Los cobros irregulares del CAE en el BCI, Gerente citado a declarar

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El 19 de enero de 2012 un llamado telefónico alertó a Pamela Labrín (33): pese a tener sus cuotas al día, la casa de sus padres estaba siendo embargada por supuestas deudas con el Crédito con Aval del Estado que tenía con el Banco de Crédito e Inversiones. A partir de ese momento inició una larga batalla legal cuyo último capítulo se vivió la semana pasada, cuando la Corte de Apelaciones definió que el poderoso gerente general del BCI, Eugenio Von Chrismar deberá dar cuenta ante la justicia por el actuar de la empresa respecto al CAE de Pamela.

El 2009, tres años antes del embargo, Pamela debía empezar a pagar el CAE para financiar el final de su carrera, Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás. Sin embargo, cada vez que iba a las sucursales del banco el trámite se aplazaba por un breve tiempo. Esto, ya que según le explicaron desde Normaliza S.A., empresa de cobranza de BCI “en las sucursales nunca se puede pagar en la fecha porque no tienen el crédito asociado y por tanto siempre hay un desfase”. Durante dos años sus pagos se dieron siempre con un leve atraso por la falta de actualización del sistema del BCI.

Sin embargo, ese desfase propio de la empresa hizo que figurara como morosa con intereses, reajustes y gastos de cobranza. En la práctica, pagaba pero ese pago no era informado a las empresas de cobranza o el sistema financiero. Así llegó el sorpresivo embargo: para la Tesorería General de la República, Pamela debía al fisco la garantía estatal de su crédito y para Normaliza S.A. debía las cuotas. Un receptor judicial acompañado de carabineros se llevó sus bienes ese día de enero de 2012.

Un año y medio después, luego de pagar íntegramente el 90% de la deuda generada por el propio desfase del banco, la joven interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel el 14 de junio de 2013. Buscaba que le devolvieran sus imposiciones y tuvo que llegar hasta la Suprema, que no sólo falló a su favor sino que ordenó que BCI pagara las costas del juicio.

Luego de eso inició una demanda que busca una indemnización por todos los perjuicios vividos porque, básicamente, BCI la asignó como morosa estando Pamela al día con el pago de su CAE. “Tuve que contratar un abogado, me quitaron mis devoluciones de impuestos, los funcionarios de Tesorería me trataban pésimo por ‘deberle plata al fisco’. No quedé en dos trabajos por estar en Dicom. Mis bienes siguen embargados. El tema económico, a esta altura, no me importa. Lo que yo quiero es que se me restituyan mis derechos”, dice Pamela.

El gerente de BCI al estrado

El equipo legal del banco de los Yarur intentó evitar que Von Chrismar, cabeza de la administración nombrado en 2015, tuviera que sentarse en el juzgado. El 7 de abril pasado presentaron un recurso de reposición para impedirlo. Pero la corte de alzada lo rechazó y el 27 de abril ordenó que, luego de tres años de trámite, el gerente general del banco preste declaración.

“Lo que ellos hicieron fue falsear información ante la Tesorería General de la República, sin pasar por la Comisión Ingresa. Así extrajeron fondos desde la devolución de impuestos de Pamela, en circunstancias en que ella tenía todo al día. Es decir, un doble cobro. Esto no fue lo único que le causó perjuicio: la informaron como deudora ante el sistema financiero con todo lo que ello implica”, explica el abogado querellante Nicolás Muñoz.

El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) es uno de los más beneficiados con el CAE, formando parte del selecto grupo que se adjudica más del 90% de las licitaciones de deuda, junto con Scotiabank, CorpBanca, Estado e Itaú. Consultados por El Desconcierto, desde la institución financiera señalaron que no se referiría a la resolución que obliga a su gerente general a declarar ni tampoco a si han tomado alguna medidas para evitar cobros irregulares.

Según la ley, es la Comisión Ingresa quien debe encargarse de informar a la Tesorería General de la República cuando hay incumplimiento en los pagos. Pero lo que muestra el caso de Pamela y que -según su abogado- pasa en la práctica es que “los bancos suben directamente los datos a la Tesorería sin pasar por Ingresa, por lo que esta última no cumple su rol de hacer el acto administrativo, tomar conocimiento de la deuda e informarla. Lo hacen los bancos y a través de su propia plataforma. No hay ningún control”.

“La Comisión Ingresa nunca me ayudó en nada, ni con información ni resolviendo dudas. En la primera instancia judicial llevaban la misma estrategia de defensa que el banco. Para mi prácticamente se coludieron”, relata con decepción Pamela Labrín.

Desde la Comisión Ingresa, en tanto, señalaron a El Desconcierto que “por un desfase en la información de Banco BCI, que no reportó oportunamente la normalización de la deuda a esta Comisión, se ejecutó el pago de la garantía estatal asociada al Crédito de la beneficiaria, lo que repercutió en que se retuvieran sus impuestos, de acuerdo a lo establecido por ley” y que Pamela Labrín está “actualmente al día, pagando sus cuotas con la rebaja de la tasa de interés a UF+2% anual, beneficio que se aplica automáticamente a las mensualidades del Crédito CAE”.

La judicialización del CAE

Tan sólo una semana después de que la Corte de Apelaciones resolviera que el gerente general de BCI deberá declarar, los medios de comunicación informaron que más de 1200 personas se han sumado a demandas colectivas contra el Crédito con Aval del Estado.

“La demanda civil de Pamela es distinta a las demandas colectivas contra el CAE que han surgido en el último tiempo porque ellos buscan la certificación de ciertas circunstancias, no una indemnización por daños”, explica Nicolás Muñoz.

Durante la tarde de hoy viernes se debería informar la fecha y hora para la declaración de Eugenio Von Chrismar. El ingeniero trabaja en BCI desde 1999 y se especializó en gestión gerencial en las universidades de Harvard y London Business School. Pese a que los montos cobrados irregularmente a Pamela Labrín que lo llevarán a declarar no son ni remotamente cercanos a los que está acostumbrado a informar al directorio de los Yarur, la decisión de la justicia de ordenar el comparecimiento de Von Chrismar abre un nuevo flanco legal al cuestionado banco.

Entretanto, el ministerio de Educación ha descartado la condonación de las deudas por CAE que exige la Confederación de Estudiantes de Chile y la agrupación Deuda Educativa. Para Pamela Labrín, “este crédito lo único que hace es vulnerar los estudiantes, manteniendo la brecha. Estudia, te dicen, ni un problema, pero después vas a tener que pagar por tres décadas. Ni la peor universidad lucra tanto con la educación como lo hacen los bancos”.

fuente: el desconcierto