SQM le paga honorarios al ex diputado Cardemil desde hace un año

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cardemilLa empresa minera de Ponce Lerou tenía una extensa planilla de pagos por asesorías, donde figuraban lobistas, ex dirigentes políticos y familiares de parlamentarios en ejercicio. A esa lista se agrega ahora el ex diputado RN Alberto Cardemil, quien asegura que se trató de asesorías profesionales en su calidad de abogado. Cardemil está imputado por el Ministerio Público en el caso Penta por facilitar boletas ideológicamente falsas con el fin de recibir $10 millones para su fallida candidatura senatorial en 2013.

Boletas de honorarios por $ 1,6 millón mensuales emitió el ex diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich) hasta mayo de 2015. Estos documentos, desconocidos hasta ahora, están detallados como “asesoría legal” y según Cardemil corresponden a pagos por servicios efectivamente prestados.

El dato cobra relevancia en el marco de la investigación por financiamiento irregular de la política porque el Ministerio Público pidió la formalización de Alberto Cardemil por delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas de terceros a Empresas Penta para financiar su fallida candidatura al Senado en 2013. La audiencia de formalización está fijada para el 22 de junio.

Las nuevas boletes fueron emitidas a Soquimich por el propio Cardemil, quien aseguró a CIPER que “corresponden a mi ejercicio de la profesión de abogado”. Negó que se trate de dineros relacionados con financiamiento políticos y se mostró sorprendido, ya que no ha sido interrogado ni citado por la Fiscalía en relación a estos documentos. “¿Acaso podría haber algún problema con el ejercicio de mi profesión después de dejar mi cargo público?”, manifestó.

Explicó que tras dejar la Cámara de Diputados, en marzo de 2014, instaló su oficina y comenzó a prestar asesorías a diversos clientes “porque tengo que vivir”. Entre estos clientes estaba Soquimich: “Trabajé con contrato de honorarios, asesorando a la gerencia general de la empresa. El contrato fue finiquitado este mes (mayo) de común acuerdo”, aseguró el ex diputado RN, quien relató que se reunió con el nuevo gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, quien reemplazó a Patricio Contesse. “Ellos están reestructurando el área legal de la compañía. Me señaló que había interés en mis servicios y que el nuevo directorio va a resolver sobre el futuro”, relató.

Patricio de Solminihac

Consultado sobre las materias en las que asesoraba a Soquimich, Cardemil se excusó de detallarlas, argumentando que ello cae dentro del secreto profesional. “No puedo violar ese secreto, soy abogado. Obviamente se trató de asesorías legales” dijo, precisando que la asesoría era a la “gerencia general como estructura”, no al gerente como persona.

Aunque Cardemil fijó en mayo de 2015 el fin de sus servicios, CIPER sólo encontró documentos entre mayo y diciembre de 2014. La primera boleta es la N° 4 y la última la N° 12, y con la excepción de la N° 5, Cardemil no parece haber recibido honorarios de otros clientes (ver las boletas de Alberto Cardemil a Soquimich).

En su declaración judicial, el gerente Patricio de Solminihac no mencionó a Cardemil, pero relató que tras asumir el cargo pidió terminar prácticamente con todos los contratos heredados de su antecesor. Entre las asesorías que cortó, detalló la del abogado Darío Calderón, del lobista y asesor comunicacional Enrique Correa, del ex dirigente DC Marcelo Rozas, del hijo del diputado DC Roberto León, y los servicios de la Fundación Jaime Guzmán.

EL ROL DE CARDEMIL EN EL CASO PENTA

La primera vez que Cardemil fue vinculado públicamente al caso Penta fue en octubre de 2014, cuando CIPER publicó que la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín había financiado irregularmente su campaña. Cardemil había sido involucrado por el ex gerente de Penta Hugo Bravo, quien declaró que como la compañía ya no tenía cupo legal para hacer donaciones vía Servel, le había ofrecido aportar $10 millones a cambio de boletas de honorarios como respaldo. En esa ocasión contactamos a Cardemil, quien se mostró sorprendido y molesto por la imputación (ver reportaje La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta).

Dijo que la versión de Bravo era “insólita, completamente falsa, pues alude a hechos de los que no tengo conocimiento alguno, son agraviantes y corresponden a una confusión o mala fe de quien los asevera o avala”. Agregó que su campaña “jamás recibió un peso de forma irregular ni menos boleta o factura pagada por el señor Bravo o Penta”.

Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación su versión se hizo insostenible. Cuando declaró ante el Ministerio Público el 12 de enero pasado, reconoció que dos abogados que apoyaban su candidatura prestaron sus boletas de honorarios para simular servicios legales a Penta, los que nunca fueron prestados. Los $10 millones que se les pagaron fueron utilizados en su campaña senatorial.

Según su relato a la Fiscalía, trató muchas veces de contactar a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo financiero. No tuvo éxito, pero tras asistir a una emisión del programa Tolerancia Cero  sobre el golpe de estado, lo llamó Hugo Bravo para ofrecerle el dinero a cambio de boletas de abogados. Le pidió entonces a su jefe de campaña, Pedro Hernández, que buscara a dos profesionales de Rancagua para pedirles las boletas. Finalmente Luis Felipe León Quinteros  y Saúl Andrés Quiroz Bedoya fueron quienes figuraron prestando servicios a Penta.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

“Yo asumo personalmente cualquier falta o desprolijidad por estos hechos. Quiero exculpar desde ya a los abogados que participaron en esto”, declaró Cardemil, quien también restó responsabilidad a su jefe de campaña y a su secretaria.

El 7 de mayo pasado, el Ministerio Público pidió su formalización junto al ex senador Jovino Novoa, el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, todos UDI. Se les acusa de ser facilitadores de boletas ideológicamente falsas.

Cardemil siguió la estrategia de Jovino Novoa y pidió cancelar la audiencia, fijada para el próximo 22 de junio. El principal argumento es que no existe una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra y que es dicho organismo el único que pude iniciar acciones penales cuando se trata de delitos tributarios. Por el contrario, el Ministerio Público estima que es posible formalizar a los imputados porque el SII presentó acciones legales contra “todos quienes resulten responsables” de los delitos contenidos en el artículo 97 número 4 del Código Tributario respecto de las boletas cuestionadas. Este miércoles 20 de mayo, el 8º Juzgado de Garantía negó la solicitud de Cardemil y Novoa, por lo que la audiencia de formalización se realizará el 22 de junio próximo.