Por Qué Río Cuervo es más Grave y Peligroso que Hidroaysén

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El vocero de la Agrupación Wallmapu de Puerto Aysén, Hugo Díaz, habló de los peligros que simboliza para la comunidad el proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, aprobado a comienzos de este año por el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet pese a más de 11 observaciones realizadas por la ciudadanía.

Entrevistado por El Ciudadano a mediados de este año, Díaz confirmó la preocupación de algunos vecinos de que sectores poblados de Aysén puedan ser potencialmente afectados por inundaciones si se produce algún sismo de magnitud similar al de 2007 en la falla Liquiñe-Ofqui, donde se construirá la central.

Esto, aseguró el dirigente, se ve agravado por la inexistencia de estudios concluyentes sobre la materia:

«La  empresa no presentó los estudios requeridos para afirmar que el terreno sea totalmente estable y seguro. De hecho, quedó comprometido a través del Comité de Ministros que se hicieran monitoreos de la zona, cuando eso es perfectamente abordable antes de inundar y poner en riesgo a la ciudadanía”.

El presidente de Wallmapu recordó que Río Cuervo partió “hace mucho tiempo”, aludiendo a “ambiciones que son anteriores al año 2000”, época en la que se conoció el primer intento de construir represas con Alumysa, en su momento, “el proyecto ambientalmente más cuestionado a nivel país”.

Río Cuervo “es el doble de lo que inundaba Hidroaysén”, dijo Hugo Díaz.

Díaz habló también de “presiones a los servicios públicos” por parte de Energía Austral, que ha sido cuestionada por cuantiosos donativos a la Municipalidad de Puerto Aysén bajo la gestión del alcalde Óscar Catalán, al cual acusó de tener nexos comerciales con la empresa.

“Durante su ejercicio como alcalde sostiene vínculos, recibiendo aportes para desarrollar actividades promocionales para el municipio. Recibe fondos, por ejemplo, para regalar vehículos en candidaturas a reina… para hacer viajes turísticos con gente de la ciudad, sobre todo dirigentes sociales, donde Energía Austral le exige al alcalde que se comprometa a que estos dirigentes hablen bien del proyecto”, señaló.

En febrero de 2012, la Contraloría General de la República confirmó la instrucción de un sumario administrativo contra la Municipalidad de Aysén por “faltas a la probidad” relacionadas con la tramitación del estudio de impacto ambiental de la central Río Cuervo.

Junto a dicho proceso, el ente fiscalizador recibió además una presentación de distintas organizaciones ambientales en Coyhaique pidiendo aclaración de las numerosas reuniones que mantuvo la suiza Glencore, una de las propietarias de Energía Austral, con los titulares de Energía, Minería y Medioambiente, previo a otorgar la luz verde que favoreció a la multinacional.

Los orígenes de Glencore ya son oscuros: su fundador es el comerciante de materias primas Marc Rich, colaborador de la CIA acusado de enriquecimiento ilícito. “En toda Latinoamérica y en todo el mundo han tenido problemas. En Argentina han tenido ejecutivos presos”, afirmó Díaz sobre la compañía.

Trayectoria

Aysén y sus recursos hídricos son una oportunidad de negocios para el duopolio  eléctrico y minero poseedores de los derechos de aguas, patentes, todo esto amparado bajo el marco de la legislación chilena. Lo que se traduce en un escenario muy atractivo para la “Inversión” extranjera.

Energía Austral es una empresa controlada por Origin Energy -Australiana- y Glencore Xstrata -Suiza, que ha sido acusada de corrupción, evasión fiscal y delitos contra el medioambiente en varios países.

A inicios del 2007 ingresó a evaluación ambiental el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Cuervo”, emplazado en la comuna de  Puerto Aysén XI Región, el cual consistía en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de Embalse con una capacidad instalada estimada de 600 MW y una generación de energía media anual sobre 3.900 GWh.

En abril de 2007 este proyecto es rechazado por el Corema de la Región de Aysén por adolecer de información relevante y esencial para efectos de calificar ambientalmente la actividad.

El Proyecto se emplazaría en la naciente del río, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Puerto Aysén, la segunda urbe más poblada de la región después de Coyhaique, la capital.

El 2009, Energía Austral introdujo un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, esta vez para la construcción de un complejo hidroeléctrico que suma dos centrales más: Río Blanco, de 360 megavatios y Lago Cóndor, de 54 megavatios, a desarrollarse posteriormente.

Según los expertos, la central de Cuervo implicaría un riesgo que trasciende lo ambiental, pues proyecta su construcción sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui, una zona conformada por conos volcánicos activos.

Quienes siguen haciendo lobby para aprobar Río Cuervo olvidan el desastre natural ocurrido en el fiordo Aysén en 2007.

Eso fue corroborado en un estudio de la Universidad de Chile publicado en la revista científica Andean Geology, donde se señala que en el área es posible esperar terremotos de magnitud del orden de Mw 7,1, lo cual debería ser considerado en la evaluación del peligro sísmico de la región.

En 2013, las autoridades nacionales aprobaron la construcción de Cuervo. Pero unos días después, la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas, y ordenó un estudio integral sobre los riesgos de su construcción.

El 21 de agosto de 2014, la Corte finalmente ratificó por unanimidad las autorizaciones ambientales dadas por las instancias del Ejecutivo, lo que facilitaría la aprobación del gobierno, para equilibrar su rechazo a HidroAysén.

Luego, en enero de este año, el Comité de Ministros encabezado por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los titulares de las carteras de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura resolvió ayer mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para el proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”.

El proyecto

El proyecto considera la construcción de dos presas en el río Cuervo, y una capacidad instalada de generación de 640 MW para suministrar al Sistema Interconectado Central (SIC). Dichos embalses se ubicarán a 46 kilómetros de Puerto Aysén y las obras de construcción tendrán una duración de cinco años, e implican una inversión de US$ 733 millones.

Sin embargo, lo que resulta preocupante para las organizaciones ciudadanas y comunidad aysenina es el embalse de 13 mil hectáreas en las cercanías de Puerto Aysén y sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui, lo que es considerado peligroso para la población y de alto impacto para la biodiversidad.

La represa contempla también la desaparición de dos de los más prístinos lagos del país: el Yulton y el Meullín.

La decisión del Comité de Ministros se adoptó tras analizar los 11 recursos de reclamación presentados por particulares y organizaciones ciudadanas, que buscaban impugnar la RCA entregada al proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, el 16 de septiembre de 2013.

Los recursos de reclamación presentados apuntaban a materias de hidrología, flora y fauna de ecosistemas terrestres y acuáticos, medio humano, paisaje y turismo, riesgo y normativa ambiental aplicable, entre otros.

Riesgos

“Existe una deficiente evaluación de las variables geológica y sísmica, se ha incumplido con el Convenio 169 de la OIT, se ha tramitado de forma irregular con servicios que no se pronunciaron y se han dejado sin evaluación impactos de gran importancia” señaló el abogado de la ONG FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), Diego Lillo, organización que patrocina las reclamaciones de la ciudadanía y las organizaciones.

Lillo indicó que “debemos esperar la resolución relativa al acuerdo adoptado por el Comité de Ministros, el próximo paso será recurrir a los tribunales ambientales para revertir esta errónea decisión, además de otros recursos relacionados con la invalidación del acto y requerimientos ante la Contraloría”.

Al respecto, el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, señaló que “esto es una burla del gobierno. Tomar una decisión sobre un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin haber definido aún la Política Energética Regional es una irresponsabilidad”.

El Comité de Ministros acogió parcialmente las reclamaciones relacionadas con fauna terrestre y riesgo. Respecto de esta última, determinó que se deberá complementar el Plan de Monitoreo de Alerta Temprana con el desarrollo de un Protocolo de Acción, para la generación y análisis de información adicional asociada al llenado y operación de embalse. Este protocolo deberá ser revisado y aprobado por Sernageomin antes de iniciarse el llenado del embalse proyectado.

Intentamos ponernos en contacto con la empresa para consultar respecto a los potenciales peligros que esta presentaría, petición que fue rechazada por lo que no fue posible contar con su versión de los hechos. La única información que ofreció Energía Austral fue a través de un comunicado el cual estipuló que la empresa “continuará dando cumplimiento al plan de compromisos ambientales de Cuervo y trabajando en el desarrollo de sus proyectos en conjunto con las comunidades locales”.

El presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, recalcó que “teníamos claro que, al final, nos veríamos en tribunales ambientales. Lo que sí hay que recordar es que la lucha por una Patagonia sin represas, por una Aysén Reserva de Vida, no es para a que este tipo de proyectos no se aprueben sino para que no se concreten. Lo de hoy solo fue un mal paso, pero solo eso”.

Desde Puerto Aysén, el presidente de la Agrupación Wallmapu Hugo Díaz, cuestionó al gobierno de Michelle Bachelet “por entregar a una comunidad a la voracidad de una empresa trasnacional minera, permitiendo que levanten un embalse de 13 mil hectáreas sobre nuestras familias. Bachelet y Puerto Aysén tienen una historia negra en materia de sismos y terremotos, y al parecer ella no aprendió nada”.

Reacciones a nivel nacional

Para el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, “es una pésima idea por donde se la mire. Chile, además, tiene alternativas para producir energía limpia, con bajo impacto ambiental, sin inundar esta cantidad de territorios”.

Por su parte el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego, expresó que lo ocurrido es “otra decisión totalmente equivocada que solo podemos entender como un guiño a las grandes corporaciones transnacionales respecto a que Chile sigue abierto a riesgosas aventuras financieras. Claramente lo que buscan el gobierno y las empresas es abrir la Patagonia chilena al desarrollo industrial, como no pudieron con HidroAysén ahora lo intentan con río Cuervo. Esto, en circunstancias que Chile podría abastecerse en un 100% de energías renovables”.

El gobierno y las empresas generadoras han tratado de instalar en la opinión pública la idea de que estamos en crisis energética, y que de no construirse proyectos como HidroAysén, Rio Cuervo, o termoeléctricas como Castilla, se avecina una severa crisis eléctrica; para evitar ese supuesto escenario el país necesitaria duplicar la oferta eléctrica al año 2020; o como opción, se vería obligado a construir centrales nucleares.

La situación descrita arriba no es realista, Chile no sufre una crisis de abastecimiento eléctrico.

El país ya posee una capacidad de generación de 16.726 MW; y los proyectos de generación aprobada o en construcción, superan los 18.402 MW, lo que duplican el parque de generación eléctrica actual y holgadamente puede responder al aumento de la demanda eléctrica de los próximos 20 años.

¿Quiénes insisten en que se duplique la generación eléctrica?

El principal consumidor de electricidad en Chile es el sector minero, con 34% del total nacional; luego el sector industrial con 28% (que también incluye la industria minera) y finalmente el sector residencial, que consume sólo 16% de la energía generada.

En épocas de crisis, cuando el gobierno le pide a los chilenos que ahorren energía, que no malgasten y que sean más eficientes, se dirige principalmente al 16% del país. Pero al sector industrial y minero, que en conjunto consumen el 62% de la energía, no les exige ni ahorro ni metas de eficiencia.

Hay formas mucho más eficientes para generar electricidad. La “demanda energética” no es tal. Desde que se privatizó la generación eléctrica y su comercialización por medio de la Ley General de Servicios Eléctricos (1982), quienes deciden el modelo de desarrollo energético, precios y costos socio-ambientales son los grandes holdings eléctricos, donde el estado pasa a ser un actor secundario y mero espectador.

«Los ciudadanos y las organizaciones socioambientales de la Region de Aysen, nos  declaramos desconformes con la medida, nuevamente se nos vulneran nuestros derechos, aprobando represas que coloca en serio peligro la vida de nuestros vecinos, hijos y futuras generaciones, creemos que es impresentable  la decisión  tomada por  el Tribunal Supremo, careciendo de información científica respecto de los impactos y serios problemas que nos puede ocasionar la construcción de una mega represa en una falla geológica en constante actividad», afirmó Juan Manuel Vásquez, miembro del Movimiento por la Defensa de la Patagonia.