Penta y SQM: un saqueo directo al bolsillo de la gente y al Fisco

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foto_1420150424201425Empresarios y algunos políticos de la UDI, han tratado de convencer a la ciudadanía que en el financiamiento de las campañas, estamos frente a un acto entre particulares, en que un capitalista opta por regalar su dinero a un candidato de manera altruista y que en ello, siendo resorte propio la decisión, nadie tiene derecho a meterse. Cada uno sabe qué hace con su plata, se ha escuchado afirmar.

Basta recordar que en diversas oportunidades los abogados de los controladores de Penta, durante las audiencias de formalización de sus clientes, reiteraron esta idea. Pero más aún, las declaraciones de Julio Ponce Lerou ante los fiscales mantienen la misma tónica, tanto así que fue el directorio de la compañía (SQM) el que decide efectuar aportes a campañas políticas (reconoce aportes reservados por hasta 10 millones de dólares).

Agregó Ponce Lerou que también aportaron a las campañas municipales, arista que hasta el momento no ha aparecido mencionada en las investigaciones que se llevan adelante por el Ministerio Público. Si es verdad que US$ 10 millones fueron entregados mediante la vía de aportes reservados, ¿cuánto salió bajo cuerda? Por lo que hoy se indaga no es ese tema, sino que las platas entregadas de manera fraudulenta con respaldo de boletas truchas.

Pérdida de beneficios a la gente

Esta figura se repite en diversas compañías, incluida Penta, en que una mezcla de decisiones formales con operaciones truchas se entrelazan con el fin de desviar dinero a la política. Pero ese dinero que proviene presuntamente de utilidades y que por lo mismo pertenecería a sus dueños, no es tal, pues en definitiva es otra la fuente real desde donde sale esa plata.

Lo que en estos casos ha sucedido es que se ha «regalado» el dinero de todos los chilenos y ni un solo peso de los empresarios. ¿Pero cómo?, se podrá preguntar usted, si al final fue Penta o Soquimich (Corpbanca, Ripley o Alsacia y vaya a saber cuántas más), quienes metieron la mano al bolsillo y pasaron los billetes. Cierto, ellos metieron la mano, pero en el bolsillo del país y sobre todo de los más pobres.

Cada peso que «donaron», lo descontaron de impuestos como «gasto», rebajando las utilidades y disminuyendo su carga impositiva, variando en la declaración de impuestos la obligación de pagar tributos por sus ganancias. Por eso necesitaban las facturas y boletas truchas, para aumentar artificialmente los gastos.

No era caridad era robo

Pero no solo eso, quienes facilitaron las boletas, obtuvieron del fisco de manera maliciosa la devoluciones del 10% de los montos defraudados. Ese dinero salió del patrimonio nacional. Incluso «donaron» empresas que declararon pérdidas. ¿Cómo se explica eso sino como una acción concertada y dolosa destinada a birlar a todos los chilenos fondos que, de estar en el patrimonio nacional serían destinados entre otros fines a gasto social?

Los montos que se conocen hasta ahora de los dineros defraudados no ha sido definido de manera total, pues recién la investigación está comenzando. Se conoce que las cifras están expresadas en millones de dólares. A modo de ejemplo lo reconocido por Ponce Lerou y sus ejecutivos en orden a los 10 (según el exgerente de SQM 11) millones de dólares entregados a políticos.

En el tema Penta el fiscal nacional Sabas Chahuán denunció que solo en la arista del caso Challico, vinculado con el caso Penta, se defraudó al Estado por $247 millones. Vamos sumando: $392 millones de pérdida ficticia por conceptos de contratos «forwards» de Penta con Asesorías VSA en 2013; $341 millones por 140 boletas ideológicamente falsas emitidas entre 2008 y 2014 que fueron en directo beneficio de las esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; 5 mil millones cuestionadas a diversas empresas SQM. Además de otras minucias que hacen llegar la cifra a cerca de 20 mil millones de pesos.

Monto incalculable

Y la bola de billetes sigue creciendo. ¿Cuánto «donaron» Alsacia, Ripley o Corpbanca? Una incógnita que quizás jamás llegue a conocerse si se aplica la doctrina «Jorratt», que postula que financiar a políticos entregando boletas y facturas falsas no es un delito sino que a lo más debe aplicarse cobranza en tribunales tributarios sin sanción penal.

Usted creía que ¿eso era todo? No pues. La afirmación se funda en que a lo que usted pierde (y de manera indirecta el Estado, como señalaremos), debe agregarse las mermas causadas a las AFP y por lo tanto a usted directamente. Vamos por parte: Usted pierde por el tema de impuestos birlados porque la suma que el Estado no recibe o debe devolver de manera ilegal, los gobiernos las usan en bienestar social. Salud, educación, defensa, etcétera.

Las AFP han estado invirtiendo de manera irresponsable en las empresas cuestionadas Penta y Soquimich desde hace años. Lo han mantenido y solo disminuido las inversiones en parte a pesar de los juicios públicos y a las bajas en los valores accionarios de dichas compañías. Solo SQM ha bajado en un 23% el valor de sus acciones transadas, a pesar del «subsidio» de Ponce Lerou que recompró para evitar una mayor caída. Lo de Penta es escandaloso, tanto es así que los controladores hoy privados de libertad, han puesto a la venta el banco, aseguradoras y hasta la minera Dominga.

Años de depredación

Y las pérdidas no se relacionan a un solo periodo tributario. De hecho los fiscales investigan a partir del año 2009, sin embargo los mismos controladores de las empresas fiscalizadas han reconocido que estas prácticas provienen desde mucho antes. Tal como se ha señalado, tampoco están acotadas todas las empresas que participaron de estas malas prácticas. Resultó infructuosa, indica una fuente del SII, la oferta a las 200 grandes empresas a quienes se les dio la oportunidad de autodenunciarse por financiamientos ilegales.

La lógica pareciera ser esperar que prescriban los delitos o trasladar la carga de desenmascarar los ilícitos al Ministerio Público. Total, parecieran pensar, con la cantidad de trabajo y la ausencia tremenda de medios del SII y del Ministerio Público, ello parece bastante difícil de logra descubrir. Mal que mal, piensan, Penta fue descubierto por la denuncia de un empleado molesto por el no pago de prestaciones que estimaba se le adeudaban y SQM fue producto de los dichos de Pablo Wagner. De otro modo nunca se hubiera enterado nadie.

El «perdonazo»

Y ello es efectivo, pues el dejar prescribir las acciones penales, también conlleva las prescripciones de las acciones tributarias (art. 200 del Código Tributario, 6 años). Es decir, el dinero que el fisco no ha recibido por pago de impuestos a las ganancias (y usted tampoco lo recibió por entrega de beneficios sociales) y el dinero que el fisco debió sacar del patrimonio nacional para devolverle a los que emitieron boletas y facturas truchas (que también se lo sacaron a usted), jamás se va a recuperar.

Bajarle el perfil al asunto buscando componendas políticas acerca de lo pasado, nada tiene que ver con los necesarios acuerdos que regulen hacia el futuro. Es imprescindible distinguir. Es obligación de la clase política, la actual o la que venga si es que deben irse de manera anticipada, regular la relación entre dinero y política. Eso nadie lo puede dudar, es por el bien de todos y de la transparencia.

Pero una cosa distinta es cerrar los ojos y hacer como si aquí no hubiera pasado nada, siguiendo la doctrina del exdirector del SII Ricardo Escobar y que convenientemente ha adoptado el actual director Michel Jorratt. Los «perdonazos» solo incrementan la desconfianza en la gente que no está dispuesta a aceptar el saqueo de las finanzas públicas.

Uno de los hombres claves en las platas truchas ha sido Jovino Novoa, quien ha sido sindicado por más de media docena de testigos como quien pedía dineros a Penta y Soquimich para distribuirlo entre candidatos de la UDI, entre ellos Ena von Baer. Pero no era lo único que hacía, además conseguía boletas y facturas falsas para justificar los pagos y que los empresarios rebajaran gastos de manera ilegal.

Ahora la denuncia provino de la histórica periodista de la UDI Lily Zúñiga Flores quien declaró como imputada en el caso SQM. Su abogado, Jaime Silva, afirmó que ello era  “una práctica habitual en el partido”, además reconoció que los documentos habrían sido gestionados por el mismo Jovino Novoa. Ello es coincidente con las otras declaraciones de la carpeta investigativa. Novoa se ha negado a declarar ante la fiscalía reiteradamente.

Las «reparaciones»

Hasta el momento unos cuantos imputados han devuelto parte de lo defraudado al fisco, aunque no se trata de arrepentimientos, sino que por el contrario, lo han hecho buscando lograr configurar una atenuante, la de reparación con celo del mal causado. La idea es rebajar las penas que pudiera imponérseles.

Hugo Bravo devolvió al Fisco $ 1.098.626.952 para «reparar el mal causado», según sus abogados en agosto del año pasado. El pago buscó restituir a las arcas fiscales los dineros obtenidos por devoluciones de impuestos hechas en el marco del caso «Fraude al FUT», en el cual se acusa al empresario de alterar los gastos.

Por estos hechos, el exejecutivo Penta se encuentra formalizado y con medidas cautelares que le inhiben abandonar su casa. El pago fue efectuado por Inversiones y Asesorías Challico Limitada; $127.703.806 por Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, y 441.506.068 por Hugo Bravo como persona natural.

Penta también da el «vuelto»

Los «Carlos» también siguieron ese camino y hasta el momento han devuelto por concepto de los denominados contratos forwards 4 mil 900 millones de pesos a la Tesorería general de la República. Se trataría del reembolso de la diferencia de impuesto que generaron los contratos forward, situación que investiga el Ministerio Público y el fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo. Otras devoluciones menores del holding elevan lo devuelto a cerca de seis mil millones de pesos.

Pero la defraudación fiscal es mucho más que eso, así que lo «devuelto» no guarda relación alguna con lo defraudado y menos con la «reparación celosa» del mal causado. No pueden devolver la educación que no se impartió, la salud o la vida que se perdió o el robo por faltar policías, entre otros graves perjuicios sociales.

Otros se han allanado a devolver «lo que corresponda», como el excandidato a presidente y exministro Joaquín Lavín, quien al resultar «pillado» en las trucherías ofreció públicamente «reparar el perjuicio fiscal» que pudiera haber causado la actuación de alguno de sus colaboradores durante su campaña senatorial por Valparaíso de 2009. Pero hasta donde se sabe, los aportes que se le efectuaron exceden solo esa campaña del dos veces candidato presidencial.

Si quienes se quedaron con la devolución del 10 % de manera ilegal devolvieran lo mal habido, varios miles de millones se recuperarían. Si hasta el momento se calcula en más de 20 mil millones lo que hasta este momento se conoce de los fraudes, el 10% no es menor. De tal manera que lo devuelto se aleja en mucho al daño ocasionado.