La Corrupción le Pasa la Cuenta a la UDI

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El fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra junto con los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, solicitaron al Octavo Juzgado de Garantía formalizar a las esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en la investigación por delitos tributarios en el caso Penta, que ya se prolonga casi por dos años.

Verónica Méndez Ureta y María de la Luz Chadwick Hurtado son investigadas por el Ministerio Público por la emisión de boletas ideológicamente falsas entre 2008 y 2014. Las cónyuges de los empresarios ya estaban siendo investigadas previamente luego que se revelara que Delano y Lavin usaban la Sociedad de Inversiones del Pacífico, ligada al grupo Penta, para la compra de vehículos para sus esposas.

La formalización se produce en momentos en que la Fiscalía se encuentra en conversaciones con las defensa de los primeros imputados en este caso para evaluar la posibilidad de salidas alternativas, evitando llegar al juicio oral y realizar un procedimiento abreviado.

De esta forma, Verónica Méndez Ureta y María de la Luz Chadwick Hurtado serán formalizadas por los delitos tributarios cometidos entre los años 2008 y 2014, en calidad de autores.

Caso SQM: fiscalía pide información electoral del diputado Ernesto Silva

El 21 de noviembre pasado, la fiscal Carmen Gloria Segura firmó un oficio que fue remitido a la entonces directora nacional (s) del Servicio Electoral (Servel), Elizabeth Cabrera.

En una comunicación con siete acápites, la fiscal que indaga el caso SQM y todas sus aristas de aportes irregulares a campañas y actividades políticas solicitó, en el punto uno del oficio, “informar el nombre del Administrador Electoral designado por el diputado Ernesto Silva Méndez, en el proceso eleccionario 2013”.

En el segundo punto, Segura pidió que “se informe la o las cuentas bancarias informadas por el candidato, para efectos electorales”. Y, además, requirió que “se remita listado de los gastos electorales rendidos o ingresados o aportes recibidos y declarados”. Esto, junto con las copias de las rendiciones de cuentas de gasto electoral en dicho proceso y de las resoluciones del Servel mediante las que se aprobaron dichas cuentas.

Finalmente, Segura pide el monto de reembolso entregado al candidato y, en el caso de haber sido pagado directamente a Silva, que se informe el medio de pago.

Esta es la primera vez que el diputado UDI es vinculado en el caso SQM.

Anteriormente, el padre de Silva, el fallecido empresario y economista Ernesto Silva Bafalluy, había sido vinculado en el caso Penta, luego de que Pablo Wagner, subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, afirmara en su declaración ante la fiscalía por el caso Penta que el padre del diputado fue quien le pedía boletas de terceros por servicios no prestados para el financiamiento de campañas políticas, como la que emitió su cuñada Carolina de la Cerda a SQM y por la que recibió $ 7,5 millones, monto que fue a parar, en 2010, a la campaña senatorial por la Quinta Región Costa del ex ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín.

Consultado, el diputado Silva dijo que “no tenía conocimiento de esta diligencia. Es la primera noticia que tengo, pero no veo problema, porque la información de campaña y rendición es pública y siempre he estado dispuesto a colaborar con lo que se necesite”.

Fiscalía indaga a tres empresas que asesoran a la bancada de la UDI

Los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo están investigando a tres empresas que han asesorado a la bancada parlamentaria de la UDI, en el marco de la investigación abierta por la autodenuncia de la ex jefa de prensa de ese partido, Lily Zúñiga.

Las firmas investigadas son: Sociedad Legal Ltda, Visión Legislativa y Parlamentaria, además de B&C Consultores Ltda.

“¿Usted mencionó a la señora Lily Zúñiga en esa reunión o en otra oportunidad la existencia de empresas o agencias montadas de manera irregular para prestar servicios a parlamentarios y generar un retorno de dineros a la bancada UDI?”.

La pregunta es de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y fue formulada durante el interrogatorio al ex asesor de la bancada de diputados gremialistas por más de 11 años, Pablo Santiago, quien compareció en octubre pasado como testigo a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

Su declaración se encontraba en reserva hasta ahora y se enmarca dentro de la causa abierta a partir de una autodenuncia que Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, interpuso ante el Ministerio Público, admitiendo la emisión de -según su testimonio- falsas boletas de honorarios a la diputada Claudia Nogueira durante 2014.

Zúñiga también detalló a los persecutores la presunta existencia de un sistema para defraudar al Fisco a partir de las asignaciones que reciben los parlamentarios en el Congreso, antecedentes que están siendo pesquisados por la fiscalía, que depende del fiscal regional Manuel Guerra.

A partir de esa información, la fiscalía indaga la posibilidad de que empresas contratadas por diputados de la UDI y la bancada de ese partido, bajo el concepto de asesorías externas, hayan triangulado parte de esos honorarios a terceras personas ligadas al partido.

Según explican conocedores de la causa, los fiscales indagan a esas tres empresas, que proveyeron asesorías a 14 parlamentarios UDI en ejercicio y a cinco ex diputados.

La primera, Sociedad Legal, pertenece a los hermanos Pablo y Luis Cantellano, ambos de profesión abogados. La segunda, Visión Legislativa y Parlamentaria, fue formada por el abogado del caso tsunami, Carlos Ferlie y su mujer, Claudia Toro. Y B&C es del ex diputado Sergio Bobadilla y su esposa, María Ximena Crovetto.

Interrogatorio

“Conoce la sociedad B&C?”, preguntaron también los fiscales al ex asesor de bancada. “No conozco esa sociedad”, respondió Santiago.

“¿Conoce a Sergio Bobadilla?”, fue otra de las consultas que formaron parte del interrogatorio. Y la respuesta del ex asesor:

“Sí, era diputado por Tomé y otras comunas, trabajé para él como miembro de la bancada realizando funciones como asesor de prensa. En cuanto a su consulta, a Luis y Pablo Cantellano sí los conozco, trabajé con ellos, pero desconozco si tienen alguna sociedad, no conozco la Sociedad Legal Limitada. A Carlos Ferlie lo conozco, porque trabajaba en el Congreso, no era funcionario, pero hacía asesorías jurídicas como abogado. No obstante, desconozco cómo cobraba”.

Según la versión de Lily Zúñiga, también estampada en su declaración ante la fiscalía, habría sido Pablo Santiago quien le entregó antecedentes respecto de estas empresas, razón por la cual este fue citado a declarar. Sin embargo, Santiago fue enfático en desmentir que él había sostenido conversaciones con la periodista al respecto.

“Se trata de empresas o agencias montadas de manera irregular para prestar servicios a parlamentarios, con la finalidad de buscar retorno de recursos”, había denunciado Zúñiga durante su declaración del 9 de septiembre de 2016, la que también se mantuvo en reserva hasta la semana pasada.

“Pablo Santiago dice que el sistema es que se pedía un monto por el trabajo o contrato, un millón o dos millones de pesos, y la empresa hacía unos informes supuestos, se pagaba el monto por los trabajos hechos, pero se retornaba el 50% a la persona que había contratado o a la bancada de diputados”, denunció la ex periodista de la UDI.