Lava Jato: la corrupción y sus tentaculos politicos en América Latina

En Perú piden la cabeza del ex Presidente Alejandro Toledo y se investiga también a Alan García y al matrimonio Humala. En Chile se indaga la campaña de 2013 de Michelle Bachelet. En Argentina el director de la inteligencia nacional está imputado, y en Panamá se les sigue la pista a los hijos del ex Presidente Martinelli. En Venezuela, República Dominicana y Honduras se detuvieron millonarias obras públicas. El caso Lava Jato extiende sus tentáculos por toda América Latina y hace tambalear a políticos de todo el espectro.

Comenzó con una red de lavanderías y estaciones de servicio y carwash -de ahí el nombre «Lava jato», «Lavado de autos»- en Brasil, y ahora sus tentáculos abarcan toda América Latina con casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que hacen tambalear gobiernos.

Una serie de grandes empresas brasileñas pagaron sobornos a políticos de varios países para hacerse con millonarias licitaciones de obras públicas. Las primeras en conocerse fueron las de Petrobras, e involucraron a altos miembros de los gobiernos de Lula y Dilma pero también a personeros de la oposición, y luego se fueron sabiendo casos de otros países: carreteras, gasoductos, represas, las empresas brasileñas se convirtieron en verdaderas multinacionales de las coimas. Pero especialmente dos: OAS y Odebrecht.

El último caso en destaparse, de hecho involucra a la segunda empresa, una megaconstructora de dimensiones globales. Odebrecht habría pagado $20 millones de dólares en sobornos al entonces Presidente del Perú Alejandro Toledo para adjudicarse los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Pero no acaba ahí, porque todos los ex Presidentes democráticos que quedan con vida en dicho país están siendo investigados.

Hasta ahora una decena de países ha solicitado información a la Fiscalía de Brasil para investigar probables irregularidades en sus territorios: Perú, Argentina, México, Panamá, Uruguay, y más recientemente Chile, a raíz de un reportaje de la revista Veja que dice que Bachelet podría haber sido financiada ilegalmente por OAS en su campaña de 2013. De acuerdo a cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solamente la empresa Odebrecht gastó más de $800 millones de dólares en sobornos en tres continentes.

La investigación ha alcanzado tales dimensiones en Brasil, que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de ese país ha suspendido el pago de $3600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Honduras, debido a la inseguridad de que esos dineros puedan ir a obras de licitación ilícita. La ampliación del metro de Caracas se vio directamente afectada por esta decisión, debido a que sería en parte financiada con estos dineros. En República Dominicana, en tanto, quedan en suspenso $2500 millones de dólares que iban destinados para infraestructura vial y una usina termoeléctrica.

En el Perú, país que por culpa de este caso vive una verdadera cacería en su clase política, el gobierno le retiró a Odebrecht la concesión del Gasoducto Surperuano, avaluado en $7000 mil millones de dólares. La constructora admitió haber pagado $29 millones de la divisa estadounidense en sobornos. Solo el 30% de la obra se alcanzó a realizar. La esposa de Ollanta Humala, ex Presidente de ese país, Nadine Heredia, está siendo investigada por dicho gasoducto, y de hecho debe viajar a Lima todos los meses desde Roma para firmar y controlar su situación. Solo así se permitió que pudiera aceptar un cargo en la FAO, para el que fue nombrada polémicamente en diciembre pasado.

En la Argentina la situación tampoco es mejor. El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue imputado este mes por recepción de coimas. Resulta que en 2013 un operador financiero brasileño condenado en el Lava Jato, transfirió a la cuenta de Arribas más de medio millón de dólares. Odebrecht reconoció que entre 2009 y 2014 pagó «propinas» a funcionarios en Argentina y Panamá. Al hoy director de la AFI se le transfirió dinero el día siguiente que Odebrecht ganara la licitación para el Ferrocarril Sarmiento, en asociación con IECSA, una empresa de un primo hermano del Presidente Mauricio Macri.

Otro país ligado directamente al Lava Jato es Panamá, donde los hijos del ex Presidente Ricardo Martinelli están en la mira por 10 transferencias a sus sociedades de parte de filiales y subempresas de Odebrecht. Durante el gobierno de Martinelli la constructora brasileña se adjudicó millonarias licitaciones de obras públicas. Para estos pagos se usaron bancos de Macao, Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes, Austria y Suiza. Por el momento 17 personas son investigadas en el istmo por este caso.