Secreto de Ley Valech: De canalladas, hipocresías y abyecciones

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Con motivo del envío, por parte del Ejecutivo al Congreso Nacional, de un proyecto de ley que reforma el texto legal llamado Ley Valech, ha habido una serie de reacciones y declaraciones en que, especialmente los involucrados, se han manifestado a favor o en contra, según sea el caso. Otros, como el ex presidente Ricardo Lagos, han tratado de explicar el porqué de la inclusión del artículo 15, del Título IV, del Secreto.

Con el objeto de proporcionar más antecedentes a la discusión actual, he creído oportuno, reproducir parte de la nota que publicó Clarín al respecto, el día 14 de febrero de 2014, es decir hace más de 4 años. Reitero que es sólo un extracto, pues la nota es mucho más extensa, pero los demás antecedentes corresponden a otro contexto y, en este caso, no tienen valor documental. Por lo demás, la nota original, ha sido consignada en el libro de reciente edición, “Chile, la obsesión de jugar con fuego”.

La hipocresía.

Ahora bien, y siguiendo con el mismo tema, otro parlamentario, el diputado Jorge Burgos, a pocas semanas de asumir como titular del Ministerio de Defensa, también brinda su decidido apoyo a Carolina Echeverría y manifiesta que han estado en permanente contacto y sabe de su compromiso con los derechos humanos. Hasta aquí, en mi modesta opinión, sólo cabe  estar de acuerdo con el futuro ministro. Sin embargo, donde sí el honorable diputado comete un muy desafortunado “error”, es cuando declara que “en un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los tribunales, no los denunciantes ni tampoco son responsables los hijos, eso es ajurídico”. Totalmente de acuerdo con que los hijos no son responsables de los delitos cometidos por sus padres. Pero, señor diputado, y ahora me dirijo a usted, ¿de qué tribunales está usted hablando, de los mismos que absolvieron al general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, alias Daniel López?. Tal vez, esos tribunales consideraron que las denuncias no eran lo suficientemente graves para ser tomadas en cuenta y los denunciantes (la mayoría de los chilenos) no aportaron las suficientes pruebas para que los tribunales pudiesen condenarlo.

La abyección.

Además, usted como parlamentario debe estar en conocimiento de que existe un texto legal llamado Ley Valech que tiene el número 19.992 en cuyo Título IV, Del Secreto, en su artículo 15 dice lo siguiente:

      TITULO IV
Del secreto

     Artículo 15.- Son secretos los documentos,
testimonios y antecedentes aportados por las víctimas
ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003,
del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su
cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al
informe elaborado por la Comisión sobre la base de
dichos antecedentes.
El secreto establecido en el inciso anterior se
mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que
los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la
custodia del Ministerio del Interior.
Mientras rija el secreto previsto en este artículo,
ninguna persona, grupo de personas, autoridad o
magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso
primero de este artículo, sin perjuicio del derecho
personal que asiste a los titulares de los documentos,
informes, declaraciones y testimonios incluidos en
ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a
terceros por voluntad propia.
Los integrantes de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura, así como las demás personas
que participaron a cualquier título en el desarrollo de
las labores que se les encomendaron, estarán obligados a
mantener reserva respecto de los antecedentes y datos
que conforme al inciso primero de este artículo tienen
carácter secreto, durante todo el plazo establecido para
aquel. Estas personas se entenderán comprendidas en el
Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal
o del artículo 303 del Código Procesal Penal, según
corresponda.
La comunicación, divulgación o revelación de los
antecedentes y datos amparados por el secreto
establecido en el inciso primero, será sancionada con
las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal.

Entonces, honorable diputado, ¿nos puede explicar a los ciudadanos de este país, si tuvieron algún sentido las más de 38.000 respectivas denuncias que efectuaron las víctimas a través de sus testimonios ante los funcionarios de la comisión  Valech, mismas que fueron sancionadas (acreditadas) por dicha comisión?

Estoy en condiciones de asegurarle, honorable diputado, porque lo he conversado en innumerables ocasiones con varios compañeros, que de haber sabido que se iba a decretar el secreto  para asegurar la impunidad de los torturadores, ninguno de los compañeros y compañeras que me ha tocado entrevistar y, por lo que me explicaron, ninguno de los que concurrieron, habrían entregado su testimonio.  Y ese artículo, señor Burgos, no es más que una traición a la confianza de las víctimas que lo único que deseaban, era que se hiciera justicia. Pero claro, el ex presidente Ricardo Lagos, prefirió subsanar la negación de justicia al mejor estilo neoliberal: con una reparación económica, aunque fuera austera y simbólica. El problema, es que las torturas no fueron ni austeras ni simbólicas; por lo demás, la famosa compensación económica es harto rasca. ¿Sabe a cuánto asciende el monto que recibe un  “compensado” por la ley Valech? Yo se lo informo: $156.038.- mensuales; es decir, ni siquiera el sueldo mínimo. La decisión en el sentido de no entregar el monto total en un solo acto (que habría sido de mucha utilidad para las víctimas de avanzada edad cuya mayoría se encontraba cesante), radicaba, justamente, en la idea cierta  que más temprano que tarde, irían falleciendo, con el consiguiente ahorro para el fisco, puesto que esa compensación no es hereditaria. Y esta es otra felonía establecida en la ley Valech.

Una pregunta señor diputado: ¿usted leyó la ley antes de concurrir con su voto para aprobarla?, ¿estuvo de acuerdo con el mentado artículo 15 que establece la impunidad absoluta de los torturadores? Si es así, entonces lo menos que puede hacer es quedarse callado y no tratar de confundir a la ciudadanía con “tinterilladas hipócritas”. Esto, sin contar que de todas formas usted es cómplice, al igual que todos los parlamentarios que estuvieron de acuerdo en aprobar la ley Valech con el artículo 15 incluido, del acto de mayor abyección  que haya cometido un presidente de la República durante el período republicano. El ex presidente Lagos tendrá que cargar con el estigma de haber asegurado la impunidad absoluta a los mayores violadores de los derechos humanos de nuestra historia. Esta felonía, no tiene parangón, ni siquiera con la Ley de Defensa de la Democracia o Ley Maldita, del presidente Gabriel González Videla, porque en esta ocasión, no sólo se traicionó la confianza de las víctimas, sino que además, se les volvió a dar una estocada en su dignidad.

Desde esta tribuna, hago un llamado a las víctimas que concurrieron con su testimonio ante la Comisión Valech, que hagan público cada uno de estos testimonios tal cual fueron expuestos ante los funcionarios de dicha comisión, pues estoy seguro que será el único camino que nos acerque a la verdad y a la justicia plena, y no “en la medida de lo posible”. Si no fuera así, por lo menos, como dijo el Presidente Allende, que tengan una sanción moral de la mayoría del pueblo chileno.

Estado de derecho.

En su declaración el diputado Jorge Burgos parte de la base que el Estado de Chile es un  Estado de derecho. Yo he demostrado en varios artículos, que un Estado que se rige por una Constitución impuesta por y en una dictadura -por lo tanto ilegal e ilegítima- no puede llamarse Estado de derecho. Pero como este no es el tema de esta nota, le voy a conceder al honorable diputado Burgos, el beneficio de la duda. Partiendo de esta premisa, nuevamente me dirijo directamente a usted honorable diputado. Usted está próximo a asumir la titularidad del Ministerio de Defensa; le propongo un acuerdo:  ya que usted está tan interesado en que la ciudadanía se convenza que Chile es un Estado de Derecho, apenas asuma como ministro, envíe un Decreto en que se establezca que las fuerzas armadas de nuestro país, deberán iniciar un proceso de devolución de todos los bienes inmuebles de los que se apropiaron ilegal e ilegítimamente, a sus legítimos dueños, ya sea al fisco, ya sea a los particulares, como corresponda en cada caso.

 

ESCRITO POR HUGO MURIALDO