La revancha del Ejército

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Ejercito-de-Chile_816x544El martes 2 de agosto pasado, mediante una carta certificada, el capitán Rafael Harvey supo de una nueva sanción. El comandante en Jefe de la Segunda División Motorizada, Óscar Ignacio Rojas Aris, firmaba una orden en su contra: “Sanciónese con 15 días de arresto por efectuar imputaciones graves en un medio de comunicación social abierto a todo público (Televisión Nacional), desacreditando la imagen institucional, efectuando juicios de valor que lesionan la dignidad militar de oficiales en servicio activo y en retiro, dejando en duda la honorabilidad de éstos…”, señalaba uno de los párrafos.

La notificación –una medida administrativa– era una forma de reprimenda debido a que un mes antes, en el programa ‘Informe Especial’, el capitán había hablado públicamente de una serie de hechos irregulares en el regimiento Tacna; denuncias que ya había estampado por escrito un año antes, cuando estaba a cargo de la Tercera Batería de Combate.

El 10 de julio de 2015, Harvey envió un reclamo al comandante en Jefe de la II División Motorizada, Lázaro Schafik Nazal, a cargo del Regimiento Artillería N° 1 Tacna. En él acusaba malversación de fondos, estafa y explicaba el cobro –por orden del mayor Rodrigo Manríquez Lerou– de implementos de abrigo a conscriptos: 3 mil pesos por una coipa, un gorro y guantes. También que había dado cuenta de la situación a la máxima autoridad del regimiento, el coronel Marcelo Masalleras Viola. Harvey también dejó constancia de que los conscriptos sufrían golpes y tratos abusivos.

A cambio de su insistencia, Harvey fue pasado a escalafón de complemento. Es decir, no podrá ascender ni ir a la Academia de Guerra.

La situación ya era ampliamente comentada por los soldados, que estaban molestos no solo por el cobro de sus vestimentas, sino también por los golpes y represalias ante sus quejas. La noche del 18 de agosto, cuando Harvey se fue a despedir de ellos, antes de abandonar la Tercera Batería de Combate, le preguntaron qué podría pasar si ellos desertaban. Y él les respondió que creía que nada y que en sus 19 años como militar no había visto un soldado privado de libertad por haber desertado.

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La tercera semana de agosto de ese año, 14 conscriptos se escaparon del regimiento y solo 3 regresaron. La respuesta del Ejército contra Harvey por esta situación vino varios días después: fue demandado por “sedición impropia” por el Ejército, que lo acusa de guiar a los soldados “al desorden, la indisciplina y el incumplimiento del deber militar (…) lo cual tuvo como consecuencia la deserción conjunta y simultánea de trece Soldados Conscriptos”.

Por esta razón Harvey estuvo tres semanas detenido y la Justicia Militar busca darle una pena efectiva de 7 años y 1 día. En la Corte Marcial él y sus representantes –entre los que se cuenta el abogado de DD.HH. Nelson Caucoto– ya han apelado. El litigio sigue su curso.

La respuesta del CDE y el informe de Contraloría

El 17 de agosto pasado, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección presentado por el capitán Rafael Harvey y ordenó reincorporarlo al escalafón de armas. Por unanimidad, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar por considerar que la junta de selección de oficiales jefes y superiores del Ejército actuó de forma “arbitraria e ilegal al cambiar de escalafón al recurrente, ordenando que dicha situación sea subsanada”. Sin embargo, seis días después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la resolución.

Harvey estuvo tres semanas detenido y la Justicia Militar busca darle una pena efectiva de 7 años y 1 día. En la Corte Marcial él y sus representantes –entre los que se cuenta el abogado de DD.HH. Nelson Caucoto– ya han apelado. El litigio sigue su curso.

En el escrito del CDE se lee que la decisión de retiro (inclusión en Escalafón de Complemento) adoptada por los integrantes de la junta respectiva, deriva de la necesidad de ir delineando y configurando el carácter de piramidal de todos los escalafones militares, lo que de ninguna manera implica que al personal incorporado en lista anual de retiros, se le haya tratado de manera diferente que al resto de los integrantes de la institución, sino que por el contrario, representan una necesidad concreta del ejercicio de la función de dirección y organización de la fuerza, conforme a criterios técnicos y de buen funcionamiento de servicio, aplicable a todo el personal del Ejército”.

Consultados al respecto, el CDE respondió que “recurrió de apelación de la sentencia de primera instancia con el objeto de defender las atribuciones propias del ámbito militar, de destinación al Escalafón de Complemento, de conformidad con los artículos 6 de la Ley N° 18.948 (LOC FFAA) y 18, 19 y 97 e) del DFL N° 1, de 1997, Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas. Ello, de acuerdo a la facultad que le corresponde para asumir la representación de los servicios públicos cuando se cuestionan en sede judicial el uso de las facultades que la ley dispone para el cumplimiento de las necesidades institucionales. Ninguna otra consideración puede ser tomada en cuenta por este Servicio”.

Dentro de los documentos que se adjuntan en el marco del recurso de protección de Harvey, se señala que el militar intentó reunirse por este tema con el comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo; sin embargo, esa cita nunca se llevó a cabo.

Pese a que Harvey no quiso referirse a la situación que vive, en su círculo cercano confirman que, pese a la resolución de la Corte de Apelaciones, la decisión del CDE se lee como un apoyo al camino que ha seguido el Ejército.

La situación del capitán ha traspasado el ámbito castrense. Harvey ha solicitado reuniones –que aún no se han concretado– con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con quien –según comentan cercanos a Harvey– tenían una reunión agendada el 4 de julio, cita que fue suspendida desde el ministerio.

Esta semana, el diputado Jaime Pilowsky (DC) hará llegar los antecedentes del caso al ministro Gómez, solicitando que se preocupe del caso y del hecho de corrupción denunciado por Harvey. “Creemos que resulta fundamental establecer un sistema de denuncia eficaz. Dar garantías al denunciante es esencial para la probidad”, señala el parlamentario, quien preside la comisión investigadora del llamado “Milicogate”.

En Chile, la Ley 20.205 protege a los funcionarios públicos que denuncian irregularidades y faltas a la probidad; sin embargo, las Fuerzas Armadas no están incluidas en este marco, donde existe deber de denuncia, pero no necesariamente protección.

Entre los nuevos antecedentes del caso se encuentra un último documento de Contraloría. Después de investigar distintas situaciones en el Regimiento Tacna N° 1, el 25 de julio el organismo emitió un informe que, entre los principales resultados, detalla que “no hay controles en el registro contable de los ingresos por ventas realizadas a través del casino de soldados conscriptos, por los cuales no se tributan ni se emiten boletas u otra documentación de ventas que permita en control de las transacciones relacionadas, por lo que se remitirá el presente informe al Servicio de Impuestos Internos para que analice las eventuales infracciones tributarias”.

El órgano contralor también señaló en el documento que “el Centro Ecuestre del Regimiento percibe ingresos por el arriendo de sus caballerizas a personal en retiro para la tenencia y custodia de caballos, situación que no es justa a la normativa vigente, careciendo además de control sobre los registros y condiciones por el arriendo de dichas dependencias, por lo que esa institución deberá incoar la investigación sumaria administrativa respectiva”.

El informe también indica que existe “falta de control e integridad en el registro de las bitácoras denominadas ‘cuadernillo de registro’” y el libro de guardia, denominado ‘libro de control de vehículos del regimiento’, situación que no permite verificar el adecuado uso de vehículos fiscales, por lo que se deberá adoptar los controles pertinentes respecto al adecuado uso y llenado de la cartilla de vehículos motorizados y del libro de control de salida de vehículos fiscales”.

“Durante el año 2015, se hizo uso irregular del ‘pabellón de clases soltero’ por parte de particulares, no pertenecientes a la entidad para fines habitacionales, sin efectuarse cobro alguno por dicho concepto, situación por la cual, se solicita instruir una investigación sumaria administrativa”, agrega.

Sobre el informe evacuado de la Contraloría, desde el Ejército señalaron a El Mostrador que existen actualmente dos sumarios para esclarecer las situaciones denunciadas. Acerca del cargo de “sedición impropia” que pesa sobre Harvey, en la institución manifestaron que “el afectado está en la etapa de presentación de sus descargos, conforme los derechos que le asisten reglamentariamente. Sobre el proceso que está en manos de la Justicia, el Ejército ha entregado todos los antecedentes que le han sido solicitados por los tribunales”.

En tanto, respecto a la sanción disciplinaria por aparecer contando su historia en TVN, desde el Ejército manifestaron que la institución “no se pronuncia públicamente sobre las medidas disciplinarias que se adoptan con sus integrantes”.