Policías acusados de violencia brutal suelen arrastrar historial de quejas sin castigo

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Existe responsabilidad institucional en los crímenes que cometen los policías, pues detrás de un policía brutal suele haber un historial de malas conductas no sancionadas. Así lo sugiere la criminóloga Jill McCorkel en esta columna publicada en The Conversaton US. Afirma que las investigaciones internas de las policías sirven poco y cree necesario que sean organismos civiles los que investiguen. Algunas lecciones del caso George Floyd pueden servir para Chile.

The Conversation

Traducción de Emilia Guzmán

Vea aquí el artículo original publicado en The Conversation US.

Mientras las protestas contra la violencia y el racismo de la policía continúan a lo largo de Estados Unidos, el público empieza a saber que varios de los oficiales que estuvieron involucrados en el asesinato de George Floyd en Minneapolis y de Breonna Taylor en Louisville comparten un historial de quejas presentadas por ciudadanos respecto a su brutalidad y mala conducta.

Décadas de investigación sobre los tiroteos con resultado de muerte  y brutalidad policíaca, revelan que quienes han disparado contra civiles, tienen más probabilidad de repetirlo en el futuro que otros policías.

Un patrón similar ocurre con respecto a las quejas de mala conducta. Policías contra los que se han presentado denuncias por parte de civiles -ya sea por uso de fuerza excesiva, abuso verbal o allanamientos injustificados- tienen mayor posibilidad de involucrarse en faltas graves a la conducta en el futuro.

Un estudio publicado en American Economic Journal investigó 50.000 quejas de mal comportamiento policial en Chicago y descubrió que los oficiales con un extenso historial de quejas eran desproporcionadamente más propensos a ser objeto de demandas por violar los derechos civiles y a generar grandes pagos por acuerdos en demandas.

A pesar de esta evidencia, muchas agencias no solo no investigan adecuadamente las acusaciones de mala conducta, sino que rara vez acogen las quejas de los ciudadanos. Las sanciones disciplinarias son pocas y están reservadas para los casos más terribles.

QUEJAS, PERO POCAS CONSECUENCIAS

Derek Chauvin, el ex-oficial que está acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd, no es ajeno a situaciones en las que se ha usado fuerza letal por parte de los policías.

En 2006, Chauvin estuvo entre los oficiales que, en solo cuatro segundos, dispararon 43 veces a un camión conducido por un hombre buscado en una investigación sobre violencia doméstica. Según los policías, el hombre, Wayne Reyes, los apuntó con una escopeta recortada. El departamento policial nunca reconoció cuáles eran los oficiales que habían disparado y un gran jurado convocado por fiscales no encontró culpables a ninguno de ellos de la muerte de Reyes.

Chauvin fue objeto de por lo menos 18 quejas de mala conducta y estuvo involucrado en otros dos incidentes de tiroteo. Según Associated Press, 16 de las quejas fueron “cerradas sin castigo” y sólo se emitieron dos cartas de reprimenda para Chauvin en los otros dos casos.

Tou Thao, uno de los tres oficiales de Minneapolis en la escena cuando Floyd suplicaba por su vida, es mencionado en una demanda de derechos civiles en 2017. Lamar Ferguson, el denunciante, dijo que caminaba a casa con su novia embarazada cuando Thao y otro oficial lo detuvieron sin causa, lo esposaron y procedieron a golpearlo y patearlo con tanta fuerza que le rompieron los dientes.

El caso fue resuelto a través de un acuerdo en el que la ciudad pagó US $ 25.000. La policía y la ciudad declararon no poseer responsabilidad en el incidente. Pero no se sabe si se sancionó a Thao.

En Louisville, Kentucky, al menos tres de los oficiales involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor mientras cumplían una orden de allanamiento en su casa, habrían sido previamente sancionados por violar las políticas de la institución.

Uno de los oficiales, Brett Hankison, es hoy objeto de una demanda. En ella, según informes de prensa, se lo acusa de acosar a sospechosos y cargarlos con evidencia (drogas). Él ha negado los cargos.

Myles Cosgrove, otro oficial involucrado en el caso de Taylor, fue demandado por uso de fuerza excesiva en 2006 por un hombre a quien disparó siete veces en el curso de una inspección de rutina. El juez desestimó el caso. Cosgrove recibió una licencia administrativa remunerada. Su papel en el tiroteo fue investigado por su departamento y Cosgrove regresó a las mismas dependencias después de que la investigación se cerró.

Los manifestantes salieron a la calle el día después de que un gran jurado se negó a acusar al oficial de policía de Cleveland Timothy Loehmann por el tiroteo fatal de Tamir Rice, de 12 años, en noviembre de 2014. Angelo Merendino / Getty Images

Un estudio publicado en American Economic Journal investigó 50.000 quejas de mal comportamiento policial en Chicago y descubrió que los oficiales con un extenso historial de quejas eran desproporcionadamente más propensos a ser objeto de demandas por violar los derechos civiles y a generar grandes pagos por acuerdos en demandas.

PATRONES DE MALA CONDUCTA Y ABUSO

Soy académica de derecho e investigadora del sistema de justicia penal. En mi trabajo examinando casos de condena injusta en Filadelfia, regularmente encuentro patrones de mala conducta policial que incluyen intimidación de testigos, manipulación de pruebas y coerción. A menudo, en multiples casos, son los mismos oficiales los que se involucran en los mismos tipos de mala conducta y abuso.

Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, a nivel nacional, de un total de 12 denuncias de mala conducta policial, menos de una conduce a algún tipo de sanción disciplinaria.

Además, está el problema de los “policías gitanos”: un término despectivo que se usa en los círculos policiales para referirse a los oficiales despedidos por conductas graves que luego son contratados en otro departamento.

Timothy Loehmann, el oficial de Cleveland que disparó y mató a Tamir Rice, de 12 años, renunció antes de ser despedido de su departamento de policía anterior por considerarlo “no apto para servir”. Un gran jurado no acusó a Loehmann del asesinato de Rice, pero la División de Policía de Cleveland lo despidió después de descubrir que no había revelado la razón por la que dejó su trabajo anterior.

En el estudio más grande de contratación de policías realizado hasta hoy, investigadores concluyeron que oficiales contratados nuevamente, que representan aproximadamente el 3% de la fuerza policial, significan una seria amenaza para las comunidades debido a su propensión a delinquir si antes habían cometido una mala conducta.

Estos oficiales, escribieron los autores del estudio, “son más propensos… a ser despedidos de su próximo trabajo o a recibir una queja por una violación de carácter moral”.

Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, a nivel nacional, de un total de 12 denuncias de mala conducta policial, menos de una conduce a algún tipo de sanción disciplinaria.

EL MODELO NEWARK

Durante la administración de Obama, el grupo de trabajo sobre la policía del Siglo XXI recomendó la creación de una base de datos nacional para identificar a los oficiales cuyas licencias fueron revocadas debido a mala conducta. La base de datos que existe actualmente, el Índice Nacional de Descertificación, es limitada, dada la variación a nivel estatal en los requisitos de informes y los procesos de descertificación.

Analistas están de acuerdo que este es un paso útil, pero creen que no actúa en contra de las fuentes administrativas e institucionales que subyacen en los casos de violencia, discriminación y mala conducta.

Por ejemplo, después del tiroteo que mató a Michael Brown, el Departamento de Justicia descubrió que la policía de Ferguson, Missouri, tenía una larga historia de fuerza excesiva, detención y registros ilegales, discriminación racial y prejuicios raciales. El informe señaló que el uso de la fuerza era a menudo en represalia y que “en la abrumadora mayoría de las veces, casi en el 90%, la fuerza se usaba contra los afroamericanos”.

Una solución prometedora podría ser la creación de juntas de revisión civil independientes que sean capaces de realizar sus propias investigaciones e imponer medidas disciplinarias. En Newark, Nueva Jersey, por ejemplo, la junta puede emitir citaciones, celebrar audiencias e investigar el mal comportamiento.

Investigaciones a nivel nacional sugieren que las juntas de revisión ciudadana atienden más las quejas de uso fuerza excesiva que las jurisdicciones que dependen de mecanismos internos. Sin embargo, el trabajo de las juntas de revisión civil se ha visto minado por recortes de presupuesto y limitaciones a su autoridad. Los modelos prometedores, incluido el de Newark, son con frecuencia objeto de demandas y hostigamiento por parte de los sindicatos policiales, quienes dicen que tales juntas socavan los procedimientos disciplinarios internos de la policía.

En el caso de la junta de revisión civil en Newark, ésta prevaleció después de la demanda del sindicato de policía. El fallo de la corte restauró la capacidad de la junta para investigar la mala conducta de la policía, pero hizo que sus recomendaciones disciplinarias no fueran vinculantes.

Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation Estados Unidos. Lea aquí el original. CIPER lo difunde en el marco del acuerdo que ambos medios tienen para divulgar investigación académica en formato accesible para todo el público.

FUENTE: CIPER