no solo hay que eliminar gastos ineficientes, sino también gasto que en esta situación actual, no es prioritario. Si apuntamos que un 10% del Presupuesto podría reasignarse, debemos pensar que las reasignaciones que actualmente están considerados por Dipres, podrían crecer más de 2,5 veces. Ahora, pensando en la necesidad de seguridad social, es claro que también vamos a tener que conseguir más ingresos con impuestos a los más ricos. Pero hay un imperativo ético también en lograr un financiamiento balanceado. No se puede hipotecar el futuro de las nuevas generaciones y pedir más recursos a los más ricos, sin tener un debate igualmente intenso para revisar las ineficiencias e ineficacias del gasto.

-¿Qué gasto hay que revisar?

-Las compras públicas. Los objetivos del gasto. Las remuneraciones de funcionarios en relación con sus funciones (ver recuadro). El gasto en Defensa…

-¿La compra de armas, las pensiones?

-Es el momento de revisar el sistema previsional de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Es discriminatorio e injusto que tengan un sistema tan distinto al de la mayoría de los chilenos. No hay justificación para ello. Hay que analizar, además, cuántos uniformados pensionados son recontratados por la misma institución y reciben varios sueldos a la vez. Es un sistema que, tal como se gestiona hoy, se presta para el abuso. Lo mismo el sistema de bienestar de las Fuerzas Armadas. Algunos aspectos de este sistema: los viajes, viáticos, regalos, han salido a la luz con las investigaciones judiciales recientes. Hay una enorme falta de supervisión, monitoreo y de control civil a los fondos que manejan las Fuerzas Armadas. Parece como una república aparte.

INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

-¿Qué otro número económico preocupa hoy?

-El desempleo, que está bordeando el millón de personas, con un aumento de 300 mil, desde inicios de marzo. Creo que para pensar en el mediano plazo sobre este problema hay que tener en cuenta lo que han mostrado diversos estudios, por ejemplo la Consultora McKinsey: el COVID-19 está reforzando el avance de la automatización. En EE.UU., los datos muestran que hoy, los que primero están perdiendo sus empleos son los que ya estaban viendo amenazados sus trabajos por algoritmos y robots. Entonces, la crisis actual está acelerando la cuarta revolución industrial y la automatización ¿Qué significa para Chile? Bueno, antes del COVID-19 se estimaba que más del 40% de los empleos estaba en riesgo. Pero el problema se veía lejano porque había resistencia de los sindicatos. Por ejemplo, en Walmart hubo una huelga por este tema. Pero hoy esos cambios se están haciendo sin resistencia; se han vuelto políticamente viables. Es probable que las personas que hoy pierden su empleo, cuando termine esta crisis, no lo encuentren de vuelta.

Creo que es el momento de revisar el sistema previsional de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Es discriminatorio e injusto que tengan un sistema tan distinto al que tiene la mayoría de los chilenos. No hay justificación para ello.

-Para entonces muchas se habrán gastado su seguro de desempleo en financiar su cuarentena.

-Sí. Eso hace urgente que empecemos a pensar en ingresos básicos universales, es decir en ingresos que reciben los ciudadanos aunque no trabajen. Tenemos que hacer ahora los cálculos para estimar los escenarios y las fuentes de financiamiento; no cuando le gente esté sin trabajo.

-Los críticos de esa idea dicen que la gente pierde el incentivo para trabajar.

-Hay que examinar la evidencia. Conozco experimentos que se han hecho en Alemania con ingreso mínimo asegurado (veo por ejemplo el libro “WaswürdestDu tun? De Michael Bohmeyer y Claudia Cornelsen); las personas no se echan en el sofá ni se convierten en seres pasivos. La gente invierte en sí misma; deja trabajos precarios y empieza a estudiar; invierte en su dignidad.

Jeannette Von Wolffersdorff

 

LA ELITE Y LA AMENAZA DE UN PEOR ESTALLIDO

Wolfersdorff también teme que esta crisis, igual que la de 2008 termine concentrando aún más a  los mercados y que empresas grandes como Amazon o Walmart terminen comprando a los medianos y a los grandes. Es muy importante regular mejor a estos gigantes, y fijar las reglas ahora”.

-Si hemos fracasado en controlar la concentración de grandes empresas, no me parece que podamos controlar gigantes.

-Estoy de acuerdo, pero me parece esperanzadora la invitación que hizo Bernardo Larraín en un foro de la Universidad Adolfo Ibáñez. Propuso construir un relato país para no volver a una realidad peor a la que teníamos antes del estallido social. Su propuesta es armar una gran matriz con los desafíos que tiene pendiente nuestro país en lo económico, en los temas sociales, en el Estado. Y ver qué de eso se soluciona con acción estatal, desde la sociedad civil y desde la empresa. Para mí el cambio del momentum es que tenemos que exigir a las empresas que hagan cosas medibles, con compromisos claros y transparentes.

-Hace unas semanas, el cientista político Juan Pablo Luna decía que la elite estaba nostálgica del modelo perdido. ¿Te parece que ha cambiado y está dispuesta a hacer reformas estructurales?

-A lo mejor parezco demasiado optimista, pero veo una disposición distinta; al menos una conciencia en el sentido de que, sino cedemos poder, el estallido social se va a producir por la mayor pobreza. Y ese estallido, en el marco de una crisis económica, puede ser aún peor que el de 2019.

Hay que analizar cuántos uniformados pensionados son recontratados por la misma institución y reciben varios sueldos a la vez. Es un sistema que, tal como se gestiona hoy, se presta para el abuso (…) Hay una enorme falta de monitoreo y de control civil a los fondos que manejan las Fuerzas Armadas. Parece como una república aparte.

-Entonces ¿hay espacio para avanzar hacia un “relato país” porque la elite piensa que puede venir un estallido más fuerte?

-Me parece que los cambios culturales no se pueden producir de un momento a otro. Pero las guerras modifican a las personas y pienso que hoy tenemos una situación parecida a una guerra, con un enemigo en común, el COVID-19. Creo que lo positivo es que tenemos el conflicto social en suspensión y eso nos da la posibilidad de enfrentarlo de una forma distinta.

-¿Sería un fracaso si, después del coronavirus, el conflicto social volviera al nivel que tuvo en noviembre?

-Pienso que sería un gran fracaso de la elite no solucionar el conflicto hoy, cuando está en suspenso. Esta es la oportunidad que tenemos de buscar soluciones. Cuando Bernardo Larraín pone por escrito compromisos, aunque todavía no sabemos cuán profundos van a ser, muestra que están dispuestos a enfrentar el desafío social, el de la Cuarta Revolución Industrial y  la reforma estructural. Eso, antes del COVID-19, no se veía. Ahora hay propuestas concretas: hay compromisos estructurales por escrito, entendiendo que todos tienen que ceder. Lo que falta entonces es un gobierno convencido de que hay que negociar esos temas. El gobierno tiene que ser protagonista en esta crisis; tiene que exigir a las empresas y preparar la nueva economía, porque no podemos seguir con una economía tan contaminante, tan poco humana. No podemos “re” construir la economía de antes. Y si se ocupa gasto público para apoyar a empresas en el marco de la crisis actual, con más razón, hay que exigir una sostenibilidad y equidad distinta.

GERENTES

Así como Wolfersdorff ve cierta disposición de las grandes fortunas a desarrollar planes país de largo plazo, también tiene dudas de que estos puedan llevarse adelante sin que se alineen los intereses de la capa de gerentes y mandos medios. Ese engranaje esencial de las empresas tiene sus incentivos puestos en generar utilidades trimestre a trimestre. Los proyectos que implican redistribuir ahora, para tener beneficios en 5 o 10 años, no tienen sentido para este grupo.

-Este es un tema muy importante, sobre todo en los gremios empresariales, donde el accionista mismo participa muy poco. Las empresas mandan a sus gerentes, sub gerentes y jefes y eso hace que los gremios históricamente hayan avanzado re poco, porque los dueños no le toman el peso a los desafíos más importantes de la sociedad. Además, está el desafío de que los gerentes tengan los incentivos adecuados también. Según los datos del Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones, que evalúa los gobiernos corporativos, la mayoría de las empresas en Chile no tiene alineados los incentivos gerenciales con los de largo plazo. Esto coincide con la encuesta de la Bolsa de Santiago, “La voz del mercado”: sólo un 26% de los consultados reconocía que los incentivos de los gerentes están alineados con factores no financieros. Me parece que ahí hay una explicación para la forma en que las empresas tratan a las personas, al medio ambiente. Si el directorio de una empresa quiere avanzar hacia una economía circular, no van a poder hacerlo si el gerente no tiene alineado sus incentivos con estos factores. Porque si el bono del gerente es sobre el EBITDA del 31 de diciembre, difícilmente va a dedicar mucho tiempo a pensar en los próximos 10 años.

El COVID-19 está reforzando el avance de la automatización. Hoy, los que primero están perdiendo sus empleos son los que estaban viendo amenazados sus trabajos por algoritmos y robots. La crisis actual está acelerando la cuarta revolución industrial y la automatización.

¿AYUDAR A LAS EMPRESAS?

-Varios países han anunciado que no ayudarán a empresas que tributan en paraísos tributarios ¿Te parece eso adecuado para Chile?

-Me parece razonable lo que dijo el ministro de economía danés: que nadie puede pedir ayuda a la sociedad danesa un día y luego darle la espalda y llevarse sus ganancias a un paraíso fiscal. Pero creo que la solución es un poco más compleja que cerrarle la puerta a empresas que tienen sedes en paraísos fiscales. Porque queremos que haya el mínimo de quiebras posibles; y también queremos evitar que el rescate del Estado (que es dinero de los contribuyentes chilenos) termine siendo retirado en un paraíso fiscal. Pienso que negociar estos rescates para lograr que las empresas vuelvan a tributar en Chile Aún más, creo que también ha llegado el momento para negociar transparencia en los impuestos que pagan todas las grandes empresas. Como en Australia, donde todas las empresas grandes muestran cuánto tributan, y se incentiva que eso sea la práctica en empresas medianas también. Eso me parece justo y un cambio estructural hacia el cual deberíamos avanzar. El desafío no debe ser castigar a las empresas, sino que la economía no se hunda. Y avanzar hacia un cambio estructural.

-El economista Ramón López escribió en CIPER que los dueños de estas empresas debieran salvar sus negocios con créditos sobre sus propiedades. ¿Qué piensas de eso?

-Eso sería ideal. Pero las empresas existen porque hay un límite de responsabilidad financiera entre sus dueños y las firmas. Entonces no son lo mismo. Yo propongo otra perspectiva: si una empresa grande debe ser rescatada, que el Estado se haga partícipe del capital de la empresa, como accionista. Lo vimos recién con la aerolínea alemana Lufthansa. Me parece un paso interesante, además, en la dirección de un fondo ciudadano. Así después, cuando se recupere la economía, tendríamos un fondo desde el cual podrían pagarse dividendos a los ciudadanos, por ejemplo en la forma de ingresos universales, en un esquema de pre-distribución y no sólo de re-distribución de capital.

ABRIR LA INFORMACIÓN

El pasado viernes el Instituto Milenio de Fundamento de Datos IMFD congeló su participación en la mesa de datos del COVID-19 debido a que el Ministerio de Salud no entregaba la información necesaria para saber qué está pasando con la enfermedad (ver columna en CIPER). Para Wolfersdorff esto es una muy mala señal.

-Aunque el gobierno parece tener cierto éxito en el control de la crisis, su política se basa en un manejo poco participativo de la información. Y eso es grave porque estamos enfrentando la más grande intervención estatal en la economía y en la democracia desde la dictadura. Y la estamos enfrentando sin datos y, por lo tanto, sin entender las decisiones que se toman. Tal vez las decisiones son correctas, pero hay un riesgo enorme para el sistema democrático en la discrecionalidad, en la forma poco abierta de tratar los datos. Es necesario que se comparta el máximo de datos para mostrar que el enfrentamiento de la crisis sanitaria no se hace con beneficio político; porque sabemos que podría ser usada de esa manera. En todas las crisis la gestión de información es importante. Pero en esta lo es aún más, porque el COVID-19 mantiene en suspenso la crisis del estallido social.

-¿Tienes desconfianza de la cifra de muertos que ha entregado el gobierno?

-Creo que son pocos. Sin embargo tengo serias dudas de qué significa exactamente tener 17 o 18 mil casos positivos. En qué estado están, dónde están, ¿cómo están? ¿En cuarentena o algún tratamiento intensivo (más allá de lo que entregan los actuales datos que muestran la ocupación de camas hospitalarias)? ¿Hay alguna clasificación para entender la gravedad de estas personas? Esto es importante desde el punto de vista sanitario, pero también porque si el gobierno no acompaña con datos claros las medidas que adopta, se puede pensar que las razones quizás también son políticas. Estoy pensando en restricciones a la libertad de reunión y en la idea de posponer el plebiscito. Si abriera estos datos por ejemplo se podría entender que la apertura parcial de la economía obedece a la misa data y los mismos cálculos y criterios que la restricción de actividades cívicas; también podríamos entender mejor la proporcionalidad de las medidas. A partir de los datos que entrega el gobierno, no entiendo el nivel de gravedad de esta enfermedad en Chile.

Es probable que la gente que hoy pierde su empleo, cuando termine esta crisis, no lo va a encontrar de vuelta.

-Una investigación del Observatorio mostró que si bien el Presidente dijo que el gobierno se estaba preparando para el COVID -19 desde enero, las primeras compras se hicieron en marzo. Hay razones para desconfiar.

-Las comunicaciones del MINSAL partieron con el pie izquierdo, con el arriendo del Espacio Riesco; cuando nosotros analizamos los datos de Mercado Público, ese gasto no aparecía. Y tampoco se aclaró si fue una donación, o cómo se rindió cuenta. Dicho esto, pienso que puede haber una suma de razones por las que no han abierto los datos sanitarios. Puede haber problemas técnicos o legales, problemas relacionados con la calidad de los datos, o problemas administrativos para recogerlos. Si eso es así, debería sincerarse. Pero eso requiere de la humildad de reconocer que hay un nivel en que el gobierno tampoco entiende la epidemia y no tiene control sobre la situación actual en Chile.

-Algunos funcionarios se sienten atacados cuando se les piden datos.

-Sí, les parece un cuestionamiento. Como contraejemplo me gustaría citar al ministro Ignacio Briones, quien, cuando recibió el llamado de transparentar más el gasto en relación con la crisis económica, inmediatamente dijo que se iba a encargar de eso. En cambio la actitud del Ministerio de Salud ha sido absolutamente contraria a abrir los datos. Y el Ministerio de Ciencias queda a lo menos en duda, cuando la subsecretaria aparece diciendo que quizás no es el momento para entregar más datos.

Me parece que hoy, por la crisis, tenemos una democracia autocrática. Si eso no se resuelve, si no se abre la información y entendemos todos por qué se toman las medidas, esto va a terminar en populismo. Para ser bien precisa, cuando uno ve el debate de la apertura económica por un lado y el impulso que se da al aplazamiento del plebiscito por el otro, eso muestra la discrecionalidad y opacidad que existe. Necesitamos un gobierno que esté dispuesto a mostrar todos los datos que tiene – con debido resguardo de la privacidad; que reconozca los límites de los datos, y los datos que no existen; y que escuche y responde con honestidad frente a las peticiones de las comunidades que piden mayor transparencia. Porque cuando pedimos mayor transparencia, pedimos mayor democracia. Tenemos que saber por qué perdemos libertades y se restringen derechos fundamentales. Hay que tener mucho cuidado con que a partir del miedo que tiene la ciudadanía a contagiarse, se cometan abusos políticos. Por eso como Observatorio Fiscal nos sumamos a un llamado de mayor transparencia al Estado, junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil.

UN RELATO COMÚN

Esta semana se dio a conocer la Encuesta Global sobre Presupuesto Abierto, un estudio enfocado en la transparencia del gasto público que se aplica en 17 países. El Observatorio Fiscal que dirige Wolfersdorff, levantó los datos correspondientes a Chile. El panorama es desalentador. Desde que Chile participa en este estudio (2010) hemos caído sostenidamente.

-Caemos porque no hemos hecho las modernizaciones necesarias- explica Wolfersdorff.

Entre las modernizaciones que faltan menciona que la Contraloría no hace una auditoría financiera global al Estado. “Es muy importante esto porque si analizamos nuestro gasto público en la Ley de Presupuestos, hay muchos bolsones de gasto que se esconden en cuentas genéricas, que no se sabe qué está detrás. Mientras no se haga una auditoría financiera, la transparencia fiscal de Chile será sumamente frágil”, dice.

Respecto de las compras públicas, cree que es urgente avanzar en un registro de “beneficiarios finales” para entender a quién benefician estas compras y si estamos ante un problema de “captura de la compra pública”. Lo mismo para los subsidios del Estado o los que se benefician de un plan regulador.

Más de fondo cree que fallamos en que no sabemos qué queremos conseguir con el Estado.

-Nos falta entender los objetivos del gasto que hace el Estado. Podemos contratar a muchas personas para hacer funcionar programas que la única finalidad que tienen es que se mantienen a sí mismos, pero no sirven a los ciudadanos. Quizás el problema más importante que veo es la falta de foco del gasto público, el riesgo de mantener un Estado simplemente por mantenerlo. Me parece que tenemos que preguntarnos ¿cuál es nuestra meta en desigualdad, cuál es nuestra meta en movilidad social? El erario público es para generar bienestar en los ciudadanos. Los contribuyentes pagan para un objetivo país, pero nadie sabe qué busca lograr el gobierno.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cinco centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales  y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.