Más facturas “truchas”: Fraudes remecen al Ejército y Carabineros

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Por Mario López M.

La corrupción ha llegado hasta organismos de las FF.AA y de Orden. Recientes investigaciones revelan irregularidades en el Comando de Bienestar del Ejército y en la Prefectura Aérea de la policía uniformada.

Varios son los hechos que en nuestra historia reciente han involucrado a personal de las ramas de las FFAA en ilícitos generalmente asociados a compras de material de guerra, como los conocidos casos de los tanques Leopard, el tráfico de armas entre Famae y Croacia, la falsa venta por la Fach de pertrechos de guerra, el escándalo de la compra de fragatas por la Armada y otros. Claro es que el fraude máximo involucró al propio ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en el denominado caso Riggs.

Facturas «ideológicamente falsas»

En democracia, tampoco están ajenas las malas prácticas y varios casos dan cuenta de ello. Uno millonario, y que sí involucra fondos fiscales o al menos los pone en riesgo -a diferencia de lo afirmado por la institución que niega tal perjuicio-, es el protagonizado por el mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar.

Dicho funcionario participó en millonarios desfalcos mediante el consabido uso de facturas ideológicamente falsas, acción que coordinaba con una empresa externa la que descontaba en bancos de la plaza dichos documentos firmados por Lazcano. Así, generaba liquidez factorizándolos y el Ejército aparecía como obligado frente a la banca.

El que no se hayan pagado dichos documentos transforma en «morosa» a la institución castrense, mientras no exista una sentencia judicial que declare que se encuentra exenta de responsabilidad comercial. No se trata de una o pocas facturas, pues superan las cien las que se descontaron en instituciones financieras y por más de seis mil millones de pesos. ¿Qué habrá sido primero, el huevo o la gallina? ¿Habrán enseñado a los Penta-UDI o estos fueron los maestros? Vaya usted a saber.

Más de seis mil millones de pesos

Lo cierto es que los supuestos servicios informáticos prestados por la empresa Power-Ti y de que daban cuenta las facturas, jamás fueron prestados. Los ilícitos se desarrollaron durante dos años y algunas de las facturas llegaron a dar cuenta de una deuda inexistente por cerca de 500 millones cada una.

La fiscalía Centro Norte tomó cartas en el asunto y se abocó a investigar la denuncia (por ahora), interpuesta por el Ejército de Chile por el señalado fraude que se estima preliminarmente en más de 6 mil millones de pesos. Pero claro, al igual de los Penta-UDI, aquí también hubo soborno y cohecho mediante la artimaña de coimas por más de 200 millones recibidas por Lazcano (y reconocidas por el oficial). Y era que no, también aplicaba la martingala de las licitaciones (al menos dos detectadas) de plataformas digitales las que están siendo investigadas.

Pero como se las «saben por libro», lo mismo realizado por algunos del caso Penta-UDI, el mayor al ser descubierto corrió a autodenunciarse frente al Ministerio Público y preparar de ese modo atenuantes, mediante la cooperación eficaz. ¿Le suena conocida la estrategia? En las declaraciones presentadas ante el fiscal, el otrora oficial confesó que en marzo de 2013 conoció a su cómplice, Eduardo Olmedo, quien era el representante de la empresa Power-Ti, que había participado con anterioridad de licitaciones sobre software requeridos por el Comando de Bienestar.

Boletas al estilo UDI

Allí comenzó a fraguarse el delito entre el civil y el oficial a cargo de la licitación y la adquisición de productos informáticos, necesario en ese entonces para dar cumplimiento a disposiciones emanadas de Contraloría interna. Olmedo y Lazcano idearon el sistema que le reportó a este último, pingües ganancias.

Hasta ahora se han detectado nueve pagos de $8 millones cada uno provenientes de Power-Ti y cuyo beneficiario era el militar en (r). Las boletas para respaldar los pagos fueron entregadas por familiares del oficial. O sea, boletas ideológicamente falsas. Cualquier semejanza es pura coincidencia.

Tal como se señalara y reconociera Lazcano, además recibió por medio de soborno, cometiendo cohecho, 200 millones de pesos. «Los usé para pagar deudas» confesó muy suelto de cuerpo frente al jefe de la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, un persecutor que ya conocía las triquiñuelas de las falsedades ideológicas derivadas del caso Penta-UDI.

Las instituciones financieras, una vez recibidas las facturas, corroboraban su «autenticidad» con el mismo Lazcano, quien daba «fe» de ellas. Negocio redondo pero que se destapó gracias a la fiscalización del mismo Ejército.

Otro caso, mismo proceder

Pero no ha sido el único fraude que se ha conocido en los últimos días en dicha institución castrense. De hecho, al menos otros dos funcionarios -uno activo-, se encuentran procesados -bajo el régimen de las leyes militares-, entre ellos un coronel. Este nuevo ilícito consistía en adulterar o falsificar derechamente facturas -de nuevo ideológicamente falsas-, por trabajos de reparación o adquisición de repuestos para vehículos institucionales que jamás fueron adquiridos o ejecutados realmente.

Más de quinientas facturas y boletas están siendo periciadas por la VI Fiscalía Militar, a cargo de la fiscal Paola Cofré, al descubrirse en una investigación de rutina que aparecían compras por parte del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), en que se desempeñaban los funcionarios bajo sumario, que jamás ocurrieron.

Ejército reconoce «irregularidades»

Las primeras indagaciones en abril del año recién pasado, arrojaron ilícitos estimados en una primera instancia en más de 100 millones de pesos. «En el mes de abril de 2014, y como consecuencia del trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios», reconoció el Ejército, informando de paso que en «esta situación irregular, se involucra a dos integrantes de la institución». (N de la R. Eufemismo: Irregularidad = delito)

El Departamento de Tesorería del Ejército informó la anomalía que presentaban algunas facturas, lo que más adelante se transformó en un escándalo de proporciones dada la cantidad de facturas falsas ideológicamente, el tiempo en que el ilícito se desarrolló y la investidura de los militares involucrados. Aún no existe una suma cierta del monto defraudado, pues existen diligencias periciales pendientes que podrían dar luz a nuevas malversaciones.

Los fondos defraudados esta vez, provienen de la asignación que recibe el Ejército de los dineros provenientes de la denominada Ley del Cobre, cuya cuantía es millonaria. «Se hizo una denuncia del Ejército, respecto de dos funcionarios públicos que estaban cometiendo fraude en relación con unas platas de la Ley del Cobre», declaró la fiscal militar Paola Jofré.

Confesos

Si bien la competencia para conocer y resolver este caso pertenece a la legislación militar, la fiscal a cargo del caso ha solicitado el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI, ante quien ya han declarado medio centenar de testigos e involucrados. Desde el año 2010 se venía produciendo esta irregular situación delictual. La causa la tiene la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.

Según la fiscal, «Hasta ahora tenemos a esas dos personas, pero seguimos investigando (…). Ellos están confesos de 10 facturas, por las cuales los procesamos». Las facturas a que se refiere la funcionaria judicial, corresponde a los más de $100 millones detectados como defraudados hasta la fecha. «No se descarta la existencia de una verdadera mafia que constituiría una asociación ilícita», señaló fuera de micrófono a Cambio21, un alto oficial (r) de esa institución quien durante años tuvo mando en el área de provisiones del Ejército.

Más de seis tomos posee la causa y se estima que recién se están empezando a allegar nuevos antecedentes que podrían dar lugar a un sin número de diligencias que alargarían el tiempo de investigación en la causa. «No se descarta que existan más concertados en el fraude», señaló la fiscal. Hasta ahora, aparece involucrado un coronel, cuya identidad se ha mantenido en reserva y cuyas iniciales son C. M. y un cabo identificado como J. C. C.

Se investiga a otros proveedores

Entre las diligencias pendientes en este caso está el levantar el secreto bancario de los implicados, lo que podría entregar indicios de operaciones de dinero sospechosas o no fundadas en sus cuentas. «Uno de los implicados se encuentra en condición de retiro desde el 31 de diciembre de 2014, mientras el otro, debido a que la ISA (Investigación Sumaria Administrativa) no ha concluido, se le ha mantenido adscrito a la institución en servicio activo».

El militar activo se encuentra suspendido de sus funciones. Los dos involucrados ya confesos en parte de los ilícitos, se encuentran además en prisión preventiva. Ambos están procesados en calidad de autores de delitos de defraudación fiscal cometido por funcionario público y falsedad documentaria por la VI Fiscalía Militar de Santiago», informó la institución castrense. La investigación se encuentra abierta además a otros proveedores que podrían haber sido parte del ilícito.

«El Ejército expresa su más enérgico rechazo a esta situación y a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, al tiempo que contravenga los valores institucionales», declaró la institución castrense. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la causa. Tal vez por eso no lo ha hecho en la arista política del fraude Penta-UDI… mucho trabajo, quizás.

Existen perjuicios fiscales

Mediante el comunicado, el Ejército señaló que tras una investigación, los dos implicados «reconocieron su participación en los hechos», motivando un inmediato sumario «a fin de esclarecer los hechos y circunstancias en las que se cometieron estas anomalías, determinar los perjuicios fiscales y las responsabilidades individuales que correspondiesen, y aplicar las acciones disciplinarias pertinentes».

«Paralelamente, los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Segundo Juzgado Militar de Santiago, recayendo la investigación en la VI Fiscalía Militar de Santiago, organismo que sometió a proceso, en calidad de autores de los delitos de Defraudación Fiscal cometida por funcionario público y Falsedad Documentaria, a los dos involucrados, quienes permanecen en prisión preventiva», indicó el comunicado.

Carabineros de Chile también vive sus propios avatares

Una denuncia por cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible afecta al coronel de la policía uniformada, Enzo Coppa Astorga. Quien la interpuso es otro oficial de la institución, quien lo acusó frente a sus superiores y a la Fiscalía Centro Norte de Delitos de Alta Complejidad. Coppa se desempeña como jefe de la Prefectura Aérea de Carabineros.

El denunciante es el mayor de carabineros Cristián Cofré, quien respaldado por una serie de correos electrónicos, puso en evidencia la existencia de un presunto negocio que habría ejecutado el coronel Coppa, quien de manera ilícita habría destinado pilotos institucionales a una empresa privada. Entre ellos se encuentra el propio mayor Cofré, quien manifestó que fue «reclutado» por el coronel para volar en Pucón la aeronave de propiedad de Eurocopter Chile (actualmente Airbus Helicopters Chile).

Los «trabajos» realizados presuntamente al margen de la legalidad, favorecieron a la misma empresa que resultó ganadora de la licitación de un helicóptero, operación que fue evaluada por subalternos del coronel. Los trabajos «extras», fueron remunerados por la empresa adjudicataria de la propuesta que costó a Carabineros la friolera de 5,6 millones de dólares, lo que haría a lo menos sospechosa la operación. Hasta el momento la investigación se encuentra en «pañales», pues aún no se formaliza una causa en la fiscalía.

Carabineros de Chile desmintió que el coronel Enzo Coppa Astorga se haya encontrado a cargo de la licitación, a pesar de que en la plana mayor de la institución, a la fecha en que esta adjudicación benefició a la empresa cuestionada, dicho oficial ya se desempeñaba como jefe de la Prefectura Aérea de Carabineros. Consecuentemente, quienes autorizaron la compra, eran subordinados del coronel.

Coppa y Eurocopter, viejas historias

El coronel Coppa ha sido objeto de otras denuncias anteriores en que, de acuerdo a diversas fuentes, habría solicitado a proveedores de Carabineros, diversos «favores» personales y familiares o bien derechamente comisiones por aprobar trabajos para la institución.

También se le acusa de haber dispuesto de pilotos institucionales para favorecer en servicios a empresas externas, lo que no habría estado en conocimiento del alto mando, aunque ello no sería ilícito, según las fuentes, salvo que se hiciera uso de material institucional. El oficial consultado declinó referirse a los hechos.

Tampoco Eurocopter ha estado exenta de denuncias anteriores, pues como se recordará, ya estuvo involucrada en otra investigación relacionada con compras de material militar en 1999. La denuncia en aquel entonces, decía relación con la compra de repuestos en la Brigada Aérea del Ejército. No era lo único, pues se le imputó realizar presiones para adquirir por las instituciones armadas, 8 helicópteros modelo Cougar de Eurocopter, operación que beneficiaba al representante de esa empresa.