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Pocos saben de la existencia del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, entidad que debe resolver las controversias de los privados con el Estado. La razón: en sus cuatro años nunca ha recibido casos. La única controversia que ha visto es la del propio panel con el actual ministro del ramo, quien objetó los altos salarios de sus integrantes. Los montos pagados dependen de las sesiones a las que asistan y ellos decidieron reunirse tres veces al mes. Eso significa honorarios por $9 millones para su presidente (al nivel de la Presidenta Bachelet) y cerca de $6,7 millones para el resto de los integrantes.

En el último piso de un edificio de Plaza Italia y con una imponente vista a la Cordillera de Los Andes, funciona el Panel Técnico de Concesiones. Todos los meses el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cursa los pagos de sus integrantes, monto que en el caso de su presidente puede llegar a superar incluso el sueldo del ministro del ramo e igualar el de la Presidenta Michelle Bachelet. El panel sesiona tres veces al mes y en cada ocasión sus miembros se reúnen por cerca de tres horas. Lo llamativo es que en sus cuatro años de funcionamiento -fue creado en 2010-  todavía no ha debido resolver ninguna controversia entre el MOP y las concesionarias, que fue el argumento por el cual se creó y la justificación para los altos sueldos de sus integrantes.

Fueron justamente los altos salarios y la falta de casos los que encendieron las alertas en el MOP, cuando se intentó poner en práctica el instructivo que ordenaba que dentro de los ministerios no hubiera sueldos superiores a los del subsecretario. Hasta entonces, el panel había funcionado silenciosamente y sin que se pusiera en cuestión su labor.

Los honorarios de sus integrantes están determinados por el número de sesiones a las que asisten. Hasta ahora no ha habido controversias que los obliguen a reunirse, por lo que son ellos mismos los que definen cuántas veces se juntan y, por lo mismo, deciden parte de lo que ganan. Los primeros integrantes del consejo definieron las normas de funcionamiento del panel, estableciendo que se reunirían al menos dos veces al mes. Sin embargo, habitualmente lo hacen tres veces.

Por ley, el presidente recibe una remuneración mensual de 150 UTM ($ 6,3 millones), más 25 UTM por cada sesión a la que asista ($ 1 millón), con un tope de 300 UTM ($ 12,6 millones). Considerando que en promedio preside tres sesiones al mes, su sueldo habitual supera los $ 9 millones, un monto similar al bruto de la Presidenta Michelle Bachelet (ver sitio de Transparencia). El sueldo bruto del ministro de Obras Públicas es de $ 8,6 millones, lo que tras los descuentos legales queda en $ 6,3 millones .

Los otros miembros del panel tienen un salario fijo de 100 UTM ($ 4.200.000) más 20 UTM ($ 840 mil) por cada sesión, por lo que habitualmente reciben unos $ 6.7 millones. A diferencia del presidente, quien tiene dedicación exclusiva, los consejeros sólo asisten a las sesiones, por lo tanto ganan, en promedio, unos $2,2 millones por reunión o unos $ 700 mil por hora.

A los cuatro integrantes del panel se suma la secretaria abogada, Paula Silva, quien por ley gana 150 UTM ($ 6,3 millones). Hasta 2013, el convenio anual que firmaba con el MOP contemplaba que debía cumplir 44 horas de trabajo a la semana, un requerimiento que eliminó para el 2014. Según Erwin Stagno, presidente del panel, se trata de una formalidad y en la práctica de todos modos trabaja jornada completa.

Los altos salarios no son pagados íntegramente con fondos públicos. Si bien el MOP debe cubrir los gastos administrativos, la ley establece que sólo la mitad de los honorarios de los integrantes del panel deben ser financiados por el Estado, mientras que el resto es pagado por las empresas concesionarias que tienen proyectos que pueden ser revisados por esta instancia.

En el MOP cuentan que cuando asumió Alberto Undurraga de todos modos se sorprendió cuando vio la magnitud de los montos. Su molestia aumentó cuando supo que dos de los integrantes del panel habían sido nombrados tres días antes del cambio de gobierno (se elijen vía Alta Dirección Pública) y que por ley él no los podía cambiar. En un comienzo, Undurraga simplemente retuvo los pagos cuando llegaron las boletas del panel, hasta tener claridad de qué se trataba y tener una opinión jurídica sobre si podía limitar de alguna forma los montos. De acuerdo a las actas del panel, sus integrantes no recibieron sus honorarios ni en marzo ni en abril.

En mayo tuvo lugar la primera reunión protocolar entre el nuevo ministro y los integrantes del panel de concesiones. Pese a que había un problema evidente –los sueldos de los invitados se habían retrasado–, el tema no se trató formalmente durante el encuentro, sino que después de la reunión Undurraga le planteó la inquietud en privado al presidente de la entidad, Erwin Stagno,. En el ministerio aseguran que pese a que el secretario de Estado le hizo ver que era impresentable tener esos niveles de sueldos si no estaban resolviendo controversias, legalmente no puede impedir que el panel se reúna las veces que sus integrantes lo decidan. Y tiene que cursar los cheques.

Stagno niega que el ministro le haya planteado este tema y enfatiza que los honorarios “están determinados por ley. No es algo que el ministro pueda conversar conmigo”. Pero la ley no establece cuántas sesiones debe haber mensualmente y eso determina parte de la remuneración que reciben. “Pudiéramos sesionar bastante más de lo que sesionamos. El presidente puede asistir a seis sesiones y no sesionamos más de tres. Es lo mínimo necesario, no puede ser menos. La envergadura de los contratos y su importancia hacen que no podamos estar dejando de cumplir nuestras funciones”, argumenta Stagno.

LOS ARGUMENTOS DEL PANEL

Erwin Stagno es ingeniero civil, tiene un MBA y ahora estudia Derecho. Trabajó por años en el MOP y desde marzo de 2011 preside el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, un cargo que por ley dura seis años. Fue elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que a su juicio garantiza algo fundamental: que es independiente del gobierno de turno y de los concesionarios.

Stagno se preocupa de explicar la importancia del panel y de mostrar que no es que haya estado de brazos cruzados los últimos tres años. Monitorean desde el principio las concesiones que son susceptibles de tener controversias ante el panel, se reúnen con las empresas, con los inspectores fiscales y él mismo realiza visitas a terreno. Cree que la sola existencia del panel hace que haya menos renegociaciones y controversias en el sector, aunque está seguro de que van a llegar pronto.

-A ojos de la opinión pública o de quien no conoce bien el tema, alguien puede decir “esta gente no tiene trabajo, no desempeña labores”, pero es al contrario, es una labor ingrata porque esta contención y ordenamiento del sistema que está permitiendo el panel técnico hacen que bajen los niveles de controversia y bajen los niveles de renegociación. Y eso nadie lo va a saber porque no van a llegar reclamaciones -dice Stagno.

Actualmente están desarrollándose concesiones por US$ 3.500 millones que quedan bajo el ámbito de solución de controversias de este panel. Antes de la existencia de este mecanismo, el Estado tuvo que pagar US$ 520 millones por fallos arbitrales y renegociar contratos por US$ 2.500 millones, lo que Stagno expone como un argumento que reafirma que era necesaria una institucionalidad distinta, que hiciera seguimiento a los proyectos desde el inicio y tuviera plazos acotados para resolver.

LA HISTORIA DE LA LEY

Durante su primer gobierno (junio de 2007), la presidenta Bachelet envió un proyecto que modificaba la Ley de Concesiones. Entre los puntos que se buscaba perfeccionar, estaba el hacer más eficiente el  trabajo de la comisión conciliadora y la comisión arbitral que dirime las diferencias entre el Estado y la empresa concesionaria.

Fue en el Senado que empezó a hablarse de crear un panel de expertos. De acuerdo al primer informe de la Comisión de Obras Públicas, algunos académicos invitados, como Alexander Galetovic y Eduardo Engel, propusieron un panel que resolvería las controversias entre las concesionarias de obras públicas y el Estado.

Otro de los que abogó por este tipo de institucionalidad fue Ronald Fischer, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quien puso como modelo el panel de expertos del sector eléctrico, del que él mismo fue integrante. Expuso que éste ha bajado la conflictividad del área eléctrica, que en sólo 35 días hábiles resuelve las controversias y está compuesto por personas que tienen expertise en la materia. De acuerdo al acta, Fischer dijo que no se habían presentado quejas por falta de independencia ni por fallos mal hechos, lo que a su juicio se debía a la experiencia y conocimientos de los integrantes del panel, con lo cual se había reducido el riesgo para los inversionistas y el Estado no debía compensar a las empresas.  Actualmente el propio Fischer es uno de los integrantes del Panel de Concesiones de Obras Públicas.

La recomendación de Fischer, Engel y Galetovic, fue escuchada y en varios aspectos el panel de concesiones se parece al panel eléctrico, pero tienen una gran diferencia: los dictámenes de este último son vinculantes para las partes, en cambio en el sector de las concesiones se trata de una simple recomendación. Lo que decida el panel de concesiones puede ser acatado o no, y las partes de todos modos pueden recurrir a un arbitraje, donde el dictamen del panel será considerado como un peritaje independiente.

A diferencia de las concesiones de obras públicas, el panel eléctrico resolvió 14 discrepancias en su primer año de funcionamiento, en 2004, y desde entonces el nivel de controversias ha sido muy variable, oscilando entre 2 y 35 casos por año.  Dicha instancia tiene además 7 integrantes, cuyos salarios son aún más altos que los del panel de concesiones.

Los integrantes del panel eléctrico reciben, por ley, una remuneración de 320 UTM ($13,5 millones). Pese a que estos salarios son íntegramente pagados por las empresas eléctricas, de todos modos en los últimos meses se han presentado dos iniciativas que buscan disminuir sus honorarios. El primer proyecto de ley fue enviado por Sebastián Piñera pocos días antes de dejar La Moneda, el 4 de marzo pasado. El segundo ingresó recién el 22 de julio y lleva la firma del diputado Felipe Ward y de otros parlamentarios de oposición.

Curiosamente, ambos proyectos de ley buscan igualar las remuneraciones del panel eléctrico a su par de concesiones. Eso implica que el presidente del primero gane más que el resto de sus integrantes y que parte de sus remuneraciones sea variable, pues dependerían del número de sesiones realizadas cada mes. “Los diputados firmantes de esta iniciativa legislativa, concordamos en la idea que esta homogeneización es necesaria, toda vez que el panel de expertos eléctrico, que es de dedicación parcial, tiene una remuneración claramente exorbitante, tomando en consideración las otras entidades de similar composición y funciones”, dice el texto.

El diputado Ward explica que decidieron reponer el proyecto de Piñera, descartado por el nuevo gobierno, porque les parece que hay “una falta de sintonía entre las remuneraciones de esta gente y las del resto de la administración pública”. El parlamentario asegura que no ha tenido contacto con las empresas eléctricas, que son las que en realidad pagan dichos salarios.

CONTROVERSIA CON LA CONTRALORÍA

Inicialmente el MOP pagó de forma íntegra los honorarios de los miembros del panel, porque aún no había suficientes empresas concesionarias que se hicieran cargo del 50% de sus remuneraciones. En junio de 2012, el ministerio recurrió a la Contraloría para que ésta resolviera cuándo terminaba el plazo de dos años establecido por la ley durante los cuales el Estado debía pagar por completo los honorarios del panel de concesiones, así como también para aclarar cómo debían realizarse dichos pagos una vez que las empresas comenzarán a cancelar su parte.

El organismo contralor determinó en diciembre de ese año que el plazo había vencido en enero y que es el MOP el que debe definir cómo se prorratea entre las empresas concesionarias el pago del 50% que les corresponde. Además, estableció que es dicho ministerio el que debe requerir los montos a los privados y pagar los honorarios a los integrantes del panel.

Para 2014, el presupuesto máximo aprobado para el panel es de $425 millones. Dicho monto toma en cuenta el máximo de sesiones permitidas por la ley, por lo que probablemente el gasto efectivo sea menor. La mitad de esos honorarios, además, debe dividirse este año entre 14 empresas concesionarias.