¿Quién le cree a la Señora?, por Pamela Jiles

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1137426134_0Lagos quiere ser el candidato presidencial de la Nueva Concertación. Se levanta y auto bombea cómo el único posible salvador de la coalición en el poder. De atrás le sigue Insulza.

MEO iba como avión. Un entendimiento con su antigua matriz parecía tomar cuerpo, cuando supimos de sus reuniones con el gerente de Ponce Lerou y se reventó el globito. Apostamos, sin embargo, a que Marco logrará sortear de alguna forma este mal paso, eso sí, ya no para imponerse como presidenciable del oficialismo. Porque, tras un largo invierno, Lagos emergió de sus cuarteles para sellar un acuerdo de la clase política que permita remontar la crisis y darle rostro a la continuidad. Más avezado y locuaz que nunca, se permitió recordar que Bachelet es responsable de la (mala) implementación del Transantiago. Recibió a representantes del neofascismo venezolano y se candidateó sin disimulo.

El contexto de su postulación es inmejorable. La Señora presidenta se hunde en un pantano de errores seguidos de más errores. Esta semana pasó de la presunción de inocencia a la expiación familiar, como me sugiere acertadamente @abogadodelpueblo. La familia Caval se desplegó en extrañas explicaciones a través de su diario oficial, la cadena El Mercurio.

Un error tras otro. El hijo, Sebastián, transformado en el niño símbolo de la corrupción, el chiste cruel para diecisiete millones de chilenos, el peor enemigo político de su madre, tiene prohibido dar entrevistas. Comparece ante la justicia con escolta, aparatoso operativo policial, calles cortadas, limitaciones a la prensa y vehículos fiscales. Un ají en buena parte para los ciudadanos, ya suficientemente hinchados con el tráfico de influencias. En su prisión domiciliaria -de facto- Dávalos estudia posibles destinos una vez que pueda liberarse de esta molestia: Boston y Washington son sus favoritos.

Un error tras otro. La nuera Natalia declara como imputada. Doliente, víctima, lacrimosa, compungida, responde lo que quiere a La Segunda, niega previsiblemente cualquier responsabilidad de su suegra, pero evita referirse a la devolución del dinero obtenido del estupendo negocio inmobiliario. Eso es lo único que la ciudadanía quiere saber y no dice ni pío. Al borde del sollozo pero millonaria. Humillada pero nueva rica, nueva minoría, nueva Elite sin acento, devenida clase pudiente en una carrera meteórica desde la humilde casita en Puente Alto a la mansión que le vendió  el ministro Gómez en lo más alto de la ciudad.

Un error tras otro. La propia Señora es entrevistada por ese perro de presa que es Amaro -repuesto por la Nueva Mayoría en su rol de hombre ancla para «no profundizar la crisis» en TVN- y convertido ahora en el rostro de la credibilidad. Ambos -entrevistada y entrevistador- con la credibilidad por el suelo… y bajando. Ella hace pucheritos y está en contra de la especulación inmobiliaria,  pero no se decide a deshacer el negocio de su hijo y nuera. Ella está muy golpeada y detesta el abuso de poder, pero provee tratamiento Vip a su hijo adicto al lujo. Tiene penita y no está para arreglines, pero cocina uno que ya está oleada y sacramentado por el conjunto de la Elite.

Estrategias comunicacionales que sólo agravan la falta. La enorme y evidente falta. La tragedia Caval se superpone a todos los acontecimientos, simplemente porque el sentido común es el más común de los sentidos y es evidente que el negociado aquel es más grave que el conjunto de los demás hechos de corrupción que está conociendo la opinión pública, justamente porque involucra a la presidenta.

Un error tras otro. La desconfianza de los ciudadanos aumenta sin parar. Ha quedado en evidencia que la Elite defrauda al Fisco (delito) de manera regular, que políticos y empresarios se han coludido durante décadas para obtener prebendas monetarias a costa del erario público, y que el dolo es de tal envergadura que no pudo ocurrir sin el conocimiento de La Señora. Por lo tanto, nadie le cree a la presidenta. No le creen ni su hijo ni su nuera, que conocen la verdad. Ni siquiera Andrade ni Escalona ni Isabel Allende. Tampoco Elizalde ni Francisco Vidal ni Peinadillo. No le creen a pesar de que dicen lo contrario. No le creen aunque responsabilizan a la prensa del descrédito a las instituciones y a la presidenta en particular. Aunque Elizalde declara muy molesto que todo Chile sabe que la señora habla siempre con la verdad. No le creen. Tampoco Sergio Bitar, que está semana se volvió  guaripola del arreglín que intenta la Nueva Concertación con sus aliados de la UDI y RN. Poco cauteloso, Bitar dejó en evidencia que patrocina ideológicamente un acuerdo para eludir la penalización de tres ministros, trece senadores y treintisiete diputados por el Caso SQM; más de cien nuevas estafas de políticos al fisco por el Caso Penta en las que aún no hay querella del obsecuente SII; y otra tracalada de personeros del establishment implicados en las listas de «aportes» de Codelco a sus bolsillos.

«Todos los chilenos deben asumir responsabilidades y cambiar de comportamiento -señaló Bitar- aunque en el caso particular de la política y el dinero, se requiere mucha más firmeza. Pero decir que quienes han gobernado son los culpables, siendo que hay buenos presidentes de partidos, buenos militantes, buenas autoridades, puede constituir un desacierto mayor. No veo de qué manera se puede avanzar si un país no se entiende. ¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren que llegue otro militar?», dijo sin arrugarse. Para él, la única alternativa a la corrupción de la Elite es un acuerdo de impunidad. Si no, nos amenaza con un malsano caudillismo populista. O peor, un Golpe de Estado. Es decir, acuerdo de impunidad o muerte. Así de simple y claro.

Sin duda, Bitar tiene experiencia en el tema: estuvo vinculado al escándalo de sobresueldos conocido como «MOP-Gate» y protagonizó la estafa masiva del Crédito con Aval del Estado.

Esta vez como entonces, el gobierno y sus secuaces concentran saliva en legitimar su acuerdo de borrón y cuenta nueva con diversas fórmulas: el llamado de La Señora a «dejar de condenar a las personas anticipadamente»; el exhorto de Peinadillo a «crear un marco jurídico» que regule la relación entre dinero y política (en circunstancias de que la legislación vigente es adecuada para ese objetivo a condición de que se aplique); las bravatas exigiendo a la prensa «parar la caza de brujas» ( que debemos entender como dejar de informar); la campaña contra los pocos periodistas que fiscalizan porque son irresponsables «opinólogos»; la chiva peluda de «la salida institucional» a una crisis que -según el gobierno- no existe puesto que ha sido artificialmente creada por…. ¿quién?, ¿la ciudadanía?, ¿los opinólogos?, ¿el Papa?, ¿los terroristas?, ¿Luly?

La Señora nos presentan una ecuación perfecta: si no queremos un Golpe de Estado debemos aplaudir un acuerdo de la clase política para resguardar los privilegios de la clase política legalizando el saqueo de la clase política a través de una «regulación» hecha por la clase política para que desde ahora en adelante sea el Estado el que financie las campañas electorales de la clase política.

Hay que recordar que esta misma clase política, a través del parlamento -ilegítimo en un porcentaje aún no precisado- elegirá en pocas semanas más al Contralor General de la República y el Fiscal Nacional. Es decir, el ladrón detrás del juez y el gato a cargo de la carnicería.

En este panorama, el candidato Ricardo Lagos sabe que nadie le cree a La Señora. El tampoco. Ella no va a renunciar y pretende capear la debacle con su acuerdo de impunidad, aunque está claro que el liderazgo de la presidenta está cuestionado, dañado, destruido. Para eso está Lagos, el eterno pater familia, el hombre autoritario que el país necesita. Que, además, tiene a su haber el oportuno acuerdo con Longueira del 2003, cuando estallaron los casos coimas, sobresueldos y GATE.  Estaban sometidos a proceso un ministro, un subsecretario y cinco parlamentarios laguistas como presuntos autores de delitos de corrupción. El entonces presidente Lagos recurrió a la «salida institucional»: un arreglín con la derecha para taparlo todo, la conformación de una Comisión Asesora de Trasparencia y Probidad -¿se acuerdan?-, la promesa de una «verdad procesal» que nunca se conoció y una «marco regulatorio» que dio  pié al actual desastre. Chiste repetido.

Pamela Jiles

13-04-2015